Teresa Peramato ha sido propuesta para ser la nueva fiscal general del Estado: una mujer progresista y con amplia experiencia en la lucha de la violencia contra la mujer. El Consejo de Ministros va a iniciar el proceso a propuesta del Ministerio de Justicia. Peramato es fiscal de carrera con 35 años de ejercicio y cuenta, según el Gobierno, con el reconocimiento unánime de los operadores jurídicos. A partir de ahora se abre proceso para su elección con un calendario en varias fases. Informa Gema Alfaro.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado su renuncia tras las condena del Tribunal Supremo. En una carta remitida al ministro de Justicia, Félix Bolaños, García Ortiz asegura que el profundo respeto a las resoluciones judiciales y la voluntad de su mandato de proteger a la Fiscalía española y sus fiscales determinan su decisión de que, sin esperar siquiera la motivación de la sentencia, presente su renuncia como fiscal general. Informa Gema Alfaro. Sigue la actualidad en RNE Audio.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado su renuncia tras las condena del Tribunal Supremo. En una carta remitida al ministro de Justicia, Félix Bolaños, García Ortiz asegura que el profundo respeto a las resoluciones judiciales y la voluntad de su mandato de proteger a la Fiscalía española y sus fiscales determinan su decisión de que, sin esperar siquiera la motivación de la sentencia, presente su renuncia como fiscal general. Informa Gema Alfaro.
En RNE, Edmundo Rodríguez Achutegui, portavoz del Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia, cree que el fiscal "ha sido enormemente responsable" y que García Ortiz se ha anticipado presentando su renuncia "para que la institución no siga sufriendo". Desde Juezas y Jueces para la Democracia apuntan que es "algo extraordinario" que se emitiera el fallo pero que no se indiquen las razones de la condena: "Todos especulamos. El país está sumido en la incertidumbre y nos tienen completamente desinformados. Es una pena que esto provenga de la decisión de cinco magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo". Entrevista completa en RNE Audio.
El Ministerio de Justicia trabaja ya en una propuesta para encontrar un sustituto a Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado, tras ser condenado por el Supremo a dos años de inhabilitación por revelación de datos, aunque fuentes de Moncloa han asegurado a TVE que los tiempos los va a marcar el propio fiscal general, ya que la sentencia no es firme.
Solo una semana después del juicio a Álvaro García Ortiz, el Tribunal Supremo compuesto por siete jueces condena al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos. También deberá pagar una multa de 7.200 euros y a una indemnización para Alberto González Amador, novio de Díaz Ayuso, en concepto de daños morales de En RNE, Víctor Moreno, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III, cree que al sentencia es "un todo" que contiene no solo el fallo, sino "la fundamentación" de porqué se condena. "El adelanto del fallo siempre me parece que es rechazable, porque atenta, en el caso de condena, a la presunción de inocencia", añade el catedrático.
"La sentencia hay que discutirla y hay que debatirla entera, con todos sus fundamentos. En este caso se ha debatido, dice el Tribunal, pero no se han expresado los argumentos razonadamente y por lo tanto se han votado las razones por las cuales, se discrepa o se adhieren los magistrados a la decisión final. Esto no se ha expresado. Es más, se ha cambiado la ponente al final, a la vista de su decisión contraria a la mayoría, y se ha cambiado el ponente por el Presidente. Es decir, que el Presidente tiene que ponerse a redactar la sentencia desde el principio. No sabemos cuánto tiempo va a tardar", explica Moreno, que añade que "se ha colocado a todo el mundo en un limbo jurídico muy difícil de resolver".
"Cuando es un caso tan excepcional, tan primero, tan pionero de enjuiciamiento al Fiscal General del Estado, es evidente que la sentencia no solo tiene que vencer, sino que convencer, y para eso habría que haber requerido la unanimidad de los siete magistrados. Por ejemplo, la sentencia del procés fue por unanimidad, se dictó por unanimidad y no se avanzó ningún fallo. Se dictó al final íntegra la sentencia y además por todos los magistrados que la componían. Institucionalmente el Supremo, en este caso tan particular, debiera haber intentado y debiera haber conseguido la unanimidad de los magistrados para trasladar a la ciudadanía una resolución. De la totalidad de los miembros de la Sala, sin discrepancias". Entrevista completa en RNE Audio.
