El ayuntamiento de Madrid ha anunciado esta semana la modificación de sus planes urbanísticos para poder construir más viviendas en sus nuevos barrios. Se suma a otras ciudades que optan por construir en vertical. El objetivos es luchar contra la falta de vivienda incrementando la densidad de población pero este tipo de medidas también incrementan problemas que ya existen como la excesiva concentración en grandes ciudades.
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El precio de la vivienda no para de escalar. En el último año, ha subido un 17% en Cantabria. El precio del metro cuadrado para la compra supera los 1.980 euros, un récord histórico. Los jóvenes cada vez lo tienen más difícil para emanciparse. Parte del informativo de TeleCantabria se centra en el problema del acceso a la vivienda con varios puntos de atención: la vivienda turística y la dificultad de encontrar alquiler en municipios como Noja, Comillas y Castro Urdiales, o la rehabilitación de barrios degradados como Cabildo de Arriba en Santander. Además, TeleCantabria entrevista al consejero autonómico de Vivienda, Roberto Media.
El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha explicado el contenido de la carta enviada a más de 500 grandes tenedores de vivienda para informarles de la obligatoriedad de prorrogar los contratos de sus inquilinos que caduquen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027.
En total, según ha informado Consumo, las empresas a las que se les ha enviado esta carta gestionan más de 50.000 alquileres y concentran 50 o más propiedades cada una.
Las medidas afectan directamente a los arrendamientos de vivienda habitual, sector en el que operan estas inmobiliarias.
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En Las mañanas de RNE, hablamos con Javier Gil, sociólogo, investigador del CSIC en Vivienda y cofundador del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas.
Gil presenta su libro 'Generación Inquilina: Un nuevo paradigma de vivienda para acabar con la desigualdad', en el que critica la política en España y señala que esta "está dirigida a que el precio de la vivienda y los alquileres no baje". También señala la preocupante situación de la juventud: "Da igual cuánto trabajen, se esfuercen o estudien los jóvenes; con sus propios medios no van a poder acceder al bienestar al que accedían las generaciones anteriores. Esto genera frustración y se rompen las aspiraciones sociales".
Ante el agravado problema de la vivienda, Gil ve una posible solución en la intervención para reducir el precio de los alquileres, asegurando que esta es "una de las políticas redistributivas contra la desigualdad más importantes que puede aprobar este gobierno".
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Un piso como el que aparece en el vídeo "se ha podido revalorizar un 30%", señala la agente inmobiliaria de 21st Century Alexandra Vico. Y no exagera: el metro cuadrado acaba de superar por primera vez en Canarias los 2.000 euros. ¿Lo sorprendente? Los pisos no dejan de venderse.
En tan solo 10 años, un piso se ha convertido un artículo de lujo para las rentas medias y bajas. Lo sabe bien Elías, que vive en el garaje de sus suegros porque no puede permitirse una vivienda. Y lo mismo le ocurre a Cristina, con su bebe de un año ha tenido que volver a casa de su madre.
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Casi 17.000 viviendas cambiaron de propietario el año pasado por herencias. Sin embargo, heredar un piso puede ser un regalo envenenado. Las deudas que pueden arrastrar, o los impuestos que hay que pagar, llevaron a que una de cada seis personas renunciaran a su herencia.
Y es que la ley no permite aceptar solo una parte de una herencia, así que las cargas son también parte del regalo. A eso hay que sumarle los impuestos, la plusvalía y el impuesto de sucesiones, que varía enormemente entre comunidades. Sólo se puede pagar con dinero y en un plazo de seis meses, de ahí que muchos herederos decidan vender el inmueble para poder heredar. Otros prefieren, directamente, renunciar. El año pasado, hubo casi 55.000 renuncias de las 348.000 sucesiones que se tramitaron.
