El jurista Miguel Ollé ve "la peor crisis del orden jurídico internacional" en el intento de EE.UU. de cerrar la CPI
- El abogado analiza la ofensiva de EE.UU. contra el Tribunal Penal Internacional
- Marco Rubio anunció la semana pasada una campaña para "desmantelar" su amenaza
El secretario de Estados de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció el pasado lunes una campaña diplomática para "desmantelar" la amenaza que supone la Corte Penal Internacional (CPI), el tribunal de última instancia para el enjuiciamiento de crímenes graves internacionales, para la "soberanía estadounidense": "La Corte Penal Internacional busca convertirse en el árbitro incontestable de una nueva ley global, empoderada para procesar y arrestar a nuestros ciudadanos a voluntad", alegaba el político por redes sociales.
Aunque EE.UU. firmó del Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo de la CPI, nunca lo ratificó y no forma parte del tribunal. El pasado mes de diciembre, la administración Trump sancionó a dos jueces de la Corte por supuestamente investigar a ciudadanos israelíes sin el consentimiento de Israel, aliado clave de Washington.
En medio de esta guerra abierta, en RTVE hemos conversado con Miguel Ollé, profesor de derecho penal internacional de la UCM, para analizar las posibles consecuencias de estas presiones sobre el organismo internacional.
Pregunta: ¿Qué suponen las sanciones de EE.UU. en la vida personal de los miembros del Tribunal Penal Internacional?
Respuesta: Desde luego es una medida de presión y de coacción intolerable. Es una forma de tratar de asfixiar a la Corte Penal Internacional a través de sanciones por parte de Estados Unidos. Por ejemplo, con la prohibición de visados les boicotean todo tipo de transacciones comerciales y de acceso a Internet. No pueden, por ejemplo, reservarse ahora que estamos en agosto —como cualquiera de nosotros— un viaje, porque no tienen ese acceso al tenerlo bloqueado. Dicho de otra forma, son personas que están en el mundo, pero sin posibilidades de realizar la vida de cualquier otro ciudadano.
P: ¿Pueden usar tarjetas de crédito?
R: Sí, tienen tarjetas de crédito, pero no pueden usarlas. Se pueden meter por Internet, pero muchas de las páginas a las que acceden las tienen bloqueadas. Más allá, por supuesto, de los hackeos personales que reciben en sus teléfonos y en sus ordenadores con la finalidad, por parte de los hackers, de poder averiguar en qué están trabajando, qué están investigando y boicotear las investigaciones contra personas que han cometido crímenes internacionales.
P: ¿Y esto afecta a todos los magistrados del Tribunal o solo a los que están en causas que tienen que ver con los Estados Unidos?
R: Fundamentalmente a los que están en causas que afectan a Estados Unidos, que afectan a Rusia y que afectan a Israel.
P: ¿De qué países son estos jueces?
R: Son magistrados de los cinco continentes cuyo único pecado y delito es ser fieles al Estatuto de la CPI, cumplir la ley de la Corte y ejecutar dignamente el trabajo que hacen. Lo contrario sería el equivalente a un delito de prevaricación. Precisamente por la realización de la justicia son perseguidos por hacer bien su trabajo y por tratar de alcanzar esa justicia penal universal que está por encima de las soberanías.
P: ¿Ha conocido una presión semejante en su carrera?
R: Desde luego, en mi vida profesional —y por lo que he estudiado— jamás lo he visto. Creo que es la peor crisis del orden jurídico internacional desde la creación de las Naciones Unidas. Se quiere acabar con el derecho penal internacional y se quiere acabar con la Corte Penal Internacional. Podríamos decir que la CPI es como una isla en un océano de Estados y tiene una ambición ejemplar, para la que nació: que el que cometa un genocidio, un crimen de agresión o un crimen de guerra va a ser condenado o investigado en una Corte Penal Internacional, aunque se le garantice la impunidad dentro de su Estado.
La debilidad es que la Corte Penal Internacional no tiene una policía propia ni prisiones propias. Depende en la práctica de la prueba y de la voluntad de los Estados, y eso la debilita. Además, tenemos una debilidad interna, porque hay muchos Estados que forman parte del Estatuto de la Corte Penal Internacional que están protegiendo a Putin y protegiendo a Netanyahu. Propios Estados de la Corte que tenían la obligación de cooperar y entregarlos no lo hacen. Esos mismos Estados, en vez de practicar las pruebas y colaborar o cooperar con la Corte Penal Internacional, no lo hacen.
El Departamento de Estado de EE. UU. impulsa una fuerte campaña diplomática para desmantelar la Corte Penal Internacional Peter Dejong Peter Dejong/ AP
P: ¿Por qué se producen estos ataques precisamente ahora?
