"En 2010 los italianos aún son racistas". Con esta afirmación el diario oficial del Vaticano, L'Osservatore Romano, ha denunciado el racismo que todavía persiste en Italia tras los hechos ocurridos en Rosarno, al sur del país, tras los altercados ocurridos entre inmigrantes y vecinos en los últimos días.
"Además de desagradables, los episodios de racismo que difunden los medios nos llevan de nuevo al odio mutuo y salvaje hacia otro color de piel que creíamos haber superado", escribe Giulia Galeott en el rotativo.
Para luchar contra esa imagen unas 5.000 personas, según los organizadores, han recorrido las calles de la localidad calabresa, en una manifestación encabezada por una pancarta que rezaba: "Abandonados por el Estado, criminalizados por los medios de comunicación, 20 años de convivencia no son racismo".
En el cortejo, en el que tomaron parte algunos inmigrantes, se pronunciaron eslóganes contra la imagen de ciudad "cerrada y xenófoba" que, según los participantes, han ofrecido los medios de comunicación.
A la protesta se unieron además los comerciantes de la localidad que cerraron sus tiendas en señal de apoyo a la manifestación, que concluyó ante el Ayuntamiento de Rosarno.
Mientras, las fuerzas de seguridad y los investigadores intentan esclarecer si la mafia calabresa, la 'Ndgrangheta, está detrás de lo sucedido; una hipótesis que ya habían barajado tanto el ministro del Interior, Roberto Maroni, como el fiscal adjunto de la Dirección Antimafia (DDA) de Reggio Calabria, Nicola Gratteri.
Por el momento, el juez de instrucción de Palmi (Calabria) ha respaldado el arresto de tres habitantes de Rosarno que supuestamente tomaron parte en los altercados de los pasados días y entre los que destaca la detención de Antonio Bellocco, hijo de uno de los considerados cabecillas del clan homónimo de la 'Ndrangheta.
Los investigadores, según el diario Corriere della Sera, barajan la posibilidad de que los incidentes de los últimos días hubieran sido planificados por la mafia para desviar la atención de la bomba que el pasado 3 de enero explotó ante el tribunal de Reggio Calabria sin causar víctimas.
Un "aviso", según los investigadores, dirigido a la magistratura por su lucha contra la criminalidad organizada.
Por otro lado, durante este lunes, en algunas localidades de Calabria, continuaron las demoliciones de los barracones en los que hasta el sábado pasado vivían los miles de inmigrantes que protagonizaron las revueltas de estos días tras la agresión de uno de ellos el pasado jueves.
El domingo fue derribado el edificio de la localidad de Rosarno en el que vivían en condiciones infrahumanas los inmigrantes, en su mayoría africanos, y donde comenzaron los altercados, y hoy ocurrió lo mismo con otra antigua fábrica de la localidad de Bosco, que también les servía de alojamiento.
En total, en este fin de semana fueron desalojados cerca de 1.100 inmigrantes que trabajaban como jornaleros en los campos de la zona, y que han sido trasladados a centros de acogida de Crotona (Calabria) y Bari (Apulia).
En los disturbios del fin de semana resultaron heridas 53 personas, de las que 21 son inmigrantes y cuatro de ellos presentaban heridas
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