Aumenta el número de sucesiones aunque las renuncias permanecen estables. El perfil de los que renuncian tiene poco que ver con la edad y mucho con la situación económica familiar, aunque muchos jóvenes creen que sólo serán propietarios si heredan. FOTO: GETTY IMAGES
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador contra una agencia inmobiliaria que opera en el ámbito nacional por posibles prácticas abusivas contra inquilinos e inquilinas en la gestión del alquiler. Entre esas prácticas detectadas por Consumo están el cobro de comisiones ilegales u obligar a contratar servicios adicionales.
Pablo Bustinduy, que encabeza este ministerio, ha explicado en declaraciones a los medios que quiere "enviar un mensaje a las empresas que están incurriendo en este tipo de practicas, especialmente en materia de vivienda". Señala a los fondos de inversión que se están lucrando a costa de "cercenar el derecho a la vivienda de los españoles y de las españolas" y las inmobiliarias que se están saltando las obligaciones legales e "intentan exprimir a las personas que están buscando una casa donde vivir".
Asegura que las empresas están infringiendo las leyes españolas y el modelo de democracia del país para "anteponer su modelo de negocio" sin tener en cuenta la ley que rige en nuestro país". Afirma tajante que todas estas empresas pagaran por ello y que los ministros de su formación política, Sumar, "se van a encargar de que así sea". "En este país se va a cumplir la ley, se va a respetar la ley y se va a proteger los intereses de las familias trabajadoras en este país", sentencia Bustinduy.
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El problema del acceso a la vivienda no es sólo cosa de España, también del resto de países de buena parte de Europa y, especialmente, del arco mediterráneo. Este colectivo se emancipa tarde, tiene recursos limitados y poca capacidad de ahorro para poder comprar o alquilar una vivienda. También les contamos que muchas personas con ahorros se plantean destinar el dinero a reducir deudas, pero tienen dudas sobre si es posible para pagar la hipoteca antes de tiempo. Hay varias opciones: realizar una amortización de una parte del préstamo o de la totalidad
En España está aumentando el número de construcciones de viviendas industrializadas. Estas se montan a partir de cientos de piezas prefabricadas en naves industriales lejos de su destino final.
"Conseguimos recortar un 30% los plazos, implica menos tiempo, menos costes y un precio cierto", explica Francisco Nisa, director de construcción industrializada de Grupo Avintia.
Se trata de un cambio de concepto. Son casas que no se construyen, se fabrican. Este es uno de los temas candentes en Rebuild, la feria de construcción industrializada, donde se han congregado más de 600 empresas.
En apenas 5 años, la vivienda industrializada ha pasado de aportar el 1% al parque de vivienda nueva anual a superar el 10%.
David Martínez, consejero delegado de AEDAS homes y presidente de Rebuild, asegura que la "industria de la construcción está en un cambio de modelo, estamos pasando de un modelo artesanal tradicional basado en mano de obra poco cualificada a un modelo industrial.
Un 62% de los españoles se declara descontento con la situación de la vivienda. Un estudio revela que más de cinco millones y medio de hogares (casi un tercio de las familias españolas) no cuentan con lo que se considera una vivienda digna.
De esos hogares, 3,2 millones —casi un 18%— viven en exclusión residencial severa. Otros 2,3 millones —más de un 12%— están en riesgo de caer en ella. Sin alternativas, muchos acaban aceptando condiciones abusivas, fórmulas cooperativas o incluso pasando una especie de casting para alquilar.
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Cada vez son más las personas que están interesadas en instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos en los edificios. Por ello, es importante conocer, por un lado, si la ley reconoce o no el derecho a instalarlo sin más o, por el contrario, es necesario contar con la previa autorización de la junta de propietarios. También es necesario saber si el procedimiento para su instalación es conforme a la normativa técnica vigente.
El Ministerio de Consumo, dirigido por Pablo Bustinduy, ha abierto expediente a la inmobiliaria Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra sus inquilinos, como la obligación de contratar servicios no solicitados o cobrar comisiones por la formalización de contratos de alquiler a los inquilinos, algo que prohíbe la Ley de Vivienda.
