La defensa del expresidente filipino Duterte pide a la CPI su libertad provisional debido a su estado de salud
- El exmandatario está siendo juzgado en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad
- La audiencia de confirmación de cargos prevista ha sido retrasada ante la solicitud de aplazamiento de los abogados
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La defensa del expresidente filipino Rodrigo Duterte ha pedido ante la Corte Penal Internacional (CPI) que su cliente sea puesto en libertad provisional en su país de origen debido a su estado de salud "en deterioro". Según sus abogados, al exmandatario, de 80 años, le "han pasado factura" las condiciones de su detención.
"La defensa ha estado luchando contra el progresivo deterioro del estado de salud del expresidente, que ha afectado a su capacidad para asimilar las pruebas y dar instrucciones adecuadas a sus abogados", ha afirmado el principal letrado de Duterte, Nicholas Kaufman, en un comunicado recogido por el medio filipino ABS-CBN.
La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI determinó el lunes que la audiencia de confirmación de cargos, prevista el 23 de septiembre, debía retrasarse de manera limitada después de que los abogados del exmandatario solicitaran un aplazamiento al alegar que no está en condiciones de ser juzgado. Los familiares de las víctimas de la guerra contra las drogas han mostrado su consternación por el aplazamiento, calificándola de "estratagema desesperada".
Juzgado por crímenes de lesa humanidad
Duterte se enfrenta a cargos por supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos durante su polémica "guerra contra las drogas", que dejó unos 6.000 muertos en operativos antidroga y ejecuciones extrajudiciales, según las cifras de las autoridades filipinas, mientras que ONG locales elevan la cifra a más de 30.000 fallecidos. Duterte fue arrestado y trasladado a La Haya en marzo con una orden de detención que lo vinculaba con asesinatos cometidos durante dicho período.
El expresidente compareció por primera vez ante los jueces dos días después, que fue cuando se fijó la audiencia de confirmación de cargos para el 23 de septiembre. Desde entonces, sus abogados han argumentado que no está en condiciones de ser juzgado, mientras que Duterte ha calificado su detención de "ilegal".
Se desconoce cuándo decidirán los jueces si el caso ante la CPI puede seguir adelante. Sin embargo, es raro que los tribunales internacionales declaren a los sospechosos, incluso a los cada vez más ancianos, totalmente incapaces de ser juzgados. Incluso si un sospechoso es declarado incapacitado para el juicio, esto no puede conllevar automáticamente su liberación.
El caso más reciente ocurrió en 2023, cuando un tribunal de crímenes de guerra de las Naciones Unidas dictaminó que el anciano sospechoso del genocidio ruandés, Felicien Kabuga, no era apto para ser juzgado debido a su demencia. Kabuga aún permanece en la unidad de detención de la ONU en La Haya, ya que ningún Estado ha estado dispuesto a aceptar su libertad provisional.
