Amnistía Internacional exige la disolución del ICE por violar los derechos humanos en sus operaciones
- Los abusos provocados incluyen homicidios ilícitos, detenciones arbitraria y "represiones violentas" de protestas pacíficas
- Desde la vuelta de Trump a la Casa Blanca, el número de agentes se han duplicado
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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE, vuelve a estar en el centro del debate internacional por sus actuaciones. El organismo ha sido objeto de numerosas críticas y protestas en los últimos años por las brutalidad de sus operaciones de control de la inmigración. Este jueves, Amnistía Internacional ha reclamado su abolición, al denunciar "violaciones generalizadas de derechos humanos".
En el informe "Teníamos silbatos, ellos tenían armas": Violaciones de derechos humanos en las operaciones de control migratorio de Estados Unidos y razones para abolir el ICE , la organización pro derechos humanos documenta las ofensivas del ICE contra los derechos de las personas migrantes en sus operaciones militarizadas. AI denuncia que el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump está implementando un sistema de detenciones y deportaciones masivas "fomentado por discursos racistas, xenófobos y falsos".
Entre los abusos registrados, el escrito menciona homicidios ilícitos, detenciones arbitrarias, posibles desapariciones forzadas, condiciones de confinamiento que "podrían suponer tortura" y "represión violenta" de protestas pacíficas.
"El historial del ICE no es nada nuevo, pero nuestro informe muestra que muchos de estos abusos han alcanzado un peligroso nuevo nivel", declara Nadie Daar, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Estados Unidos. Si bien es cierto que esta agencia lleva más de dos décadas ejecutando las leyes migratorias, el segundo mandato de líder republicano le ha ofrecido un protagonismo y una autoridad especial: el doble de agentes, mayor financiación y un aumento exponencial de redadas en busca de redadas.
La actividad de este departamento se intensificó especialmente en el pasado mes de julio, cuando en tan solo una semana cuatro personas murieron en los operativos. Sus nombres eran Johan Sebastián Durán Guerrero (colombiano, de 26 años), Lorenzo Salgado Araújo (mexicano, 52 años), Juan Jairo Coronilla Durán (mexicano, 28 años) y Jesús Manuel Arenas Silva (venezolano, 45 años).
"Buscaban a personas negras"
En las cuatro redadas masivas a las que los miembros de Amnistía Internacional han tenido acceso, con los testimonios de 154 personas, la organización ha documentado las siguientes violaciones: operaciones discriminatorias y arbitrarias de control de la inmigración; hostigamiento, intimidación y trato degradante por parte de los agentes; el uso de fuerza letal, derivando en homicidios; represión en las protestas; y condiciones de reclusión inhumanas sin las garantías básicas.
Este último punto ha sido especialmente denunciado en muchas ocasiones por las organizaciones. En 2025, 32 migrantes murieron en los centros de detención del ICE, la cifra más alta jamás registrada.
"Los agentes del ICE actuaban en un entorno institucional apoyado abiertamente por el Gobierno de Trump, donde las prácticas violentas y discriminatorias por motivos raciales de control de la inmigración eran fomentadas por altos cargos", asegura el reporte. Teníamos silbatos, ellos tenían armas incluye relatos en primera persona de migrantes víctimas de estas redadas. Es el caso de Liish Kozlowski, una latina de origen ojibwa residente en Minnesota, que narra cómo su prima fue agredida por los agentes cuando conducía de camino a su trabajo: "Buscaban literalmente a personas negras. Le rompieron la ventanilla a punta de pistola. Estaba embarazada". Varios de los testimonios entrevistados describen en los agentes una actitud explícita de búsqueda de perfiles raciales.
La resistencia de las comunidades migrantes es otro de los puntos analizados en el informe. A través de redes de ayuda mutua y actividades a pie de calle, los vecinos han tratado de protegerse los unos a los otros ante la amenaza de las deportaciones. Sin embargo, tuvieron que hacer frente, afirma AI, a actos de represión por parte del ICE y la Patrulla Fronteriza ante las protestas.
Estudiantes de la escuela secundaria Navarro corean consignas mientras salen de clase en protesta contra ICE en Austin, Texas. Mikala Compton Mikala Compton / Austin American-Statesman
Un venezolano herido, el último gran caso
El pasado domingo, un hombre venezolano protagonizó el último incidente provocado por los agentes de inmigración. Wilber Garcés, de 29 años, recibió un balazo por la espalda durante una operación en Austin, Texas. Según se ha podido revelar a raíz de dos grabaciones de la Policía de Austin, Garcés fue interceptado y posteriormente perseguido por unos agentes del ICE cuando había salido a trabajar en su empleo como repartidor.
La persecución derivó en una colisión de los vehículos y un disparo. El joven tenía, según las autoridades, una orden de deportación pendiente y había sido identificado a través de la matrícula de su automóvil. Tras el incidente, el venezolano fue trasladado a un centro de detención a unos 210 kilómetros de la ciudad y recibió un tratamiento el martes por una parálisis en el lado izquierdo del cuerpo. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que supervisa al ICE, afirma que Garcés había estado recibiendo analgésicos y otros tratamientos médicos mientras permanecía en el centro de detención.
La defensa alega la paralización de su deportación para poder testificar en una audiencia ya programada y solicitar su liberación.
Dos años de redadas y deportaciones
Antes de que Trump volviese a la Casa Blanca en 2025, el ICE contaba con alrededor de 10.000 agentes de campo. Tras el retorno del republicano, esta cifra aumentó hasta los 22.000. Además, la por aquel entonces secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem flexibilizó los requisitos de acceso, agilizó el período de formación y redujo la edad mínima de inscripción a 18 años. La lucha contra la inmigración se había convertido en una cuestión prioritaria en la agenda política de la administración.
Desde entonces, los arrestos de ciudadanos extranjeros sin antecedentes penales han aumentado en un 770%. Las redadas masivas que comenzaron a desarrollarse en febrero de 2025 han sido llevadas a los tribunales por diversos estados, como Minnesota e Illinois, por infringir los derechos básicos de los ciudadanos. El pasado mes de enero supuso un punto de inflexión con dos muertes en unas redadas en Mineápolis: Renee Good, de 37 años, y Alex Pretti, un enfermero que grabó a los agentes con su móvil. Ambos fueron disparados durante el operativo. Varios videos de los testigos desmintieron la versión oficial de los agentes que asesinaron a Pretti, que afirmaban que el joven había amenazado a los oficiales.
Estos incidentes han venido acompañados de una política de deshumanización y criminalización hacia los extranjeros residentes en Estados Unidos. "Caminan entre nosotros, viven en nuestros barrios e interactúan con nosotros. Pero ellos no pertenecen aquí" reza la página web gubernamental aliens.gov, lanzada en mayo, en la que aparece un contador de arrestos del ICE y se anima a los usuarios a reportar a "sospechosos aliens" (un término utilizado para referirse a los extranjeros).
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, órgano del que depende el ICE, ambiciona duplicar la media de detenciones diarias a 2.000. A lo largo de 2026 se han producido repuntes concretos, como en junio, cuando se registraron 10.000 arrestos en apenas cinco días. Ese mismo mes, el Congreso aprobó 70.000 millones de dólares adicionales para la campaña antiinmigración, de los que más de la mitad iban para el ICE.
El propósito, que aún parece lejano, es lograr el millón de deportaciones anuales. En 2025 expulsaron a 600.000, según la propia administración Trump.