R: Cuando nace en 1998, el TPI ya tenía críticas, principalmente de Estados Unidos, pero jamás habían sido tan beligerantes, jamás habían tratado de boicotear y bombardear —nunca mejor dicho— a la Corte Penal Internacional hasta que la Fiscalía de la CPI comienza con investigaciones a los que mandan, a potencias como Estados Unidos, Rusia, China e Israel.
¿Qué dicen? «A mí no me toca nadie. A mis ciudadanos no los toca nadie porque nosotros despreciamos el Derecho Internacional». Y no lo digo yo, lo ha dicho el señor Trump y lo está haciendo y ejerciendo Rusia desde el momento en que ha cometido un crimen de agresión, crímenes de guerra, etcétera, en Ucrania. «A nosotros el Derecho Internacional no nos vale. Reformamos el derecho y hacemos nuestro propio derecho, un derecho interestatal, y vamos a acabar con el Derecho Internacional». Eso es lo que dicen. Y claro, cuando aparece un tribunal supranacional que está por encima de esas soberanías, molesta. Se pliegan a los intereses políticos y, desgraciadamente, priman los intereses políticos por encima de la justicia.
P: Cuando la Corte juzgaba crímenes africanos no pasaba esto…
R: Así es. Lamentablemente, la Corte Penal Internacional funcionaba cuando las situaciones y los casos que había eran referidos a países africanos —que por supuesto tienen todo el derecho del mundo. Eso provocó una crisis de legitimidad en la Corte Penal Internacional, en la que decían: «¿Qué pasa? ¿No va contra los poderosos? ¿No va contra España, no va contra Israel, no va contra Rusia, no va contra Estados Unidos?».
A partir de ahí se produce un fenómeno. La Corte ha ido evolucionando en la independencia de los fiscales y afortunadamente ya no da miedo investigar determinadas situaciones. Pero, ¡cuidado! Cuando esas situaciones llegan al poderoso, al que manda, al que tiene el poder económico, al que tiene el poder en las redes o en Internet, es cuando aparecen todos los problemas.
¿Qué hace Estados Unidos? Controla banca, controla seguros, controla arrendamientos... controla todo aquello de lo que depende la Corte Penal Internacional cuando paga un sueldo, utiliza los sistemas informáticos, etcétera. Claro, aquí es complicado, porque depender de Estados Unidos o depender de países que tenga controlados Estados Unidos es una catástrofe para la legitimidad de la Corte Penal Internacional.
Por eso hay que crear un entorno digital autónomo en la Corte Penal Internacional en el que no se dependa de nadie, porque eso va a dar independencia y legitimidad. Además, que esa creación del entorno esté liderada por los países europeos y por todos los Estados partes que verdaderamente se quieran apuntar al carro o hacer acuerdos bilaterales: Estados del continente americano, africano, etcétera. Pero apartemos a Estados Unidos; no les dejemos liderar ni controlar todos los servicios y herramientas con las que trabaja la Corte Penal Internacional, porque nos vamos a cargar lo que habíamos conseguido hasta ahora con la creación de esta Corte para toda la humanidad.
P: Además de acabar con la CPI, ¿qué otras consecuencias puede tener?
R: Las consecuencias que puede tener son catastróficas. Primero, paralizar el trabajo de la Corte Penal Internacional. En segundo lugar, que incluso propios Estados partes de la Corte Penal Internacional no quieran colaborar con ella porque estén medio comprados o medio coaccionados por parte de Estados Unidos o de otra gran potencia: «No detengáis a Putin, no detengáis a Netanyahu porque vamos a ir contra vosotros». Dicho de otra forma, al no tener ese mecanismo propio y depender de esa estructura, la Corte se bloquea y no puede seguir avanzando. Lamentablemente, impunidad para los poderosos sí, pero no para personas que pertenecen a Estados que no tienen tanto poder.
Es una pena, porque se acaba la justicia penal internacional: esa justicia que merecemos todos los ciudadanos y toda la humanidad por encima de políticas, de ideologías y, sobre todo, por encima de caprichos y de genocidios legales contra el Derecho Internacional.
P: ¿Puede tener consecuencias también en el ámbito nacional?
R: Sí, puede tener consecuencias en el ámbito nacional, porque además tenemos un principio que es el principio de jurisdicción universal. En España, por ejemplo, ahí están los casos que se han enjuiciado: el caso Pinochet, Argentina, Sáhara, etcétera. Se han enjuiciado hechos que son constitutivos de crímenes internacionales de primer grado: genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, etcétera. ¿Qué pasaría? Que Estados Unidos y el país que sea van a desplegar su potencial político y diplomático para evitar también que, por la única vía en la cual se podrían enjuiciar con independencia de la Corte Penal Internacional, los enjuicien.
