Disparos en el Senado de Filipinas ante el inminente arresto del capo antidroga de Duterte
- Ronald 'Bato' Dela Rosa está atrincherado en el Senado desde el lunes
- Hay una orden de arresto contra él de la CPI por supuestos crímenes cometidos en guerra antidrogas
La dirección de esta página ha sido copiada en su portapapeles
El Senado de Filipinas ha estado confinado este miércoles después de que se oyeran disparos en medio de las informaciones sobre el inminente arresto del legislador Ronald 'Bato' Dela Rosa, requerido por la Corte Penal Internacional (CPI) y en el pasado el máximo líder de la lucha antidrogas lanzada por el expresidente Rodrigo Duterte (2016-2022).
El propio Dela Rosa ha publicado varios vídeos en su cuenta de Facebook, donde se aprecia el caos y el desconcierto generado por los disparos, cuyo origen se desconoce y que, según la agencia Reuters, no ha causado víctimas.
También se ve un amplio despliegue de seguridad, con numerosos efectivos, en los pasillos y despachos del Senado.
De acuerdo al relato de los periodistas que se encontraban en la cámara, se han podido oír más de una decena de disparos.
Dela Rosa, de 62 años, lleva desde el lunes atrincherado en esa cámara, ya que tiene la protección del propio Senado, después de que la CPI hiciera pública una orden de arresto contra él por supuestos crímenes de lesa humanidad en la guerra contra las drogas de Duterte.
Dela Rosa ha pedido ayuda en un vídeo
Antes de los disparos, Dela Rosa había publicado un vídeo donde solicitaba ayuda para evitar su detención. "Hemos recibido información de que, tras nuestra sesión de hoy, agentes de la Oficina Nacional de Investigación y del Grupo de Investigación y Detección Criminal vendrán a arrestarme. Les pido su ayuda. Espero que me ayuden. No permitamos que otro filipino sea encarcelado", ha afirmado el senador en la grabación en su cuenta de Facebook.
Asimismo, ha animado a los filipinos a congregarse frente la sede del Senado para evitar su arresto y ha instado a las Fuerzas Armadas a parar los intentos del Gobierno del presidente Ferdinand 'Bongbong' Marcos de detenerlo. También ha dejado claro que no tiene intención de abandonar el Senado y que podría instalarse allí para cumplir con sus funciones.
Sin embargo, el presidente Marcos Jr. ha asegurado que su Ejecutivo no está implicado en estos sucesos y que no ha dado ninguna instrucción para arrestar a Dela Rosa.
"Averiguaremos quién provocó este desorden, si se trató verdaderamente de un simple enfrentamiento, si forma parte de un plan de desestabilización o si es el inicio de un conflicto. Es necesario que sepamos eso", ha dicho Marcos Jr. en un vídeo, donde ha urgido a la calma .
La CPI hizo pública hace tres días una orden de arresto, que inicialmente había sido clasificada como secreta, contra Dela Rosa, de 62 años, considerado presunto "coautor indirecto" de crímenes de lesa humanidad en la guerra contra las drogas de Duterte.
Entre 6.000 y 30.000 muertos en la lucha antidrogas
Varias fuentes calculan que durante el mandato de exgobernante, entre 6.000 y 30.000 personas murieron en operativos policiales y ejecuciones extrajudiciales en relación con la campaña antinarcóticos.
Dela Rosa reapareció el lunes en la cámara alta tras siete meses ausente para participar en una votación que aupó a la presidencia del Senado —dominado por la dinastía política de los Duterte— a Alan Peter Cayetano, quien lo mantendrá bajo "custodia protectora" a menos que una corte filipina ordene su detención.
Cayetano ha explicado este miércoles que se lleva a cabo "una investigación objetiva y exhaustiva" para esclarecer quién ha estado detrás de los disparos: "La integridad del Senado está en juego aquí. Y este edificio es más que un edificio: representa la democracia de nuestro país", ha dicho en un vídeo subido en sus redes sociales.
La investigación de la CPI sobre Filipinas se centra en presuntos crímenes cometidos entre noviembre de 2011 y marzo de 2019 en el marco de la llamada guerra contra las drogas de Duterte, acusado de crímenes de lesa humanidad y detenido en La Haya desde marzo del año pasado.
