Las injerencias de EE.UU. en el Supremo de Brasil enturbian la campaña electoral
- La Agencia Brasileña de Inteligencia ha advertido del riesgo de interferencia de EE.UU. en las elecciones
- Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, principales candidatos, difieren en su forma de tratar con Trump
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Brasil fue uno de los países pioneros en la llegada de la ultraderecha al poder, en 2018, con un outsider, Jair Messias Bolsonaro, hoy cumpliendo 27 años de cárcel por golpista. Ocho años después de su llegada al Palacio del Planalto, la democracia brasileña resiste frente a múltiples prácticas para interferir en sus elecciones por parte de potencias e intereses extranjeros. Quizá con métodos ni nuevos ni recientes, pero sí más explícitos, sofisticados e intensos.
A Donald Trump le quedan dos grandes obstáculos en su afán de controlar directamente el patio trasero de EE.UU. (además del pequeño y pacífico Uruguay): México y Brasil. Con este último país lo tiene más difícil que en Argentina, donde condicionó directamente el rescate del Tesoro estadounidense a la victoria de Javier Milei en las legislativas del año pasado, o que en Ecuador, El Salvador, Colombia o Chile, donde tiene gobiernos afines; pero Trump también tiene aquí un candidato favorito en Brasil: Flávio Bolsonaro.
Advertencia de la Abin
Solo dos semanas antes de la cita electoral de este 4 de octubre, la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) calificó de crítico el riesgo de interferencia de los Estados Unidos en las elecciones. La Abin señalaba que Washington quiere reafirmar su hegemonía en el resto del continente y reducir la influencia de potencias rivales, como China, en el acceso a activos estratégicos, recursos naturales e infraestructuras. Nada que no fuese ya de dominio público, pues está escrito negro sobre blanco en la Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense aprobada el año pasado.
Hace un año el presidente estadounidense envió una lista al gobierno brasileño con una veintena de exigencias a cambio de reducir los aranceles del 50% que había impuesto meses antes. Según él, los aranceles eran por la injusta persecución a Bolsonaro. Entre las exigencias pedía elecciones "libres" y con la participación de "disidentes políticos."
En su discurso ante el 81.º periodo de la Asamblea General de la ONU, Lula habló del "sistema electoral moderno y robusto" y advirtió que no permitirán "que los enemigos de la democracia, internos y externos, atenten contra la voluntad popular" y que "la democracia brasileña pertenece a los brasileños".
En una entrevista en CNN, Lula recordó que ya le dijo a Trump que "es muy importante que Estados Unidos no interfiera en las elecciones de Brasil", como él no se mete en las de EE.UU. Y dijo estar "muy preocupado por Marco Rubio", porque está "muy vinculado" al entorno del bolsonarismo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene una reunión bilateral con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva Andy Harnik Andrew Harnik / Getty Images
El vicepresidente J.D. Vance, otro posible aspirante a suceder a Trump, también tiene intereses directos en Brasil a través del grupo Rockbridge, que fundó en 2019 junto al también fundador de Palantir, Peter Thiel. En septiembre pasado Thiel —que se instaló en Argentina hace meses— estuvo en Brasil y mantuvo contactos, además de con Flávio Bolsonaro, con importantes empresas, como el mayor banco de inversiones de América Latina, el BTG Pactual, o la mayor empresa cárnica del mundo, la JBS, que también tiene una filial en EE.UU.
La mezcla de líderes políticos estadounidenses y negocios abarca un amplio abanico de intereses en el resto del continente: desde las materias primas hasta las tierras raras, pasando por la seguridad, la inteligencia artificial o las criptomonedas.
A unos días de la cita electoral, Donald Trump afirmó que sigue las elecciones de Brasil "de cerca" y que son "muy importantes". El día anterior, el diario británico The Guardian aseguraba que su gobierno planeaba destinar un millón de dólares a grupos contrarios al Supremo Tribunal Federal, con el argumento de que se extralimita en sus funciones e impone la censura en el país.
La eterna investigación de las fake news
Las llamadas fake news ya marcaron las dos campañas anteriores. De hecho, en el STF, y desde hace siete años, hay abierta una investigación sobre ellas de oficio y secreta. La lideraba hasta el pasado septiembre precisamente Alexandre de Moraes. El objetivo es los "ataques a la democracia" y al propio tribunal, tras una campaña en la que se pedía desde el cierre del Supremo hasta la cárcel o la muerte para sus magistrados.
La polémica de la patrona de Brasil
El último capítulo en el que se ha visto involucrado el Supremo ha sido, de nuevo, una noticia falsa, que ha agitado la campaña electoral. La falsedad era que Flávio Bolsonaro pretendía apoyar un proyecto de ley para que la virgen de Nuestra Señora de la Concepción Aparecida dejase de ser la patrona de Brasil. La polémica creada por la mentira y su enorme repercusión se explica obviamente por la fe de los creyentes católicos, pero también por el creciente número de evangélicos en el país; y sobre todo por su cada vez mayor influencia política en el parlamento.
Según la última encuesta de Datafolha, Lula tendría el 50% del voto entre los católicos y Bolsonaro el 52% entre los evangélicos. Y otro matiz: la Aparecida es negra. Y eso en un país en el que el racismo —social e institucional— sigue teniendo un peso enorme, para muchos de sus fieles es un factor relevante.