Solo una semana después del juicio a Álvaro García Ortiz, el Tribunal Supremo compuesto por siete jueces condena al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos. También deberá pagar una multa de 7.200 euros y a una indemnización para Alberto González Amador, novio de Díaz Ayuso, en concepto de daños morales de 10.000 euros. Se trata de una pena mucho más baja de la que pedían las acusaciones que reclamaban hasta 12 años de inhabilitación y seis años de cárcel. La decisión del Supremo no es unánime, hay dos votos particulares, el de Ana Ferrer y la que iba a ser la ponente, la magistrada Susana Polo.
Repasamos la sentencia y el juicio al fiscal general del Estado con Gema Alfaro.
En Las mañanas de RNE, Juan Ramón Lucas entrevista a Rosa Ana Morán, fiscal jefa Antidroga. Morán cree que actualmente las drogas no están entre los principales temas que preocupan a la sociedad: "La droga está ahí y hace muchísimo daño a la salud y provoca además un problema muy grave de seguridad", explica la fiscal, haciendo referencia a lo ocurrido estos días en Toledo. La fiscal Antidroga recalca que la delincuencia organizada está vinculada a los mercados ilícitos y el más grande en este momento "es el de la droga": "Se acaba de aprobar en agosto una estrategia nacional contra el crimen organizado pero hay que tomar decisiones más rápido", lamenta Morán.
Sobre las narcolanchas, elemento muy peligroso, Morán cree que un buen punto de partida es considera un delito el "petaqueo", el suministro de gasolina a estas embarcaciones. "Una narcolancha es prácticamente imposible de parar y de seguir. Es escandaloso ver cómo descargan las garrafas de gasolina. Morán añade que el Atlántico está lleno de embarcaciones de este tipo. En aguas extraterritoriales nadie puede operar contra ellas. "Hay que trabajar desde el punto de vista de la UE para que la narcolancha sea género prohibido en todo el territorio europeo".
"Hay una delincuencia organizada grave en España y necesitamos tomar medidas. La Policía y la Guardia Civil están trabajando de forma muy meritoria y muy volcada, pero en lo que me corresponde a mí, reclamo medidas relacionadas con la administración de justicia. Con la delincuencia organizada no se acaba con una detención o una incautación. Hay que condenarlos y quitarles los bienes. La legislación tiene que avanzar como avanza la delincuencia organizada", lamenta. Entrevista completa en RNE Audio.
Todas las miradas están puestas en el Tribunal Supremo, donde, por primera vez en democracia se sienta en el banquillo de los acusados el fiscal general del Estado. Un juicio inédito que Jordi Nieva Fenoll, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, ha analizado en Las mañanas de RNE con Juan Ramón Lucas, asegurando que adolece de serias deficiencias técnicas y carece de pruebas sólidas. “Repasando todas las actuaciones del juez de instrucción, que además ha empleado medios extraordinarios de investigación solo utilizados en casos de terrorismo, no se ha descubierto absolutamente nada" ha dicho. Además, el jurista ha asegurado que los indicios acumulados en favor del acusado son “abrumadores” y que, por tanto, la causa “no debería haber continuado adelante”. Según cree, el proceso debería haberse archivado en una fase temprana por falta de base probatoria, ya que, ha insistido, "no había indicios de peso para sentar en el banquillo al señor García Ortiz”. Además, Nieva Fenoll ha manifestado la gravedad de que el juicio haya llegado a celebrarse, ya que "ha habido muchas filtraciones a los medios y nunca se ha perseguido con esta intensidad. En este caso ha habido un especial empeño no en averiguar de dónde salió la filtración, sino en demostrar que la hizo el fiscal general del Estado”. Ante la posibilidad de que alguna de las partes afectadas emprenda acciones legales por presunta prevaricación contra el juez instructor, se ha mostrado prudente, y, aunque ha reconocido que la vía existe, cree que tendría “poco futuro”. El catedrático también ha señalado cómo este proceso contra el fiscal general ha puesto sobre la mesa un debate más amplio sobre los límites del poder judicial y, sobre todo, la independencia de los fiscales y el papel de los medios en la formación de opinión pública sobre causas aún abiertas: "está en juego no es solo la reputación del fiscal general, sino la confianza de los ciudadanos en que la justicia actúa con rigor y sin prejuicios”.
