El 'zar de la frontera' de Trump anuncia la retirada de 700 agentes de ICE de Mineápolis
- Hasta ahora en el Estado había 3000 efectivos desplegados
- Sus efectivos fueron responsables de la muerte de dos residentes del Estado
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El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump reducirá en 700 el número de agentes federales de inmigración en el estado de Minnesota después de que funcionarios estatales y locales acordaran cooperar en la entrega de los inmigrantes arrestados. Así lo ha señalado este miércoles el responsable de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan.
"Para ser claro, el presidente Trump tiene la firme intención de lograr deportaciones masivas durante esta administración, y las medidas de control migratorio continuarán a diario en todo el país", ha declarado Homan en una conferencia de prensa. "El presidente Trump hizo una promesa. Y no hemos ordenado lo contrario", ha indicado, después de la enorme polémica causada por las redadas antiinmigrantes de estos agentes, que incluso han matado a dos ciudadanos estadounidenses.
Trump ha desplegado miles de agentes armados en Mineápolis y sus alrededores este año, lo que ha provocado protestas multitudinarias. Actualmente, hay unos 3.000 agentes federales desplegados en ese estado norteamericano, siendo el objetivo, ha asegurado Homan, dejar el número total de efectivos en unos 2000.
El conocido como 'zar de la frontera' de Trump también ha dicho que el presidente pretende "lograr la deportación masiva" y que la aplicación de las leyes de Inmigración continuará cada día".
Comienzos del ICE
El U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) es una de las principales agencias federales encargadas de hacer cumplir la legislación migratoria en Estados Unidos. Nació en el contexto posterior a los atentados del 11-S, cuando Washington reorganizó su arquitectura de seguridad interior. Desde entonces, su actividad se ha centrado en la localización, detención y expulsión de personas en situación irregular, así como en investigaciones relacionadas con delitos transnacionales.
Su actuación, sin embargo, ha sido objeto de una creciente controversia política y social, especialmente por el impacto de sus operativos en comunidades locales y por el uso de la fuerza en actuaciones no vinculadas a delitos violentos.
La tensión se intensificó en el estado de Minnesota a comienzos de 2026, cuando varias intervenciones federales en el área metropolitana de Mineápolis derivaron en la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante operaciones en las que participaron agentes migratorios.
Renée Nicole, el primer caso
El primer caso fue el de Renée Nicole Good, una mujer de 37 años y ciudadana estadounidense, que murió por disparos de un agente durante un operativo en un barrio residencial. Semanas después, Alex Jeffrey Pretti, enfermero de cuidados intensivos, falleció en un segundo incidente ocurrido en un contexto de protestas contra el despliegue de agentes migratorios. En ambos episodios, las explicaciones iniciales ofrecidas por las autoridades federales fueron recibidas con escepticismo por familiares, testigos y responsables estatales, que reclamaron investigaciones independientes y acceso a las grabaciones y pruebas recabadas.
Homenaje en memoria de Renée Gold, muerta por los disparos de un agente en Minesota ROBERTO SCHMIDT / AFP
Los incidentes, ocurridos en distintos puntos de la ciudad y en un contexto de despliegue reforzado de fuerzas federales, provocaron protestas inmediatas y una fuerte contestación pública. Familiares y testigos pusieron en duda las explicaciones oficiales, mientras autoridades estatales reclamaron acceso a pruebas clave y la apertura de investigaciones independientes sobre el uso de armas de fuego por parte de los agentes implicados.
En la actualidad, el escenario sigue marcado por la desconfianza institucional y la presión social. Aunque el Gobierno federal va a reducir parcialmente el número de efectivos desplegados en la zona, tal y como ha anunciado este miércoles Tom Homan, mantendrá la operación activa y defiende la legalidad de sus actuaciones. Paralelamente, responsables locales han endurecido su discurso contra la presencia de ICE en tareas de orden público, al tiempo que organizaciones civiles exigen mayor transparencia, límites claros a la cooperación policial y cambios en los protocolos de actuación.
