La nueva ley busca que todos los trámites puedan realizarse telemáticamente, sin pasar por la oficina del Registro Mercantil.
Con el fin de impulsar la competitividad, la nueva ley de Economía Sostenible ha incorporado una reducción de los plazos y de los costes asociados a la creación de una empresa pequeña o mediana, aprovechando las nuevas tecnologías, hasta el punto de que se podrá constituir una sociedad en apenas un día pagando cien euros.
Hasta ahora, la creación de una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SL) o una Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE) ¿ambas con una capital de al menos 3.005, 06 euros- en teoría podía realizarse en 48 horas, aunque la práctica imponía en torno a 15 días.
En cuánto a los costes, que suman la inscripción en el Registro Mercantil -unos 130 euros-, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados -un 1% del capital social- y las actas notariales, oscila entre un mínimo de 400 euros y un máximo de 1.800 euros, en función de la empresa.
Aunque el proceso ya incorporaba la posibilidad de realizar algunos pasos a través de Internet, ahora se pretende que la constitución se realice íntegramente a través de servicios telemáticos, de forma que se reduzcan plazos y costes.
Para ello, en primer lugar, la creación de sociedades limitadas no estará sujeta al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, lo que supone un primer ahorro para el emprendedor.
Así, las sociedades limitadas más pequeñas, con un capital que no supere los 3.100 euros -el 80% de las que se crean en España-, podrán constituirse en un día y la suma de los aranceles notariales y registrales no podrá superar los cien euros.
En el caso de que la sociedad tenga un capital de hasta 30.000 euros -el 15% del total-, el coste no podrá superar los 250 euros y todos los trámites se podrán realizar en cinco días.
La medida, valorada sobre todo por la reducción de costes que supone, no elimina, sin embargo, todas las dificultades para los nuevos empresarios, que, por ejemplo, deberán seguir cotizando desde el primer mes el mínimo a la Seguridad Social -unos 220 euros al mes- aunque no tengan facturación, una carga cuya eliminación suele ser una de las reclamaciones habituales entre los pequeños y medianos empresarios.
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