El Gobierno tiene previsto llevar este martes al Consejo de Ministros el nuevo proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LOECrim) , que prevé que sean los fiscales quienes lleven las investigaciones penales, en lugar de los jueces, como hasta ahora. La norma actual que regula el procedimiento penal y define las reglas y garantías para investigar y enjuiciar delitos ha sido reformada en varias ocasiones per mantiene las bases desde que fue aprobada en 1882. Además, el texto desvincula la figura del Fiscal General de la legislatura, y su mandato pasará de cuatro a cinco años. Solo podrá ser cesado si incumple de forma grave sus funciones. Y con la nueva ley los partidos políticos se quedan fuera de la acusación popular, que en la actualidad pueden ejercer para cercar al adversario y acceder de primera mano a toda la información sobre el proceso. Tampoco podrá ser ejercida por sindicatos o asociaciones que no tengan un vínculo con la causa. Foto: Un mazo de juez junto a un libro de derecho. Getty Images.
El fiscal general del Estado se enfrenta a una petición de seis años de cárcel, doce de inhabilitación y a una fianza de 150.000 euros para asegurar responsabilidades pecuniarias. En 'Las Mañanas de RNE', el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, Agustín Ruiz Robledo, asegura que, atendiendo a la sentencia 69/2023 del TC, esta fianza "no acaba de ser constitucional". "En el cálculo de esos 150.000 euros, el juez instructor ha incluido la posible responsabilidad si se estableciera una multa. El Tribunal Constitucional tiene dicho que eso contradice la presunción de inocencia, porque es de alguna manera decir que va a ser condenado".
Ruiz Robledo explica que Álvaro García Ortiz podría recurrir esta fianza, al mismo tiempo que la parte de los acusadores pueden recurrir que no se le haya suspendido provisionalmente del cargo. "El gran problema técnico que se nos plantea aquí es que el fiscal general sigue siendo el jefe de una de las partes que intervienen en el juicio y eso posiblemente sea una violación de la tutela judicial efectiva de los acusadores. Si esto se revisa desde esta perspectiva, el resultado puede ser que el fiscal general sea suspendido".
El ministro de Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha instado este lunes a Junts permitir el trámite de la reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas "para poder negociar" ante la negativa del partido de Carles Puigdemont. "Este miércoles se vota la enmienda a la totalidad. Es simplemente iniciar la tramitación, no aprobar la ley", ha remarcado el ministro en una entrevista en La noche en 24 horas.
Según ha podido confirmar RTVE, Junts ha indicado al Ministerio de Trabajo que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz que no retirará la enmienda a la totalidad del proyecto de ley de la reducción de la jornada laboral que se votará este mismo miércoles en el Congreso.
Ante esta decisión, Bolaños ha incidido en el que lo que se votará será la enmienda a la totalidad y que han solicitado a todos los grupos iniciar la tramitación para entonces hacer "el esfuerzo e intentar pactarla". "Son medidas que se pueden implantar d emanera progresiva y que no suponen una merma en la productividad", ha defendido.
En el caso Ábalos hay empresas señaladas, también en el caso Montoro. Son algunos ejemplos que repasamos el día de la apertura del año judicial. Hablamos sobre la corrupción, las puertas giratorias y los límites en España con Rubén Juste, profesor de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Después nos detenemos a explicar dos noticias del día: la subida del precio de la vivienda en el segundo trimestre del año y los aranceles de China al porcino europeo. En la segunda parte hablamos de la economía heterodoxa con Mario del Rosal, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. Avanzamos los contenidos del próximo '10 minutos bien empleados' y analizamos el dato de paro en Estados Unidos y su repercusión en las bolsas.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido la labor del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, investigado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, acusado de una presunta comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental.
"Creo que el fiscal ha hecho y está haciendo una gran labor en la persecución del delito. El Gobierno, entre los presuntos delincuentes confesos y los fiscales, está con los fiscales", ha dicho en una entrevista a Informe Semanal, en la que también ha suscrito las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando dijo que "hay jueces que están haciendo política". "Como en todo colectivo humano, hay una minoría muy, muy minoritaria, que efectivamente adopta resoluciones que son muy discutibles", ha añadido.
Programa 49. Repasamos en este programa las mejores secciones que el periodista de RNE Jesús Sebastián ha dedicado a aclarar dudas relacionadas con la justicia, siempre con la inestimable colaboración de los portavoces de Juezas y Jueces para la Democracia. Analizamos la Ley de Eficiencia de la Justicia, vemos cómo se preparan los juicios con jurado popular y conocemos la importancia de las salas Gesell en los procesos que afectan a menores de edad.
