La ley Sinde, aprobada en el Congreso con los votos de PSOE, PP y CiU

  • Ha recibido 323 votos a favor, 19 en contra y una abstención
  • En contra han votado PNV, ERC, ICV-IU, BNG, UPyD y CC

VANESA RODRÍGUEZ - MADRID 

La ley antidescargas, conocida como ley Sinde (ver texto íntegro), ha sido aprobada este martes en el pleno del Congreso tras ser reflotada en el Senado.Tras más de un año y dos meses de tramitación, el texto ha vuelto a la Cámara Baja, el mismo lugar donde fue rechazado a finales de 2010.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado finalmente el texto incluido en la Ley de Economía Sostenible con 323 votos a favor de PSOE, PP y CIU, 19 en contra de PNV, ERC, ICV-IU, BNG, UPyD y CC, y una abstención. La identidad de quién se ha abstenido no se conocerá hasta este miércoles, según fuentes del Congreso, debido a la complejidad de las votaciones del pleno.

Con algunas modificaciones sobre la versión tumbada, la ley ha salido adelante tras el acuerdo entre PSOE, PP y CiU.

Tras su aprobación, se publicará esta semana en el BOE. Posteriormente se pondrá en marcha el desarrollo en un reglamento para formar la Comisión de Propiedad Intelectual, dependiente de Cultura, que podrá bloquear webs con contenidos sujetos a derechos de autor previa orden judicial.

Una vez constituida, la Comisión podría empezar a cerrar webs y pedir la retirada de los contenidos declarados infractores.

En el debate en el Pleno del Congreso los portavoces del Grupo Mixto, UPyD, CC, BNG, ICV y ERC han esgrimido sus argumentos contra la ley Sinde.

PP y PSOE han preferido sin embargo no defender la disposición y centrarse en otros aspectos de la Ley de Economía Sostenible.

El diputado de CiU Josep Sánchez Llibre sí ha querido aclarar la postura de su partido en esta votación, afirmando que el actual texto de la ley contempla una "doble garantía judicial" y que "no va en contra del usuario, como en otros países europeos".

Tras la votación en el Congreso, la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha calificado de "gran noticia no sólo para la cultura sino también para todos los ciudadanos" la aprobación de ley antidescargas, que espera que sea "un mensaje tranquilizador" para los usuarios, los creadores" y todos los que "defiende la cultura".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, ha anunciado la intención del colectivo de continuar "siendo beligerantes" con la ley Sinde y que mantienen la intención de llevar el texto ante el Constitucional.

Un papel en la película de los Goya

La polémica ley antidescargas estuvo presente el pasado domingo en la gala de los Premios Goya.

Por un lado el grupo de activistas conocido como 'Anonymous' se hizo notar en la alfombra roja. Cientos de personas, muchos de ellos con la careta de 'V de Vendetta', se acercaron al Teatro Real para manifestar su rechazo a la denominada ley Sinde. Cánticos, abucheos y huevos acompañaron al 'glamour' en la alfombra roja.

La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde fue recibida con gritos de "Sinde dimisión, Sinde dimisión" y la protesta no se quedó solo en la calle.

La polémica traspasó las puertas del teatro. Andrèu Buenafuente, conductor de la ceremonia, bromeaba sobre la polémica ley antidescargas nada más hacer su aparición en el escenario colgado de un arnés: "Esto ha sido una descarga legal".

A continuación se dirigía a la ministra de Cultura, sentada junto a Álex de la Iglesia. "Espero que la gala le EMULE, digo le mole".

Como era de esperar el discurso de Álex de la Iglesia también estuvo protagonizado por la ley antidescargas.

"No podemos olvidar el meollo del asunto. Una película no es película hasta que alguien se sienta delante y la ve", afirmaba el cineasta añadiendo que "si queremos que nos respeten hay que respetar primero".

