RTVE.ES / AGENCIAS El líder del principal movimiento indígena del Perú, Alberto Pizango, buscado por la justicia de su país después de los violentos enfrentamientos que causaron la muerte de 22 policías y entre 9 y 40 nativos el fin de semana, se ha refugiado en la embajada de Nicaragua en Lima.

"Todo parece indicar" que la legación diplomática va a darle asilo ya que "tiene las características de un perseguido político", ha explicado el embajador nicaragüense Tomás Borge. Para zanjar la posible polémica, ha dicho que Perú es libre de protestar, tal y como hizo Venezuela después de que Lima asilara al líder opositor Manuel Rosales.

Pizango, de 43 años, preside desde diciembre la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y ha encabezado en los dos últimos meses las manifestaciones y los bloqueos de carreteras, oleoductos y ríos en la región amanzónica del noreste del Perú en protesta por las leyes que en su opinión amenazan la selva y a sus comunidades.

La última vez que se vio a Pizango fue el viernes, cuando dio una rueda de prensa en Lima, de la que salió escoltado por políticos de izquierda para evitar su detención.

En esa comparecencia el líder ofreció la versión de los indígenas sobre los enfrentamientos de ese día, en los que según él las autoridades les estaban atacando como si fueran "animales". Todavía no está claro el balance de esos enfrentamientos. El Gobierno acusó a los indígenas de haber matado "a sangre fría" a 22 agentes y sólo habla de la muerte de nueve indígenas, aunque admitió que "puede haber más".

Aidesep dice que hubo entre 30 y 40 fallecidos. Una ONG ha denunciado que las fuerzas del orden han hecho desaparecer cadáveres, aunque no se han encontrado pruebas.

Este lunes, el primer ministro ha informado al Parlamento de los sucesos. "En el nombre de Dios les digo que actuamos respetando los derechos humanos", ha dicho Yehude Simon, que presentado una serie de documentos como supuestas pruebas de la intención que tuvo el Gobierno de solucionar la protesta mediante el diálogo.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (de la OEA) ha condenado la violencia pero también "la criminalización de la legítima movilización y protesta social".

Conflicto político

El Gobierno dice que la Ley Forestal y de Fauna Salvaje permitirá invertir a empresas extranjeras en la extracción de materias primas con "criterios medioambientales". Sin embargo, los indígenas sostienen que el 45% de las tierras comunales serán susceptibles de explotación por las multinacionales y que continuarán con la deforestación de la Amazonía.

El Partido Nacionalista Peruano (izquierda), principal fuerza de la oposición, y la Confederación General de Trabajadores del Perú, el mayor sindicato, apoyan las movilizaciones que los indígenas llevaron a cabo hasta el viernes sin víctimas.

En mayo, el Gobierno presentó una denuncia por "sedición" contra Pizango por llamar a la desobediencia de los decretos-ley dictados por el presidente Alan García entre el 2007 y el 2008.

Esa acusación y estaba a punto de ser archivada, según adelantó Yehude Simon la semana pasada. Sin embargo, la investigación contra Pizango fue ampliada con los delitos de "homicidio calificado y ataque a las fuerzas armadas" tras los últimos enfrentamientos, lo que puede costarle hasta 35 años de cárcel.

El sábado, se dictó una orden de captura internacional contra Pizango, al tiempo que Aidesep abandonó los bloqueos y anunció nuevas formas de movilización.

Aidesep es la principal organización amerindia del país y dice representar a 65 grupos étnicos de unas 1.300 comunidades, en las que vive aproximadamente medio millón de personas.