Programa 47. Comenzamos la temporada de verano haciendo un repaso de las entrevistas que hemos realizado en Galicia. En A Coruña charlamos con el juez José Antonio Vázquez Taín, instructor del caso Asunta, el accidente del Alvia y el robo del Códice Calixtino, entre otros. En Ferrol conversamos con el abogado Ricardo Pérez Lama, que ejercitó la acusación popular en el juicio por el asesinato de Asunta. También visitamos Vigo para conocer a los familiares de Déborah Fernández y a la magistrada de Santiago de Compostela Ana López-Suevos.
El hijo menor de Juana Rivas ya está con su padre. Tres días después del intento fallido, la entrega del pequeño a Francesco Arcuri se ha producido. Se cumple así la orden de la Justicia italiana. Esta vez, aunque se ha filtrado la hora y el lugar en el que se iba a producir el encuentro, sí se ha podido garantizar la seguridad de Daniel. En 24 horas RNE analizamos cómo se ha desarrollado el caso con Cira García Domínguez, magistrada titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº1 de Getafe.
La magistrada pone en duda que se haya respetado el superior interés del hijo de Juan Rivas, ya que es "un niño al que no se ha escuchado": "Tenemos normativa interna e internacional que obliga que en cualquier decisión que afecte a un niño, tiene que ser escuchado", esgrime García. "Los argumentos para no escucharle en el pasado mes de julio fueron que ya se le escuché en el mes de enero, pese a que el niño mandó una carta pidiendo auxilio [...] Exponiendo el miedo que tenía a volver por su padre, investigado por ejercer violencia contra él y su hermano. ¿Cómo se puede garantizar el interés de un niño al que ni siquiera se le ha escuchado?".
La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, cree que el principal problema "es que vuelve un niño con un presunto maltratador. Condenado por ejercer violencia contra su madre, en España, hace muchos años" y que tendrá que convivir con él hasta que se celebre ese juicio, algo que podría provocar que el niño se retracte: "Es difícil que un niño que ya ha expresado el temor a estar con su padre, luego sea capaz de relatar la violencia que tanto él como su hermano llevan sufriendo desde hace años".
Cira García insiste que "el sistema judicial español no protege a la infancia" y lamenta que en España se siguen fijando regímenes de visitas a padres condenados por maltrato. Apunta a que el problema es estructural y que la situación que vive Rivas no es ajena a la de muchas madres: "El sistema judicial se volvió contra ellas [...] Desgraciadamente el caso de Juana Rivas no es una excepción. Hay un paradigma estructural donde las madres reivindican que a sus hijos no se les escucha. Esto no es una cuestión aislada. El sistema desobedeciendo e invisibilizando los derechos de los niños y niñas. La perspectiva de infancia sigue brillando por su ausencia", sentencia la magistrada. Entrevista completa en RNE Audio.
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha dado este miércoles una comparecencia sin preguntas después de que el Supremo descartase investigarle en el caso Begoña Gómez por ausencia de indicios. "Nunca nada dio lugar a tanto", ha expresado desde Barcelona.
"Esta causa se irá apagando poco a poco, no tengan ninguna duda", ha añadido Bolaños.
Programa 45. Xurxo Melchor, periodista de La Voz de Galicia especializado en sucesos y tribunales, nos explica con datos, mitos y confrontaciones, por qué la violencia machista es un fenómeno criminal. Conversamos con Jesús Sebastián, periodista especializado en tribunales del área territorial de Madrid de RNE que nos cuenta lo que ha aprendido en las salas de juicios en casos como el crimen del Rey del Cachopo o la tragedia del Madrid Arena. La socióloga y criminóloga Victoria Pascual sigue analizando la relación entre la criminología y los medios de comunicación desde los Cursos de Verano de El Escorial (Universidad Complutense de Madrid). Neus Sala dedica su Archivo criminal, en colaboración con el Archivo RNE, al cuarto capítulo del crimen de los marqueses de Urquijo (1980).
Conversamos con Jesús Sebastián, redactor de RNE en el área territorial de Madrid especializado en tribunales que está a punto de jubilarse. Nos cuenta qué ha aprendido durante más de una década en las salas de juicios en casos tan destacados como la tragedia del Madrid Arena, el pederasta de Ciudad Lineal o el crimen del Rey del Cachopo.
“Nos has contado que te cuesta un poco más que al resto de los niños y niñas atender en la clase y obedecer... Hemos estudiado tu caso y tienes toda la razón". Así se dirige la magistrada Gloria Poyatos a un niño de diez años que tiene trastorno del espectro autista. La intención era que pudiera comprender la sentencia que reconoce su grado de discapacidad. A esto se le llama "perspectiva de infancia". "Aquí tendríamos un claro ejemplo de, si no se adapta esa sentencia a un lenguaje comprensible, puede ser discriminatorio por edad", asegura Concepción Torres, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Alicante.
