Duterte se ausenta de la audiencia de la CPI sobre los crímenes de lesa humanidad en Filipinas
- El exmandatario ha alegado estar "viejo, cansado y débil"
- La Fiscalía le señala como "coautor indirecto" de la comisión de asesinatos durante la "guerra contra las drogas"
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El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, no asiste este lunes, ni lo hará los próximos días, a la audiencia en la Corte Penal Internacional (CPI) en la que se decidirá si hay suficientes pruebas para enviarle a juicio por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos durante su "guerra contra las drogas" en el archipiélago asiático cuando gobernaba el país.
El exmandatario alegó el miércoles pasado estar "viejo, cansado y débil": "No deseo asistir a procedimientos judiciales que olvidaré en cuestión de minutos. Soy viejo, estoy cansado y frágil. Pido a la Corte que respete mi paz dentro de la celda en la que me ha colocado. He aceptado el hecho de que podría morir en prisión", dijo Duterte en sus primeras declaraciones personales desde su ingreso en el centro de detención de la CPI en marzo pasado.
Los expertos designados por la Corte, según el abogado del exmandatario filipino, concluyeron en su examen médico a Duterte que "las capacidades visoespaciales" del exdirigente están "deterioradas" y que en pruebas neurológicas obtuvo una puntuación de "0" en fluidez lingüística. Los jueces consideran que Duterte cumple los requisitos que permiten celebrar la audiencia sin el acusado cuando este haya renunciado expresamente a su derecho a comparecer. La Fiscalía y los representantes legales de las víctimas se habían opuesto a esa solicitud de la defensa, al considerar que no existe causa razonable para que Duterte no comparezca personalmente ante el tribunal.
Del 23 al 27 de febrero, un panel de tres jueces de la CPI escuchará las pruebas para determinar si se confirman los cargos contra Duterte y se envía su caso a juicio. Por lo tanto, la audiencia no es un juicio en sí y no tiene por objeto establecer la culpabilidad o inocencia de Duterte. Tras la audiencia, los jueces tendrán 60 días para emitir una decisión por escrito. Duterte, de 80 años, fue arrestado en marzo de 2025 y actualmente permanece bajo custodia en la Unidad de Detención de las Naciones Unidas en La Haya. Recientemente, la CPI le negó una solicitud de libertad provisional.
“Tan cobarde como cualquier tirano“
Cristina Palabay, secretaria general de Karapatan, una organización de derechos humanos de Filipinas que presta asistencia legal a las víctimas de la guerra de las drogas, ha criticado la renuncia del expresidente a asistir a la audiencia: "El mundo entero fue testigo de la arrogancia de Duterte al enfrentarse a la CPI y, sin embargo, con esta renuncia, nos recuerda que sigue siendo la misma persona arrogante y asesina de siempre, tan cobarde como cualquier tirano".
Duterte intentó librarse de la investigación de la CPI al retirarse del Estatuto de Roma en 2019, por lo que Filipinas dejó de ser miembro de la Corte.
Tres cargos de crímenes de lesa humanidad
La Fiscalía de la CPI acusa a Duterte de tres cargos de crímenes de lesa humanidad, al ser "plenamente responsable a título individual" como "coautor indirecto, por haber 'ordenado, inducido o instigado' la comisión de asesinatos". Según el escrito presentado en septiembre, el exmandatario "tenía la intención de participar en la conducta imputada" y era consciente de que bajo su autoridad se cometerían "crímenes violentos, incluidos asesinatos".
De esta forma, la Fiscalía ha sostenido que entre 2011 y 2019 Duterte operó primero a través del Escuadrón de la Muerte de Davao, cuando era alcalde de dicha ciudad, y posteriormente mediante una "red nacional de policías, agentes antidroga y sicarios" reclutados durante su presidencia (2016-2022).
La policía filipina ha informado de que alrededor de 6.200 filipinos murieron durante las operaciones antidroga del Gobierno entre 2016 y 2022. No obstante, los grupos de derechos humanos de Filipinas sostienen que hasta 30.000 personas murieron en la denominada "guerra contra las drogas", la mayoría de ellas personas empobrecidas de zonas urbanas, señala Human Rights Watch (HRW).
Familiar de una de las víctimas de las ejecuciones llora junto a las urnas de las víctimas durante los ritos de inhumación TED ALJIBE / AFP
El modus operandi consistía en oficiales de la Policía Nacional Filipina o fuerzas paramilitares que allanaban viviendas por la noche sin orden judicial, arrestando y luego ejecutando a sospechosos. En algunos casos, incluso llegaban a presentar pruebas falsas para justificar sus actos. Un número muy pequeño de los miles de casos ha sido investigado o procesado, y solo cuatro de ellos resultaron en condenas, todos contra agentes de policía de bajo rango, por ejecuciones extrajudiciales.
