El pacto de Gobierno suscrito en Extremadura quiere priorizar a los nacionales en el reparto de ayudas, subvenciones y prestaciones públicas.
La extrema derecha europea maneja la idea de prioridad nacional desde hace tiempo. En Francis la usaba Jean Marie Le Pen, padre de la actual dirigente. Vox la importa a España casi medio siglo después y el PP la asume por primera vez para completar sus mayorías regionales. Tratamos de aclarar qué han pactado exactamente y qué dice nuestro marco legal.
Carlos Hernández Quero ha defendido que Vox ha pactado la llamada 'prioridad nacional' en vivienda porque "la gente no entiende cómo […] nuestros compatriotas no van antes en algo tan básico como la asignación de viviendas sociales". Ha explicado que el sistema "ha funcionado con unos requisitos de empadronamiento" , fijados en diez años, y una baremación donde se ha añadido el arraigo, asegurando que "no es excluyente, no es discriminatorio, es sumar […] lo relativo al arraigo". Según ha sostenido, la medida busca que "los recursos limitados sean prioritariamente para los nuestros" sin que el origen, ha dicho, haya sido un criterio de exclusión.
El portavoz de Vox también ha defendido los acuerdos con PP en Aragón y Extremadura y ha señalado que han incluido medidas para facilitar el acceso a la vivienda, como "un aval público para que ese 20% restante se pueda dar sin necesidad de tenerlo ahorrado" y el pago aplazado de impuestos, lo que ha afirmado que ha permitido a los jóvenes comprar casa. Además, ha justificado que no hayan apoyado la moción del PP porque su iniciativa ha incorporado propuestas como "la repatriación de inmigrantes ilegales" o la revisión de ayudas sociales, y ha concluido que "son cuestiones que el Partido Popular no comprende que sean importantes".
Tras casi un mes sin sesiones de control en el Congreso, la de este miércoles ha estado marcada por el acuerdo del PP y Vox en Extremadura con el término de "prioridad nacional" y también por las presiones de los socios de investidura para que el Gobierno cumpla con todos los compromisos antes de que termine la legislatura.
Los anhelos de quienes hoy aspiran a regularizar su situación en España son los mismos que tenían hace 20 años quienes se acogieron al último proceso, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2005. Entonces se concedió la residencia legal a 576.000 personas. RTVE ha entrevistado a cuatro de ellas.
Nicolas Djaneu, profesor de electrónica en Camerún que actualmente trabaja como conserje en Girona; Reina Sagrado, hondureña, cocinera en un centro de menores y limpiadora; Eriza Mº Varela, hondureña y limpiadora; y Edmond Ngague, profesor en Camerún, actualmente trabajando en el aeropuerto de Girona.
El colapso en las oficinas de Extranjería ha disparado la aparición de "aprovechados" que lucran con la desesperación de los migrantes. Diversas denuncias confirman que, ante las colas interminables, han surgido redes que venden citas previas de forma ilegal, a pesar de que el proceso es totalmente gratuito en las páginas oficiales. Las autoridades insisten en que, salvo las tasas administrativas que no superan los 40 euros, no se debe pagar por la gestión de turnos.
El fraude no solo afecta a las citas; también se han detectado cobros abusivos de hasta 400 euros por trámites innecesarios o incompletos. Ante este escenario, organizaciones como CEAR y diversos grupos de apoyo en Telegram luchan contra la desinformación que prolifera en redes como TikTok e Instagram. Las entidades sociales ofrecen charlas informativas y asesoría gratuita en varios idiomas, recordando la importancia de acudir únicamente a fuentes oficiales para evitar caer en manos de falsos gestores. FOTO: EUROPA PRESS / FERNANDO SÁNCHEZ
Extranjería recuerda que pedir cita es gratuito. Advierten del aumento de casos de estafa...Por una de estas citas, han llegado a pedir hasta 50 euros.
Hace poco más de diez años un hombre veía por televisión cómo en el mar Egeo morían más de 400 personas. La imagen de aquella tragedia fue la del niño Aylan muerto en la orilla... Aquel hombre, Óscar Camps, se fue casi con lo puesto a ayudar. Ahí nació Opern Arms. La organización humanitaria acaba de cumplir una década y publica un libro para que no olvidemos.
Comenza a tramitación das solicitudes para a regularización extraordinaria de migrantes, da que poderían beneficiarse unhas 10.000 persoas en Galicia. A necesidade de cita previa evita colas nas oficinas de correos e da Seguridade Social.
El proceso de regularización de migrantes ha arrancado en las oficinas de Correos de toda España con largas colas y una notable saturación del sistema. Aunque la cita previa es obligatoria cada 20 minutos, los retrasos superan en ocasiones la hora debido a caídas informáticas y a la complejidad de una documentación técnica que los sindicatos tachan de "densa". En puntos críticos como Hospitalet de Llobregat, miles de personas aguardan durante horas para obtener el certificado de vulnerabilidad, mientras los trabajadores denuncian haber recibido una formación precipitada para gestionar unos expedientes cuya resolución final se estima entre dos y tres meses. FOTO: EFE / MANUEL BRUQUE
Desde que llegó a España, hace nueve años, Óscar ha trabajado pero nunca ha tenido un contrato. Pero no tener regularizada su situación también va más allá. "Mi hijo no puede ir al viaje de fin de bachiller".
Porque si sale del país, con su pasaporte argentino, no sabe si podrá volver a entrar. Una situación que también vivió Narcisa con su hijo. "Tengo un hijo que ya tiene treinta y piquito de años, le gusta mucho el fútbol, terminó jugando en el Mallorca. Recuerdo que había un viaje fuera del país y no pudo ir porque tenía su situación irregular". En la última regularización extraordinaria, en 2005, ella consiguió arreglar su situación. Ahora ayuda a otros en este proceso.
Solo en el primer día se registraron más de 13.000 solicitudes online. Desde este lunes hay habilitadas más de 400 oficinas con cita previa. En 24 horas se han pedido casi 20.000 citas.
Para solicitarlo es necesario llevar en España desde antes del 1 de enero y un certificado de antecedentes penales. Este documento es el que más está costando conseguir, especialmente para algunos países.
Foto: Carlos Luján/Europa Press — Oficina de Correos de Palos de la Frontera, en Madrid