Si queremos que nos respeten hay que respetar primero

Añadía que "Internet no es el futuro, internet es el presente " y se refería a los internautas "a ellos no les gusta que les llamen así. Ellos son ciudadanos, son sencillamente gente. Son nuestro publico. Ese publico ha dejado de ir al cine porque están delante de una pantalla de ordenador. Internet es la salvación de nuestro cine".

Mientras tanto las entidades de gestión desean que la maquinaria "antidescargas" comience a rodar cuanto antes. Esperan que frene a las páginas que consideran "piratas" e "ilegales" y a las que responsabilizan de grandes pérdidas en la industria cultural. Aunque también criticaron los últimos cambios del texto, ya que "aportan dilación al procedimiento".

Y en la red continúan las protestas. En Twitter, #nolesvotes recoge los mensajes de ciudadanos que piden materializar en las urnas su desacuerdo con la ley antidescargas tras su aprobación en el Congreso.

Claves de la ley Sinde

Comisión de Cultura. El siguiente paso es desarrollar el reglamento que establece el funcionamiento de las secciones de la Comisión de Cultura uno de los puntos más polémicos. Será el organismo que, previa denuncia, llevará ante el juez a las páginas que vulneren los derechos de autor y ejercerá "las funciones de mediación, arbitraje y salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual".

La industria cultural ha mostrado su interés para participar en su redacción.

El portavoz de la Coalición de Creadores, Javier Solís, afirmaba tras aprobación de la ley en el Senado que "como representantes de la industria cultural y de  entretenimiento de España", seguirán "muy de cerca el desarrollo del  reglamento en el Congreso" para que sus iniciativas "sean recogidas, dentro de lo posible".

No hay plazos fijados para su desarrollo, tras lo cual se nombrarán a los miembros de la Comisión dividida en dos secciones.

Miembros de la Comisión. La sección primera estará formada "por tres miembros nombrados por el Ministro de Cultura, a propuesta de los Subsecretarios de los Ministerios de Economía y Hacienda, Cultura y Justicia, por un período de tres años renovable por una sola vez, entre expertos de reconocida competencia en materia de propiedad intelectual. Los Ministerios de Cultura y Economía y Hacienda nombrarán, conjuntamente, al Presidente de la Sección Primera".

La Sección segunda, que es la que decide el cierre de webs, se formará bajo "la presidencia del Subsecretario del Ministerio de Cultura o persona en la que éste delegue, se compondrá de un vocal del Ministerio de Cultura, un vocal del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, un vocal del Ministerio de Economía y Hacienda y un vocal del Ministerio de la Presidencia".

El funcionamiento de las secciones de la comisión se determinarán "reglamentariamente".

Cierre de webs. La Comisión de Cultura podrá "tomar medidas para que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información que vulnere derechos de propiedad intelectual o para retirar los contenidos (...) siempre que el prestador, directa o indirectamente, actúe con ánimo de lucro o haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial".

Primeros pasos Con las modificaciones respecto a la versión que tumbó el Congreso, se añade la intervención judicial en el primer momento del proceso, el de la identificación del "responsable del servicio que está realizando una conducta presuntamente vulneradora". El texto contempla que los "órganos competentes podrán requerir a los prestadores de servicios de la sociedad de la información la cesión de los datos que permitan tal identificación a fin de que pueda comparecer en el procedimiento. Tal requerimiento exigirá la previa autorización judicial".

Plazos.  Contempla un plazo de 48 horas para "la retirada voluntaria de los contenidos infractores". El resultado se pasará a los denunciantes, que vigilarán la página durante cinco días. Después la examinará la comisión de Cultura otros tres días. Si los contenidos son retirados se "pondrá fin al procedimiento".

Procedimiento exprés. Contempla el plazo "improrrogable" de cuatro días para que el juez decida sobre el cierre de la web que se considere infractora. La nueva versión matiza que el Juzgado tendrá dos días para convocar a los afectados y otros dos para "resolver mediante auto".

Canon digital. El PP introduce en este texto un plazo para la modificación del canon digital, para lo que el Gobierno contará "con tres meses desde la entrada en vigor de la presente ley" después de que la UE lo declarara ilegal.

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