Duterte comparece por videoconferencia en La Haya acusado de crímenes de lesa humanidad en Filipinas
- El exmandatario fue detenido en Manila el 11 de marzo por las autoridades filipinas
- Los hechos que se le imputan ocurrieron entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019
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El expresidente filipino Rodrigo Duterte ha comparecido por primera vez este viernes ante la Corte Penal Internacional (CPI) acusado de crímenes de lesa humanidad de asesinato vinculados a ejecuciones extrajudiciales en su "guerra contra las drogas" en Filipinas.
El acusado lo ha hecho por videoconferencia desde el centro de detención, debido a "un largo viaje con una considerable diferencia horaria", según ha explicado el tribunal situado en La Haya (Países Bajos). En ella, Duterte ha confirmado su identidad y le ha sido leído el informe de los cargos, así como de sus derechos ante el tribunal. No se entrará en la defensa del acusado, ni en los detalles del caso o las pruebas disponibles.
El abogado de Duterte, Salvador Medialdea, ha denunciado que el exdirigente fue "secuestrado de su país" y su extradición a La Haya fue una "entrega extrajudicial" como parte de lo que llamó un “ajuste de cuentas políticas” en Filipinas.
"No está en condiciones de aportar nada a esta audiencia”, ha insistido Medialdea. Además, ha asegurado que después de su aterrizaje en Países Bajos el pasado miércoles, Duterte fue trasladado a un hospital, donde las autoridades del tribunal decidieron mantenerlo “bajo observación”, y ha denunciado que no fue hasta este viernes por la mañana cuando se le permitió reunirse con él “menos de una hora”, por lo que no “tuvo tiempo de sentarse” con su cliente para explicarle el contenido de la orden de arresto.
En respuesta, los jueces le han advertido de que los médicos del Centro de Detención consideraron que “sí está en forma” y le han recordado que la audiencia de hoy no entrará en el contenido del caso.
El exmandatario fue detenido en Manila el 11 de marzo por las autoridades filipinas, en cumplimiento de una orden de detención emitida por la CPI y enviada a Interpol. Ese mismo día fue trasladado en avión a los Países Bajos y se entregó a la custodia de la CPI el 12 de marzo.
Vinculado con 43 muertes, aunque se estiman más de 6.000
Los hechos que se le imputan ocurrieron entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019, durante sus años como alcalde de la ciudad de Davao y tras su llegada a la presidencia en 2016.
El tribunal ha hecho pública la orden de arresto, que se emitió de forma secreta el 7 de marzo. En ella, los jueces indican que "existen motivos razonables" para creer que se cometieron numerosos asesinatos a manos de los miembros del Escuadrón de la Muerte de Davao (DDS), del que Duterte fue fundador y líder, así como del personal de las fuerzas del orden.
En aquella época, se producían redadas casa por casa conocidas como tokhang en las que los agentes tenían orden de disparar a matar si el sospechoso oponía resistencia. El tribunal también considera que, dada la posición y funciones de Duterte, este "tenía pleno conocimiento de la existencia y el alcance de estas operaciones", lo que lo hace “coautor indirecto” de los crímenes de asesinato.
En cifras, se le vincula con el asesinato de al menos 19 personas, identificadas como presuntos traficantes de drogas o ladrones, por el DDS en Davao y sus alrededores. Y con el de al menos otras 24, identificadas como presuntos delincuentes o consumidores de drogas, asesinadas por fuerzas del orden en Filipinas, en algunos casos con asistencia de individuos ajenos a la policía.
No obstante, la Policía calcula que, entre 2016 y 2022, unas 6.000 personas murieron en operativos antidroga y ejecuciones extrajudiciales, unas estimaciones que ONG locales elevan a más de 30.000 fallecidos.
En marzo de 2018, Duterte retiró a Filipinas de la CPI para evitar posibles represalias, lo que entró en vigor un año después. Sin embargo, el tratado fundacional de la Corte, el Estatuto de Roma, permite al tribunal mantener su jurisdicción sobre los crímenes cometidos antes de la retirada. El caso de Duterte podría convertirse en el primero en el primer exjefe de un Estado asiático en ser juzgado ante la CPI.
HRW: "Otros líderes deberían tomar nota"
La organización Human Rights Watch (HRW) ha calificado el procedimiento como un "paso histórico" en la búsqueda de justicia en Filipinas. "La comparecencia de Duterte ante la CPI es testimonio de la valentía y la determinación de las víctimas, familias, activistas y periodistas filipinos a la hora de buscar justicia, sin importar el tiempo que haga falta", ha afirmado la directora adjunta para Asia, Bryony Lau.
Además, ha instado a "otros líderes que se enfrentan a órdenes de detención de la CPI, como Vladímir Putin y Benjamin Netanyahu", a "tomar nota". "Incluso quienes hoy parecen intocables pueden acabar en La Haya", ha agregado.
Familiares de algunas de las víctimas se han manifestado esta mañana contra Duterte. Una de ellas es Purísima Dacomos, que relata que su marido fue asesinado por policías de paisano que irrumpieron en su domicilio la noche del 3 de agosto de 2017. La mujer no presentó denuncia en aquel momento, ya que asegura que "tenía miedo" al no tener recursos económicos para defenderse. "Me siento feliz, porque quienes cometieron el crimen, incluido el expresidente, siguen siendo perseguidos. Espero que lo encarcelen", ha dicho a EFE.
Otra de las afectadas es Jane Lee, cuyo marido fue asesinado de manera extrajudicial en marzo de 2017. En declaraciones a la misma agencia, ha afirmado que verá con atención la comparecencia del expresidente ante la corte. "La larga espera ha terminado", ha explicado, "esto es realmente lo que las familias de las víctimas queríamos".
Familiares de víctimas de la guerra contra las drogas en Filipinas participan en una manifestación en Manila contra Duterte. EFE/ David Asta Alares
