El juez procesa a 20 militares por el asesinato de seis jesuitas en El Salvador en 1989

• La Audiencia Nacional ve delitos de asesinato terrorista y lesa humanidad
• Decreta la busca y captura de los acusados y prisión provisional comunicada
• El asesinato de Ignacio Ellacuría y del resto de jesuitas se reabre así

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha procesado por los delitos de asesinato terrorista y lesa humanidad o contra el derecho de gentes a 20 militares salvadoreños por el asesinato de seis jesuitas -cinco de ellos españoles- y dos mujeres en la  Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador el 16 de noviembre de 1989.

Así lo ha acordado el magistrado en un auto notificado este lunes, en el que decreta la busca y captura internacional de los 20 procesados y su prisión provisional comunicada y sin fianza en caso de que se les entregue, además de ordenar que presten fianza individual de 3.200.000 de euros "para asegurar la responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, pudieran imponérseles".

El juez ha adoptado esta decisión después de interrogar a un matrimonio que presenció los hechos, informa TVE. Uno de los militares es el exministro de  Defensa Nacional Rafael Humberto Larios.

"Desarmados y en pijama"

Los hechos por los que se les ha procesado ocurrieron cuando fuerzas  del Ejército salvadoreño asesinaron al rector de la Universidad  Centroamericana (UCA), el español Ignacio Ellacuría; los sacerdotes de la misma nacionalidad Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró y el salvadoreño Joaquín López y López, así como a la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina.

La resolución judicial detalla que la muerte de los jesuitas se   produjo en un contexto de "intensa polarización" entre el Gobierno   militar y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional  (FMLN),  en el cual los sacerdotes se erigieron como mediadores entre  ambas  partes para un "proceso de diálogo" y fueron acusados, en  virtud de su  afinidad con la teología de la liberación, de incitar a  los campesinos a  "una conspiración comunista internacional al  servicio del Kremlin".

La decisión de acabar con la vida de Ellacuría y el resto de   jesuitas, cinco de los cuales eran españoles,  fue adoptada por un  grupo  de oficiales de élite denomina La Tandona y ejecutada por el  coronel  Benavides, que dio la orden a los miembros del batallón Atlacatl.

El asalto, que se llevó a cabo después de que los servicios de   inteligencia alertaran de la supuesta presencia de un centenar de   "terroristas" en la Universidad Centroamericana, se produjo cuando  los  sacerdotes, "algunos bastante mayores",  estaban "desarmados" y se   encontraban en "pijama", según confesó el sargento Antonio Ramiro   Avalos, alias Satán, que para participar en la operación tuvo que   recordarse a sí mismo que estaban actuando contra "delincuentes" y  eran  sus "cerebros los que importaban".

Este relató cómo el  comandante Espinoza preguntó al soldado Oscar  Mariano Amaya Grimaldi  por qué no disparaba a los sacerdotes Ignacio  Ellacuría, Ignacio Martín  Baró y Segundo Montes, que yacían en el  suelo. Además, Satán mató a  Amando López y Juan Ramón Moreno y dio  la orden de acabar con la vida  del salvadoreño Joaquín López , del  ama de llaves, Julia Elba, y de su  hija Celina Mariceth, que murieron  "parcialmente abrazadas". 

Tras los  crímenes, otro de los soldados,  Guevara Cerritos, escribió una pintada  en la pared para atribuir la  matanza a la guerrilla: 'El FMLN ejecutó a  los enemigos espías.  Victoria o Muerte".

Los militares procesados

Además de al exministro Larios, el juez procesa al entonces jefe del Estado  Mayor René Emilio Ponce; el viceministro de Defensa Nacional, Juan  Orlando Zepeda; el viceministro de Seguridad Pública, Inocente  Orlando Montano; el general Juan Rafael Bustillo; los coroneles  Francisco Elena, Joaquín Arnoldo Cerna, Oscar Alberto León y Carlos  Mauricio Guzmán; el comandante Carlos Camilo Hernández y los  tenientes Héctor Ulises Cuenca y René Yusshy Mendoza.

La acción penal también se dirige contra el director de la Escuela  Militar 'Capitán General Gerardo Barrios', el coronel Guillermo  Alfredo Benavides, que dio la orden de cometer los asesinatos, y  siete miembros del batallón 'Atlacatl', que los llevó a cabo: el  teniente José Ricardo Espinoza, el subteniente Gonzalo Guevara, los  cabos Oscar Mariano Amaya y Angel Pérez Vásquez, los sargentos  Antonio Ramiro Avalos y Tomás Zárpate y el soldado José Alberto  Sierra.   

75.000 muertos en la guerra en El Salvador

El juez Velasco no ha llegado a imputar al expresidente Alfredo  Cristiani a pesar de que la querella, presentada por una religiosa  carmelita hermana de uno de los fallecidos, también se dirigía contra  él. En su auto especifica que los jesuitas asesinados solo fueron  "unos de los al menos 75.000 civiles desarmados que murieron en esta  guerra, que fue mucho más violenta que los conflictos de Chile y  Argentina".

Velasco añade que un 85% de estas muertes "pueden  atribuírseles al ejército y a las fuerzas de seguridad". "A pesar de  estos antecedentes ningún oficial veterano había sido nunca condenado  por violaciones de derechos humanos", señala.

"Tan increíble fue la sentencia  absolutoria de los verdaderos asesinos (...), que el Gobierno español  y los observadores norteamericanos presentaron cargos por  manipulación del jurado", afirma.

A ello añade que los dos principales condenados, el coronel  Benavides y el teniente Mendoza, fueron liberados después de 15 meses  en prisión tras la aprobación de una Ley de Amnistía a pesar de que  habían sido condenados a 30 años de cárcel.