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Ndaba Mandela y Sonia Díez son los impulsores de Alianza por el futuro de la educación, una alianza "apolítica" de la sociedad civil para fomentar los cambios en el sistema educativo. Aseguran que las necesidades del sector educativo "son urgentes" ante los cambios del mundo: "La educación actual no le da herramientas a los jóvenes para afrontar los cambios" sentencia Mandela.

Díez apunta que esta iniciativa nace para fomentar una "conversación global" porque creen que el sistema educativo necesita "cambios profundos" y los educadores se encuentran son situaciones que "exceden su formación". Uno de estos ejemplos es la inteligencia artificial, que ven como una oportunidad para favorecer la educación inclusiva y el acceso al aprendizaje, pero a la vez es una tecnología con "la cultura de cada país" por lo que hace falta un "pacto" que tenga en cuenta sus riesgos y este sentido cree Diéz que "Europa va tarde". Desde la Fundación EducAcción han creado un observatorio con expertos para hacer propuestas y presentar proyectos políticos que ayuden a mejorar la educación.

Aprovechando la presencia de Mandela también le hemos preguntado por su abuelo, Nelson Mandela, y explica que valoraba sobre todo, la educación: "Nunca me dijo que tenia que ser un médico o abogado, me dijo que tenía que tener educación".

Sudáfrica se convirtió en 1994 en el país que dejaba atrás un régimen de segregación racial que había aplastado a la población mayoritaria del país. Sin embargo, más de tres décadas después, el estado arco iris sufre hoy numerosas tensiones sociales por que los beneficios de la primera economía de África no llegan a su gente. En las últimas semanas, la ira se ha girado hacia la población migrante. Aunque ha sido un movimiento recurrente en los últimos años, el año 2026 está suponiendo el despertar de las marchas contra las personas extranjeras convocadas por un colectivo llamado March and March que defiende que Sudáfrica es para los sudafricanos y que hay frenar la llegada de migrantes y que hay que evitar que usen los servicios públicos. Hablamos con el investigador de la Universidad de Rhodes, Fabio Andrés Díaz Pabón que desde Ciudad del Cabo nos da las claves de este movimiento.

Sudáfrica rehúsa cortar lazos con Irán a pesar de la presión de Estados Unidos. El jefe anticorrupción a la cabeza del nuevo Ejecutivo en Madagascar. Estas son dos noticias de los últimos días en el continente africano que analiza en el programa Rafael Sánchez, director de la CIDAF, Convenio de Información y Documentación Africana con Universidad Complutense (UCM).

La visita del presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, a Washington el miércoles arrancó con tensión y terminó en escándalo. Su homólogo estadounidense, Donald Trump, ya le había retirado la ayuda humanitaria a Sudáfrica, expulsado a su embajador y acusado al país de cometer un "genocidio" contra granjeros afrikáners, descendientes de europeos blancos. Durante el encuentro, Trump mandó apagar las luces en el Despacho Oval y proyectó un video con cánticos que clamaban por "matar a los granjeros" como prueba.

Ramaphosa, visiblemente incómodo, rechazó la narrativa y aseguró que su Gobierno no respaldaba esos mensajes. Además, subrayó que la mayoría de las víctimas de crímenes en Sudáfrica se cometen contra y por personas negras. Para suavizar el encuentro, llevó consigo a empresarios y golfistas blancos que insistieron en que los datos policiales no respaldaban la tesis del genocidio blanco.

Trump también invitó al magnate estadounidense, Elon Musk, crítico habitual de Sudáfrica, quien cerró la jornada con un comunicado oficial: “Trump tiene razón y acaba de demostrarlo con el video".

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, se ha encontrado con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca. Durante la reunión se vivió un momento de tensión entre ambos mandatarios, primero por los aranceles impuestos a Pretoria y la decisión de Sudáfrica de iniciar un proceso judicial contra Israel. A lo que Trump ha respondido con una denuncia de "genocidio" contra los granjeros sudafricanos blancos, de los cuales han acogido un significativo grupo en Estados Unidos.

También, Trump ha solicitado una "explicación" sobre su teoría de que la minoría blanca afrikáner es objeto de "persecución" en el país.

Ante los señalamientos, Ramaphosa ha respondido que no hay "genocidio de afrikáners". También ha recalcado que "si hubiera un genocidio de granjeros 'afrikáners' te puedo asegurar que estos caballeros no estarían aquí, incluido mi ministro de Agricultura".

Los primeros refugiados de la Administración de Donald Trump fueron un grupo de 50 sudafricanos blancos de la minoría afrikáner, granjeros descendientes de los colonos holandeses. Aterrizaron en Estados Unidos el 12 de mayo y sostienen que no dejaron su país por gusto. Uno de ellos, Charl, explica que recibía mensajes con amenazas de muerte, que ha dejado atrás su granja y a su familia.

El mismo día en que a ellos los recibían con globos y banderas, les decían a los afganos que huyeron de los talibanes que ya era hora de que volvieran a su país. ¿Por qué los afganos no y los afrikáners sí? Uno de los motivos que da el Gobierno de Trump es que, dicen, pueden integrarse fácilmente.

Foto: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

En una mina abandonada en Stulfontein, al noroeste de Sudáfrica, 4.000 mineros ilegales llevan días sin ver la luz y tampoco reciben comida ni agua. La policía de la localidad quiere terminar con la minería ilegal y, por eso, decidieron bloquear la zona para preservar la seguridad. El gobierno sudafricano se negaba también a proporcionarles suministros básicos.

Ante esta situación, asociaciones que trabajan por los derechos humanos lo denunciaron y ahora han conseguido desbloquear la zona. La jueza Brenda Neukircher, del Tribunal Superior de Gauteng, en Pretoria ha decidido paralizar el bloqueo: "Pendiente de la finalización de la solicitud, el pozo de la mina de Stilfontein, la ciudad donde suceden los hechos, que constituye el objeto de esta solicitud, será desbloqueado y no podrá ser cerrado por ninguna persona o institución, ya sea gubernamental o privada".

El rescate de los miles de mineros atrapados es un proceso difícil y extremadamente lento. De hecho, Sabelo Mgnuni, representante de las comunidades afectadas, ha explicado que podría tardar casi dos semanas, porque “no está claro el número de personas que permanecen bajo tierra”. La portavoz de la policía sudafricana, Athlenda Mathe, ha explicado la conflictividad de esta actividad ilegal. Además del perjuicio económico para el país, esta mina genera violencia entre los trabajadores. “En esta área en particular, en un momento dado del año pasado, recogimos cerca de 20 cadáveres de estos mineros ilegales que se habían peleado. La estrategia que han mantenido, ha dicho Mathe, tiene como objetivo acabar con la minería ilegal.