El episodio se ha convertido en un sainete en el Supremo, con el juez André André Mendonça -exministro de Justicia de Jair Bolsonaro- ordenando eliminar miles de publicaciones en redes sociales y plataformas sobre la supuesta noticia, mientras Flávido Dino -exministro de Justicia de Lula- revocó la decisión de su colega al amparo de la libertad de expresión, y Luis Fux -el único de los cinco jueces de la Sala Primera del STF que votó a favor de absolver al expresidente Bolsonaro en su juicio por golpismo-, dio la razón a Mendonça.
La partida de ping-pong con cautelares cruzadas en el tribunal a cuenta de la patrona de Brasil estuvo precedida el 15 de septiembre por uno de los peores episodios en la historia del Supremo, con magistrados bloqueándose unos a otros en WhatsApp y a gritos entre ellos en la sesión televisada. La bronca sesión se aplazó para no interferir —más todavía— en el proceso electoral.
Así terminaron seis horas de acalorado debate en el que debían decidir si abrían una investigación contra el juez Alexandre de Moraes por sus supuestas conexiones con el banquero Daniel Vorcaro, propietario del banco Master. Vorcaro escribió en noviembre de 2025, dos días antes de ser detenido, a De Moraes y le preguntó si debería irse del país. En otro mensaje le sugería al juez que maniobrase ante la Policía Federal y el fiscal general para frenar las investigaciones. No se sabe lo que le respondió —si lo hizo— el magistrado a Vorcaro, pero le situó en el centro del huracán, donde hace años que le querían ver los bolsonaristas.
Otro juez del STF, André Mendonça, decidió levantar el secreto de sumario y que se publicasen sus más de 200 páginas, con el objetivo último de lograr la destitución de De Moraes, al que sus enemigos apodan despectivamente Xandão, algo así como Gran Alexandre. Esa, precisamente, es una de las principales metas del candidato Bolsonaro para vengar la condena del patriarca familiar. Sería un triunfo dulce y adicional, porque el próximo presidente podrá elegir, con mandato vitalicio, a varios miembros de la corte, ya que en los próximos cuatro años se prevé la jubilación de varios jueces. Y eso, como en el sistema de EE.UU., es poder, y mucho.
Como la justicia a veces es tuerta, a algunos de los magistrados no les interesaron tanto las conexiones con el mismo Banco Master del hijo de Kassio Nunes Marques, otro juez designado por Jair Bolsonaro para el STF; o que los mensajes del teléfono del exbanquero prueben también que fue invitado al menos dos veces a eventos del Instituto Iter, fundado por el juez André Mendonça; o que otros mensajes demuestren la cercanía y los encuentros y llamadas del hijo del juez Luiz Fux con Daniel Vorcaro, al que llamaba "hermano".
Escándalo del Banco Master
El Banco Master —10.000 millones de dólares de agujero— salpica al candidato Flávio Bolsonaro. Hay conversaciones de él pidiéndole dinero a Vorcaro para que financiase con nada menos que 10 millones de dólares, en teoría, la realización de Dark Horse, una película biográfica sobre su padre. En su producción estaría también implicado su hermano Eduardo, fugado en Texas desde 2025 y condenado en junio a cuatro años y dos meses de cárcel por conspiración con el Gobierno de Estados Unidos contra altos cargos del Gobierno de Brasil y contra el poder judicial, con el objetivo de interferir en el juicio por el intento de golpe de Estado, que llevó a su padre a la cárcel.
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, acompañado por sus hijos Eduardo Bolsonaro y Flávio Bolsonaro, saluda a sus seguidores durante un mitin Buda Mendes / Getty Images
De Moraes y su esposa ya fueron sancionados por el gobierno de Estados Unidos en 2025, con la prohibición de entrada al país. El secretario de Estado, Marco Rubio, le acusó de "caza de brujas" y habló de "persecución política", en un evidente ejercicio de injerencia en los asuntos internos de Brasil.
El STF en el ojo del huracán
El Supremo Tribunal Federal siempre ha estado en el centro de la diana de la ofensiva trumpista, desde que una de sus salas condenó por 4 votos a uno al expresidente y a varios exmilitares, exministros y otros colaboradores por el intento de golpe de Estado de 2022, tras perder Bolsonaro en la segunda vuelta de las elecciones frente a Lula da Silva. Y en el círculo central de esa diana está la cara de Alexandre de Moraes, el juez, conservador, nombrado para el más alto tribunal del país en 2017 por el expresidente Michel Temer, pero al que no le gustan las etiquetas, ni mucho menos que se metan en su trabajo. Por ello se ha granjeado un gran número de admiradores y muchos más enemigos, algunos muy poderosos.
Aparte de las sanciones o las amenazas directas por parte de la administración estadounidense, la campaña de Lula da Silva también ha visto cómo el 23 de septiembre, a una semana y media de las elecciones, la empresa estadounidense Meta desactivaba la publicidad de las cuentas de Instagram y Facebook del presidente, lo que desde su equipo ven como un nuevo episodio de manipulación e injerencia desde Washington. La empresa de Mark Zuckerberg se limitó a decir, como explicación, que algunas de las actividades de las cuentas no seguían sus reglas.
