Anticorrupción insta a la Audiencia Nacional a que investigue a Nueva Rumasa por presunta estafa

• Anticorrupción deja a la Agencia Tributaria los delitos fiscales

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la Audiencia Nacional que  admita a trámite la querella presentada por un grupo de 63 inversores  contra Nueva Rumasa y la familia Ruiz-Mateos por presuntos delitos de  estafa, insolvencia punible, administración desleal y delitos contra  los intereses de los consumidores, según el informe enviado por la  fiscalía a la Audiencia Nacional.

Los fiscales Juan Pavía y Alejandro Luzón han emitido un informe  favorable a la apertura del proceso penal por dos de los cuatro  delitos denunciados -estafa e insolvencia punible-, tipificados en  los artículos 248 y 252 del Código Penal, respectivamente.

Casi 5.000 inversores se pueden sumar a la querella

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la  Audiencia Nacional, Pablo Ruz, deberá ahora pronunciarse sobre la  admisión a trámite de la querella a la que se podrán adherir los  demás inversores, que se cifran en cerca de 5.000.

El informe de la Fiscalía pone de manifiesto la "opacidad" de la  estructura de Nueva Rumasa, que "podría alcanzar un mínimo de 147  empresas que funcionan conforme a un principio de caja única y actúan  bajo una unidad de decisión atribuible a la familia Ruiz-Mateos y  singularmente a sus miembros varones".

Los fiscales confirman que el grupo alimentario tiene, al menos,  27 sociedades radicadas en Belice, 4 en Holanda y 2 en Panamá. Sin  embargo, informan de que el pasado 13 de noviembre se acordó el  archivo de la investigación abierta por presuntos delitos fiscales  para limitarse a la captación de ahorro de 4 sociedades.  

Anticorrupción deja a la Agencia Tributaria los delitos fiscales

Anticorrupción tomó esta decisión dada la "inviabilidad de una  intervención general sobre un grupo indeterminado de empresas" y dejó  en manos de la Agencia Tributaria las numerosas demandas que tramitan  los tribunales de primera instancia por los presuntos delitos  fiscales cometidos por las distintas sociedades de Nueva Rumasa.

Además, del informe se desprende que los fiscales han podido  identificar, con los datos disponibles hasta diciembre de 2009, a un  total de 1017 inversores que depositaron 90,4 millones de euros. A  éstos habrá que sumar los inversores que adquirieron pagarés hasta  enero de 2011.

Pagarés con una inversión mínima de 50.000 euros

Los fiscales recuerdan que los pagarés fueron emitidos, con una  inversión mínima de 50.000 euros, por las sociedades Carcesa,  Inversiones Ruiz-Mateos, José María Ruiz-Mateos, y Maspalomas  Hoteles, avalados en su mayoría por Grupo Dhul y Clesa. La sociedad  Hibramer también emitió pagarés, aunque no es objeto de la querella.  Todas ellas en situación concursal o pendientes de la declaración de  insolvencia.

Anticorrupción apunta también que en enero de 2011, la sociedad  Rumanova ofreció nuevos pagarés, que podrían vencer en 2014. La  Fiscalía difiere de los querellantes y descarta pedir la  responsabilidad civil subsidiaria del Estado por la presunta mala  actuación de la CNMV y del Banco de España.

La querella, presentada por Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero  Abogados, va dirigida contra el fundador de Nueva Rumasa, José María  Ruiz-Mateos, sus seis hijos varones y siete sociedades del 'holding',  a los que reclaman cerca de 10 millones de euros por las inversiones  en pagarés del grupo empresarial.