Un nuevo parón en el día a día de los griegos. Este jueves ha comenzado una huelga de funcionarios que afecta, sobre todo, al turismo y al transporte aéreo.

Esta movilización es una más de las protestas en contra de la nueva reforma de pensiones que ha aprobado el parlamento griego este miércoles y ha sido convocada por la Unión de Funcionarios Civiles (Adedy), el principal sindicato de los empleados públicos.

Esta huelga ha afectado al tráfico aéreo debido a la participación de los controladores aéreos en las protestas. Unos 50 vuelos de las compañías Aegean y Olympic han sido cancelados, y otros 70 han sido retrasados. Los problemas afectan tanto a vuelos nacionales como internacionales.

El turismo se ha visto afectado no sólo en el transporte. Los visitantes de las principales ciudades de Grecia podrán comprobar este jueves como los monumentos del país tienen sus puertas cerradas.

Además, los griegos se verán afectados por los paros en hospitales públicos, donde sólo se atenderán los casos de urgencia.

No es la única protesta de los últimos días. Este miércoles, miles de agentes de policía y guardacostas se han manifestado delante del Parlamento por la misma reforma de las pensiones.

El plan de ajuste sigue en marcha

La razón del parón, al igual que la séptima huelga general registrada el pasado 8 de julio, es el rechazo de los funcionarios a la reforma del sistema de pensiones griego que se ha aprobado este miércoles de urgencia, y de forma preeliminar, con el apoyo de los 157 votos del partido socialista Pasok, pero con el rechazo del resto de diputados.

El nuevo decreto-ley eleva la edad de jubilación hasta los 65 años, aumenta de 35 a 40 los años de cotización para obtener la pensión máxima, equipara la edad de jubilación femenina a la masculina y rebaja la cuantía media de las pagas. La modificación con las mismas condiciones para el sector privado ya fue aprobada el pasado 7 de julio.

Esta nueva reforma forma parte del plan de ajuste de la economía griega, impulsado por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI) tras el rescate financiero de 110.000 millones de euros hasta 2013 pactado tras la bancarrota de las arcas públicas.