El tesorero del PP, Luis Bárcenas, ha presentado su dimisión "transitoria" de mutuo acuerdo con el presidente del PP, Mariano Rajoy, tras reunirse ambos esta mañana al término del Comité Ejecutivo del partido, según han confirmado fuentes del PP a RTVE.es.
En un comunicado, el tesorero justifica esta decisión porque ya ha podido declarar ante el juez instructor del caso Gurtel en el Tribunal Supremo, Francisco Monterde, que le citó como imputado provisional por un delito fiscal y otro de cohecho.
Ademas, subraya que se va por "lealtad al Partido Popular y a su presidente" hasta que se acredite "definitivamente su inocencia".
Por su parte, el PP subraya en otro comunicado que la salida de Bárcenas es transitoria y que el cargo de tesorero nacional no será ocupado por otra persona.
A la salida del Tribunal Supremo la pasada semana, Barcenas declaró que estaba muy contento porque había podido aportar las pruebas que demuestran su inocencia.
Sin embargo, esta decisión se contradice con lo declarado con Bárcenas en una entrevista concedida al diario ABC, donde decía: "No es el momento mediático ni procesal para quitarme de en medio".
Misma situación procesal
Aunque desde entonces ha declarado ante el juez, la situación procesal del tesorero del PP no ha cambiado, ya que Monterde aún no ha pedido al Supremo el suplicatorio como resultado de una posible imputación de Bárcenas, senador por Cantabria, y el diputado por Segovia Jesús Merino.
En contra de lo esperado, ha dimitido antes, el mismo día que el Comité Ejecutivo del partido se reunía para hacer balance del presente curso político y despedirse antes de las vacaciones, el mismo día que Rajoy, una vez más, le ha mostrado su apoyo: "Sé lo que estoy haciendo", ha afirmado otra vez.
En este sentido, el magistrado instructor, Francisco Monterde, podría comunicar en breve si solicita el suplicatorio de Luis Bárcenas. Fuentes jurídicas consultadas por Efe no han descartado que en los próximos días e incluso esta misma semana Monterde decida solicitar dicho suplicatorio.
Esa posibilidad es también una de las tesis que manejan los dirigentes populares, que desde un primer momento han dejado claro que quieren que el caso se resuelva cuanto antes y a ser posible antes de las vacaciones de verano.
Esta solución pactada por Rajoy y Bárcenas llega después de que varios dirigentes del partido hiciesen público su deseo de que dimitiese y que algunas informaciones periodísticas incluso apuntasen a un agrio enfrentamiento con la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, y a amenazas sobre posible información comprometedora sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.
Rajoy ha desmentido cualquier tipo de chantaje por parte de Bárcenas, que siempre ha despachado con él directamente, mientras que Aguirre le pidió "de rodillas" que hiciese público todo lo que sabía.
Un proceso tortuoso
En estos momentos, Bárcenas es un 'imputado provisional' -según la particular denominación que le ha dado el instructor del caso en el Supremo- por los delitos de cohecho y contra la Hacienda Pública.
Acogiéndose a una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, solicitó declarar voluntariamente antes de que se tramitase su suplicatorio ante el Senado, medida que ya ha sido pedida por la Fiscalía del Tribunal Supremo.
Con este suplicatorio se cerrarían varios meses de incógnitas sobre la situación procesal de Bárcenas, cuyo nombre empezó a salir a la luz cuando se destapó el caso Gürtel al asociarse a las iniciales L. B. , Luis 'el cabrón' y similares.
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón encontró indicios contra él en el auto donde se inhibía en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la implicación de tres aforados madrileños, acusándole de recibir 1,3 millones de euros de la trama de Correa.
Sin embargo, solo hasta hace unas semanas la Fiscalía Anticorrupción decide pedir la imputación de Bárcenas al recibir un nuevo informe de la Agencia Tributaria y por el riesgo de prescripción de algunos de los delitos fiscales.
Entonces el magistrado instructor en el Tribunal Superior de Madrid elevó el caso ante el Supremo, que lo aceptó pero sólo circunscrito al caso de los aforados Bárcenas y Merino.
En su comunicado Bárcenas precisa que renuncia a sus cargos en el partido, pero no a su acta de senador. La renuncia a la misma haría que su caso volviese a la jurisdicción ordinaria.
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