A las 17.00 horas del 3 de diciembre de 2010 los controladores aéreos abandonaron masivamente sus puestos de trabajo en los aeropuertos españoles, obligando al Gobierno a cerrar el espacio aéreo durante 24 horas y a decretar, unas horas más tarde, el "estado de alarma" por primera vez en democracia.
Este sábado, un año más tarde, la calma parece haber vuelto a las torres de control de los aeropuertos españoles después de que los controladores y su patronal (AENA) firmaran en el primer trimestre de este año un laudo que ha supuesto un paso adelante en el conflicto laboral que causó aquella huelga.
El único pronunciamiento de los tribunales sobre el caso se produjo el pasado 15 de noviembre. La Audiencia Nacional eximía a AENA por la huelga, y al Estado de la posible responsabilidad patrimonial ante la reclamación de un viajero perjudicado.
La situación de controladores y afectados un año después es la siguiente.
El paro mayoritario de este colectivo supuso la apertura de 440 expedientes que se encuentran en cuatro vías diferentes de tramitación.
Dos de ellas son judiciales (civil y penal), otra es laboral y está a cargo de AENA, y una cuarta es administrativa por parte de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA). Esta última puede suponer sanciones de entre 90.000 y 225.000 euros.
El colectivo ha visto reducida su retribución media, al pasar de 330.000 euros anuales en 2008 a los 220.000 de media, y ha incrementado la jornada laboral de 1.200 a 1.670 horas anuales, con una reducción de las horas extras de más de 600 de media a un máximo de 80.
Sin embargo, ninguno de los controladores --que se enfrentan a entre dos y cuatro años de cárcel-- ha sido sancionado o relevado de su puesto de trabajo.
El portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, destaca que "hay muchos casos en los que los pasajeros ni siquiera han denunciado". Además, ninguno de los 600.000 afectados ha recibido indemnización.
Hay muchos casos en los que los pasajeros ni siquiera han denunciado
La Agrupación de Afectados, con 10.000 perjudicados, se persona como acusación particular contra los controladores y al mismo tiempo prepara una demanda colectiva contra AENA, a la que reclama 10.000 euros por afectado.
Luis Vericat, abogado del Despacho Cremades Calvo Sotelo, considera que hay dos responsables. "AENA que no garantizó el servicio público y los controladores. Ambos deben asumir sus responsabilidades, ha declarado a TVE.
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