El Senado ha dado luz verde este miércoles a la nueva ley de tráfico aéreo que, entre otras cosas, regulará la organización del trabajo de los controladores aéreos. Con su ratificación en la Cámara Alta, la ley se publicará este jueves en el Boletín Oficial del Estado y entrará en vigor de inmediato.
El Pleno del Senado ha aprobado por mayoría la modificación definitiva del decreto ley urgente aprobado por el Gobierno el pasado febrero, a pesar de que los 120 senadores presentes del Partido Popular han votado en contra.
Durante la sesión, el ministro de Fomento, José Blanco, ha defendido esta nueva regulación porque, ha segurado, pondrá fin a los "privilegios" de los controladores aéreos.
Blanco también ha destacado que es la primera vez que se regula en España el tránsito aéreo, mediante una ley que garantiza la seguridad, continuidad, eficacia y sostenibilidad de esos servicios. Eso permitirá terminar, en su opinión, con las huelgas encubiertas.
El ministro ha recordado a los populares que los problemas sobre el control aéreo derivaban del convenio colectivo firmado con los controladores en 1999, bajo el Gobierno de Jose María Aznar y con Rafael Arias Salgado como ministro de Fomento. Ese pacto, según Blanco, provocó en 1999 unos costes de navegación de 150 millones de euros que, en 2007, pasaron a más de 700 millones.
Además, el actual responsable de Fomento ha destacado que la Intervención General del Estado ha advertido desde el año 2000 que ese acuerdo extraestatutario sobre las horas extraordinarias trabajadas de los controladores era "ilegal".
Como ejemplo, José Blanco ha asegurado que en el Aeropuerto de Madrid-Barajas hubo algún controlador que cobró, por acumulación de horas extraordinarias cerca de 800.000 euros anuales gracias a la autoorganización del trabajo permitida a los controladores. "Más de 600 controladores cobraron más de 500.000 euros", ha añadido.
La retribución de los controladores al aplicar la nueva ley estará, ha destacado, "por encima incluso de la media de la UE". La media anterior "no era razonable" ya que se situaba en torno a 340.000 euros. Ahora, esa media estará "por encima de 180.000 euros, el doble de lo que cobra este ministro".
El objetivo final de esta ley, según José Blanco, es mejorar la competitividad del sector de cara a la liberalización de los servicios aéreos fijada para 2012.
En esa línea, la ley regula la entrada de operadores privados en algunos aeropuertos y fija tasas aeroportuarias inferiores a las actuales, lo que debería traducirse en una rebaja en los precios de los billetes.

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