"El expresidente Duterte se creyó erróneamente intocable, fuera del alcance de la ley", considera Maria Elena Vignoli, asesora principal de justicia internacional de HRW. "El caso de la CPI refleja la determinación de las víctimas y sus familias de promover la justicia contra viento y marea", agrega.
La rivalidad política en Filipinas
En la declaración personal del pasado miércoles, Duterte rechazó las acusaciones de haber supervisado una política de "ejecuciones extrajudiciales" en Filipinas, lo que tacha de "mentira escandalosa" promovida por sus adversarios políticos y basada, afirma, en testimonios ya "desacreditados".
El exmandatario también denunció que en marzo fue "introducido por la fuerza en un avión (en Manila) y trasladado a La Haya, en Países Bajos, en flagrante contravención de la Constitución" filipina y en un operativo que, según denuncia, fue facilitado por la oficina del actual presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., "con un avión fletado especialmente para este propósito".
El presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. EFE/EPA/ROLEX DELA PENA
Marcos Jr., hijo del dictador fallecido Ferdinand Marcos, llegó a la presidencia en 2022 aupado por la propia hija de Duterte, Sara, que ejerció de vicepresidenta mientras ambas familias guardaban una buena relación.
El lanzamiento en 2023 de una investigación sobre el uso de fondos reservados de inteligencia por Duterte, a instancias de congresistas aliados a Marcos Jr., agrió definitivamente la relación y Sara salió definitivamente del Gobierno (postulándose ahora a la presidencia en 2028). Una batalla política que facilitó que el Gobierno de Marcos hijo autorizara la detención de Duterte en un aeropuerto cerca de Manila y la apertura de un proceso judicial internacional contra él.
HRW ha criticado que Ferdinand Marcos Jr. nunca haya repudiado la "guerra contra las drogas" como política de Estado, ni haya revocado las órdenes de Duterte y otras declaraciones políticas. Desde que Marcos asumió el cargo el 1 de julio de 2022, más de 1.000 personas han muerto, según informes de la ONG, como parte de la campaña antidroga.
¿Cómo será el proceso en la CPI?
Si se confirman los cargos, Duterte dejará de ser considerado "sospechoso" para pasar a ser oficialmente "acusado". En ese supuesto, el caso se transferiría a una nueva sala compuesta por tres jueces diferentes, quienes se encargarían de dirigir el juicio formal.
Durante el juicio oral, la Fiscalía presentará sus pruebas y los testigos detallados, a los que la defensa de Duterte tendrá la oportunidad de interrogar, así como de presentar sus propios argumentos.
Duterte deberá estar presente, salvo nuevas excepciones concedidas por salud o voluntad propia validadas por la Corte. Al finalizar el juicio, los jueces emitirán un veredicto de condena o absolución. Cualquiera de las partes podrá apelar la decisión ante la Sala de Apelaciones, que es la instancia final del proceso.
Los precedentes en la CPI
El expresidente de Serbia, Slobodan Milosevic, se convirtió en el primer jefe de Estado europeo en ser acusado de genocidio y crímenes de guerra. Fue detenido en 2001 y el juicio comenzó en febrero de 2002. La vista fue suspendida en numerosas ocasiones por los problemas de salud del expresidente serbio, que falleció el 11 de marzo de 2006 en la prisión de Scheveningen (Países Bajos).
También ha sido juzgado por el mismo tribunal el ex jefe de Estado de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, quien fue detenido y extraditado a La Haya en 2011. La CPI lo juzgó por asesinato, violación, otros actos inhumanos y persecución cometidos entre 2010 y 2011. En enero de 2019, Gbagbo fue absuelto en primera instancia y en marzo de 2021 la CPI ratificó su absolución, lo que puso fin al primer juicio en este tribunal contra un jefe de Estado.
El expresidente de Liberia (1997-2003) Charles Taylor fue declarado culpable el 26 de abril de 2012 por el Tribunal Especial de Sierra Leona (TESL) en un juicio celebrado en La Haya. El tribunal lo consideró "responsable" por ayudar y armar a los rebeldes de Sierra Leona a cambio de diamantes, con lo que se hizo cómplice de los crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos durante la guerra, que causó unos 50.000 muertos.
Actualmente, hay tres mandatarios sobre los que pesan órdenes de detención de la CPI: el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza; el presidente ruso, Vladímir Putin, por crímenes de guerra en Ucrania; y el expresidente de Sudán, Omar al Bashir, por crímenes de lesa humanidad, de guerra y genocidio en Sudán.
