Manifestación contra la "impunidad" a las puertas de la base militar en la que estaban los acusados por el asesinato de los jesuitas.REUTERS/Luis Galdamez
La Corte Suprema de Justicia de El Salvador ha puesto en libertad a los nueve militares reclamados por la Audiencia Nacional por su implicación en la matanza de los jesuitas españoles en 1989, lo que ha sido recibido por las víctimas como “otro capítulo” de impunidad en este caso.
La Corte, que ha tomado la decisión por diez votos a favor y dos en contra, se ha basado en que la orden de búsqueda y captura emitida por Interpol a petición de España no iba acompañada de una petición de extradición.
La nota roja (máximo nivel) emitida por el organismo internacional de policía, “puede ir o no acompañada de solicitud de detención con fines de extradición, pero en ese caso es el Estado quien debe de solicitarla; es decir, el reino de España a través de las autoridades diplomáticas o por medio del Ministerio de Justicia, y no tenemos ninguna comunicación dirigida a la Corte por parte del reino de España", ha dicho a la prensa el magistrado Ulices Guzmán.
Las autoridades judiciales han añadido que si reciben esa petición expresa, los 15 miembros de la Corte Suprema (este miércoles se han ausentado tres, entre ellos su presidente) volverán a reunirse.
Entre tanto, los nueve militares, que se presentaron en un acuartelamiento el pasado 7 de agosto tras conocer la orden de captura, han quedado libres sin ninguna restricción de movimientos.
Los oficiales, ya retirados, son Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Francisco Elena Fuentes, Juan Orlando Zepeda, Mariano Ayala Grimaldi, José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Antonio Ramiro Avalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo.
Hace unos días, protestaron en un comunicado por su procesamiento: “Rechazamos categóricamente las acusaciones que se nos pretenden imputar (…) en España, sobre hechos ocurridos durante el conflicto armado que nos tocó vivir".
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco dictó el pasado 30 de mayo una orden de busca y captura internacional de 20 militares por la matanza perpetrada el 16 noviembre de 1989, cuando miembros del Batallón Atlacatl irrumpieron en la Universidad Centroamericana (UCA) y mataron a cinco jesuitas españoles, entre ellos Ignacio Ellacuría, otro salvadoreño, una cocinera y su hija adolescente.
Diez uniformados fueron condenados en 1991 por este hecho, pero dos años más tarde quedaron en libertad gracias a una ley de amnistía para los crímenes de la guerra civil (1980-1992).
En la base donde estaban los militares, allegados de las víctimas y activistas pedían fin a la “impunidad” de este caso. El director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, Benjamín Cuéllar, ha declarado que la decisión de la Corte es otro "capítulo más de la farsa", y "una demostración de que este sistema de justicia 20 años después del fin de la guerra sigue siendo igual", informa Efe.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (la antigua guerrilla enfrentada a los militares), ha asegurado que con la decisión de la Corte "simplemente se está cerrando un capítulo, pero la historia no termina", según la misma agencia.
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