A pesar de tener muchas leyes que hacen referencia a esto, como la Carta de Derechos del Niño de Naciones Unidas, en la práctica sigue siendo novedoso. "Les explica en un lenguaje coloquial, familiar, próximo y emocional para que pueden entender cosas de lo que les pasa", explica Núria Pedrós, del colegio de pedagogos de Cataluña.
Terminan tres días de huelga de jueces y fiscales que ha tenido un seguimiento de entre el 70 y el 75%, según las asociaciones y de un 30%, según el Ministerio de Justicia. En Las mañanas de RNE, hacemos balance de estas jornadas de paros con Miguel Pallarés, presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), una de las cinco asociaciones que han secundado el paro: "El balance ha sido muy positivo y la participación ha sido muy importante", ha señalado. "El ministro de Justicia, a pesar de saber la disponibilidad que tiene con las asociaciones, no ha acercado ningún tipo de postura ni ha intentado aproximarse [...] Me sorprende porque creo que supone hacer oídos sordos a un colectivo que nos hemos manifestado de forma muy clara". Pallarés ha confirmado en RNE que hoy se reunirán las cinco asociaciones para saber qué otras acciones van a emprender.
Sobre estas protestas, el presidente de APIF indica que "es una cuestión de arquitectura constitucional, de independencia del poder judicial y de separación de poderes". "Cuando se modifican de forma unilateral las reglas del juego para entrar en la carrera judicial y fiscal, sin diálogo ni consenso, creemos que supone una injerencia que puede mermar la calidad técnica de los jueces y los fiscales en España", afirma, mientras pide que "se paren los dos proyectos de ley, que vuelvan al punto de partida y que se negocie con las asociaciones". Entrevista completa en RNE Audio.
Hoy 3 de julio ha sido el tercer y último día de huelga convocada contra los proyectos legislativos del Gobierno, que buscan reformar el acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal. Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, reconoce en el 'informativo 24 Horas de RNE' que es "muy habitual que haya un baile de cifras" en cuanto al seguimiento de la huelga: "Hemos ofrecido unos correos para los compañeros que quisieran manifestar que estaban ejerciendo su derecho de huelga cada uno de los tres días de manera confidencial [...] Puede que haya compañeros que hayan ejercido el derecho de huelga y no hayan querido ofrecernos esta información". La presidenta añade que por parte del Ministerio se dijo que "en un primer comunicado había sido nula la incidencia de la huelga", pero estas cifras no cuadran con "el número de suspensiones, de juicios o de actos procesales que ha hecho valer el Colegio de Abogados de Madrid o el Consejo General de la Abogacía de España, que son muy superiores", detalla.
Para Dexeus "parece ser que las movilizacionesno han conseguido su objetivo", pero señala: "Algo notorio es que las dos únicas asociaciones que no se habían pronunciado al respecto de la reforma, o que se habían mantenido al margen, hayan hecho manifestaciones en contra también del texto de la reforma sin adherirse a la huelga". Cree que la actualidad no es el momento más adecuado para enmiendas: "Las grandes reformas en materia de Justicia debieran estar alejadas de un momento de tensión informativa y mediática sobre casos de corrupción que todos conocemos", concluye.
Este martes ha comenzado una huelga de tres días convocada por asociaciones de jueces y fiscales contra las reformas del Gobierno, que consideran una amenaza para la independencia judicial. Aunque el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) asegura que el paro carece de base legal, las asociaciones lo defienden como un derecho constitucional. En el informativo 24 Horas de RNE hablamos con Alejandro González Mariscal de Gante, magistrado y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).
Desde la APM critican la actitud del Gobierno ante las protestas. Aseguran que el Ministerio de Justicia "ha ofrecido un cambio en la ley, respeta las movilizaciones y las medidas que adoptemos", pero Mariscal lamenta que "le resultan indiferentes, ya que ofrece exclusivamente reformas cosméticas".
Añade, además, que "la realidad es que lo único que observamos es que el Ministerio no tiene ninguna voluntad de diálogo, como ha demostrado durante mucho tiempo", y concluye que "lo que buscan es reducir la inversión, incrementar la carga de trabajo, no piensan en quienes integran la carrera e introducen reformas que afectan a los derechos de los ciudadanos".
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