Simpatizantes del senador filipino Ronald dela Rosa, excapo antidroga de Rodrigo Duterte el lunes ante el Senado REUTERS/Noel Celis
La corte apunta que Dela Rosa contribuyó de forma esencial con declaraciones públicas que "autorizaban, toleraban y promovían" los asesinatos, y que alentó a agentes a justificar muertes mediante "escenarios ficticios de defensa propia".
Según Amnistía Internacional, que ha pedido que Dela Rosa sea transferido bajo custodia de la CPI con carácter urgente, el senador desempeñó un papel clave en la ejecución de la guerra contra las drogas, como responsable del mando y la dirección de la policía. También fue jefe superior de policía de Dávao, donde Duterte presuntamente estableció y supervisó el Escuadrón de la Muerte de Dávao cuando era alcalde de la ciudad.
La orden de detención indica que la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI ha concluido que hay "motivos razonables para pensar" que Dela Rosa habría cometido el crimen de lesa humanidad de asesinato, en incidentes donde habrían muerto 32 personas entre 2016 y 2018.
Dela Rosa, segunda persona con una orden de detención
Dela Rosa es la segunda persona con una orden de detención de la CPI confirmada como parte de la investigación del tribunal sobre Filipinas, ya que la primera es contra Duterte, que fue arrestado en Manila y transferido a La Haya en marzo de 2025.
El expresidente, que está a la espera de juicio, intentó librarse de la investigación de la CPI al retirarse del Estatuto de Roma en 2019, por lo que Filipinas dejó de ser miembro de la Corte.
Está acusado de tres cargos de crímenes de lesa humanidad, al ser "plenamente responsable a título individual" como "coautor indirecto, por haber 'ordenado, inducido o instigado' la comisión de asesinatos". Según el escrito de la CPI presentado en septiembre, el exmandatario "tenía la intención de participar en la conducta imputada" y era consciente de que bajo su autoridad se cometerían "crímenes violentos, incluidos asesinatos".
De esta forma, la Fiscalía de la CPI sostiene que entre 2011 y 2019 Duterte operó primero a través del Escuadrón de la Muerte de Dávao, cuando era alcalde de dicha ciudad, y posteriormente mediante una "red nacional de policías, agentes antidroga y sicarios" reclutados durante su presidencia (2016-2022).
La policía filipina calcula que alrededor de 6.200 filipinos murieron durante las operaciones antidroga del Gobierno entre 2016 y 2022; una cifra diferente de la que manejan grupos de derechos humanos de Filipinas, que sostienen que hasta 30.000 personas perdieron la vida en la denominada "guerra contra las drogas", la mayoría de ellas personas empobrecidas de zonas urbanas, señala Human Rights Watch (HRW).
El modus operandi consistía en oficiales de la Policía Nacional Filipina o fuerzas paramilitares que allanaban viviendas por la noche sin orden judicial, arrestando y luego ejecutando a sospechosos. En algunos casos, incluso llegaban a presentar pruebas falsas para justificar sus actos. Un número muy pequeño de los miles de casos ha sido investigado o procesado, y solo cuatro de ellos resultaron en condenas, todos contra agentes de policía de bajo rango, por ejecuciones extrajudiciales.
Duterte ha denunciado que cuando fue detenido fue introducido "por la fuerza" en un avión en Manila y trasladado a La Haya y que la oficina de Marcos Jr habría facilitado esta operación de detención.
El presidente actual es hijo del dictador fallecido Ferdinand Marcos, llegó a la presidencia en 2022 aupado por la propia hija de Duterte, Sara, que ejerció de vicepresidenta mientras ambas familias guardaban una buena relación.
El lanzamiento en 2023 de una investigación sobre el uso de fondos reservados de inteligencia por Duterte, a instancias de congresistas aliados a Marcos Jr., agrió la relación y Sara salió del Gobierno (postulándose ahora a la presidencia en 2028). Esta batalla política facilitó que el Gobierno de Marcos hijo autorizara la detención de Duterte en un aeropuerto cerca de Manila y la apertura de un proceso judicial internacional contra él.
HRW ha criticado que Ferdinand Marcos Jr. nunca haya repudiado la "guerra contra las drogas" como política de Estado, ni haya revocado las órdenes de Duterte y otras declaraciones políticas. Desde que Marcos asumió el cargo el 1 de julio de 2022, más de 1.000 personas han muerto, según informes de la ONG, como parte de la campaña antidroga.
