Un año sin Mari Luz: el caso que destapó la cara más amarga de la Justicia

• La pequeña desapareció el 13 de enero de 2008 cuando iba a comprar chucherías
• Su presunto asesino, Santiago del Valle, estaba en la calle por un error judicial
• Del Valle tenía una condena por pederastia por abusar de su hija que no se llegó a ejecutar
• El 'caso Mari Luz' ha motivado una reforma del Código Penal para endurecer penas
• El CGPJ sólo ha sancionado con 1.500 euros al juez Tirado

Un año del caso Mari Luz

Hace un año, el 13 de enero de 2008, sobre las 17.00 horas, la niña onubense Mari Luz iba a comprar chucherías a un quiosco cercano a su casa en el barrio de Torrejón de Huelva. La pequeña de etnia gitana tuvo la mala suerte de cruzarse en el camino del pederasta Santiago del Valle.

Y tuvo la mala suerte de cruzarse con él por uno de los más lamentables errores del sistema judicial español de los últimos tiempos. Desde el punto de vista de los ámbitos político, social y de la propia familia de Mari Luz, el caso de esta niña de cinco años ha sacado a la luz la cara más amarga de la Justicia española, no sólo por ese error del sistema que propició que su presunto asesino estuviera en la calle, sino también por la leve sanción que finalmente se ha impuesto al juez responsable de ello. 

No obstante, el 'caso Mari Luz' también ha propiciado la reforma del Código Penal para endurecerlo en delitos de pederastia, unas reformas que el Gobierno también pretende aplicar en el régimen disciplinario de los jueces para evitar estas sanciones "escasas".

Desaparición y hallazgo del cuerpo

La desaparición de Mari Luz el 13 de enero de 2008, que bajó de su casa para comprar un paquete de patatas, puso en marcha un amplio dispositivo de búsqueda y estuvo acompañado de una importante movilización encabezada por su infatigable padre, Juan José Cortés, pastor de la Iglesia Evangélica.

Mientras que la Policía realizaba batidas por toda la provincia de Huelva y extendía sus investigaciones al resto del país e incluso al extranjero -apareció una niña en Napolés (Italia) que se pensó que podía ser la pequeña-, Cortés, la Iglesia Evangélica y colectivos gitanos organizaron manifestaciones a lo largo de todo el país.

Dos meses después, la búsqueda llegaría bruscamente a su fin el 7 de marzo pasado, cuando la Guardia Civil encontró el cadáver de Mari Luz en la ría de Huelva, tras haber sido avistado por un mercante flotando en el agua.

Las esperanzas de la familia, y de un país totalmente implicado con el suceso, de encontrar a Mari Luz con vida se fueron al traste. Pero su padre continuaría su lucha en la búsqueda de Justicia.

Inicio de otro calvario

El hallazgo del cadáver y la culminación de las investigaciones con la detención de su presunto asesino supondrían el inicio de un nuevo calvario para la familia de Mari Luz.

El 25 de marzo fue detenido Santiago del Valle -también lo fueron su esposa y dos hermanos- como presunto autor material de la desaparición y muerte de la pequeña. Del Valle reconoció que la niña murió en su compañía, pero dijo que se debió a una "caída accidental".

El presunto asesino declaró que tiró un peluche a la calle para que la niña lo recogiera y le pidió que se lo subiera a casa. Aseguró que, entonces, la niña se cayó accidentalmente por la escalera de su portal y se golpeó la cabeza, "pero no la toqué". Luego, según su testimonio, la metió en un carrito de la compra y la tiró por una alcantarilla sin saber si estaba viva o muerta.

A raíz de la detención de Del Valle, se conoció su amplio historial delictivo por pederastia y se supo que estaba en la calle por un error judicial. Sobre él pesaba una condena de dos años y nueve meses de prisión por abusar sexualmente de su hija impuesta por el Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla en 2002 que nunca llegó a ejecutarse. 

Tras ser condenado, el pederasta recurrió el fallo y no fue hasta casi cuatro años después, tras rechazar la Audiencia de Sevilla los recursos interpuestos, cuando el Juzgado dirigido por el juez Rafael Tirado citara a Del Valle en febrero de 2006 para requerir su ingreso en prisión. Tras reiterar la citación y no localizar al acusado en su domicilio, pasaron más de dos años hasta que el 27 de marzo de 2008 se expidió la requisitoria para detener a Del Valle por esta condena. 

Para entonces, Mari Luz llevaba más de dos meses muerta y su presunto asesino ya había sido detenido en relación a su desaparición. 

Además, Del Valle tenía otra condena de 2004 por abusar de una niña de nueve años -cuya ejecución fue suspendida a condición de que el acusado no cometiera delito alguno en tres años- y otro juicio pendiente por el acoso sexual a una menor de 13 años en Gijón en 2006.

Sanciones leves a los jueces y duras a la secretaria judicial

Al destaparse este error judicial, partidos políticos, entidades sociales y el propio Gobierno instaron a depurar responsabilidades.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) inició una investigación y su servicio de inspección resolvió en abril de 2008 que el juez Tirado había actuado con "pasividad" y con "dejación de funciones" por no ordenar la ejecución de sentencia de Del Valle. 

Finalmente, la Comisión Disciplinaria del CGPJ acordó en septiembre imponer una multa de 1.500 euros al juez Tirado por una falta grave de "retraso injustificado en la tramitación de la causa". La escasa cuantía de la sanción motivó las críticas al corporativismo de los jueces por parte de los grupos parlamentarios y el Gobierno y la Fiscalía recurrió esta sanción y pidió que se suspendiera a Tirado tres años.

Este recurso de la Fiscalía fue resuelto por el Pleno del CGPJ el pasado 23 de diciembre, que decidió mantener la sanción de 1.500 euros a Tirado al considerarlo responsable de una falta grave, y no de una muy grave.

Por su parte, el Ministerio de Justicia acordó en octubre de 2008 suspender dos años de empleo y sueldo a la secretaria del juez Tirado por una falta grave de negligencia y retraso injustificado en el desempeño de sus funciones. El ministerio endureció la sanción -el instructor del expediente solicitaba seis meses de suspensión- por "la gravedad del perjuicio causado a los ciudadanos con la actuación de la funcionaria".

El colectivo de secretarios judiciales consideró que la secretaria sancionada, Juana Gálvez, era un "chivo expiatorio" y convocó un paro que fue secundado en toda España denunciando la carencia de medios de la Justicia, demanda que fue apoyada por los colectivos de jueces.

Reformas judiciales

El 'caso Mari Luz' llevó al Gobierno a comprometer una reforma del Código Penal para endurecer las penas de pederastia. La reforma la aprobó el Consejo de Ministros el pasado 14 de noviembre y contempla que a los pederastas se les apliquen 20 años de libertad vigilada después de cumplir condena, que implica el uso de pulseras electrónicas de seguimiento e incluso la castración química, cuando lo acepte el penado.

También se pondrá en marcha un registro de pederastas, para que puedan ser identificados de inmediato, además de crearse el delito específico de "abusos y agresiones sexuales a menores", entre otras medidas.

Además, el Gobierno ha anunciado recientemente, a raíz de conocer la decisión final del CGPJ, que reformará el régimen disciplinario de los jueces para evitar que se produzca otro 'caso Tirado', ya que considera que la sanción es "muy escasa".

Precisamente, los jueces convocaron para el 18 de febrero un paro para expresar su "hartazgo" sobre la situación de la Justicia y demandar más medios.

Mientras, en el barrio del Torrejón de Huelva, lamentarán un año después el cúmulo de despropósitos que se llevó a la pequeña Mari Luz.