EE.UU. sanciona a dos jueces de la Corte Penal Internacional por investigar a israelíes por posibles crímenes en Palestina
- La Casa Blanca alega que la CPI no tiene jurisdicción para juzgar ni a ciudadanos israelíes ni a norteamericanos
- Ni EE.UU. ni Israel firmaron el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la Corte Penal Internacional
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Estados Unidos ha puesto sanciones este jueves a dos jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) por supuestamente investigar, arrestar o enjuiciar a ciudadanos israelíes sin el consentimiento de Israel y por votar a favor de la decisión de la Corte contra la apelación del Estado judío el 15 de diciembre.
"La CPI ha persistido en acciones politizadas contra Israel, lo que sienta un precedente peligroso para todas las naciones. No toleraremos los abusos de poder de la CPI que violan la soberanía de Estados Unidos e Israel y someten indebidamente a ciudadanos estadounidenses e israelíes a su jurisdicción", ha anunciado el secretario de Estado, Marco Rubio. El gesto ha sido bien recibido por el ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su ministro de Exteriores, Gideon Saar, ha agradecido la "postura moral clara" del secretario estadounidense.
Los jueces sancionados son Gocha Lordkipanidze, de Georgia y Erdenebalsuren Damdin, de Mongolia.
Por su parte, desde la CPI han advertido de que la nueva ronda de sanciones de Estados Unidos contra jueces del tribunal, por negarse a frenar la investigación sobre Israel por presuntos crímenes en Palestina, es "un ataque flagrante contra la independencia" de la institución, y ha prometido seguir trabajando "con independencia e imparcialidad". Ha reiterado que la Corte "respalda firmemente a su personal y a las víctimas de atrocidades inimaginables" y seguirá "cumpliendo su mandato con independencia e imparcialidad".
Israel recurre a EE.UU. para evitar que sus ciudadanos sean juzgados
La CPI cerró el lunes una de las principales vías legales abiertas por Israel para frenar o retrasar el avance de la investigación sobre presuntos abusos de derechos humanos en Palestina, al rechazar su último recurso y confirmar que el tribunal mantiene su competencia sobre los hechos ocurridos tras el ataque del grupo islamista Hamás el 7 de octubre de 2023.
En una sentencia larga y de carácter técnico, los jueces de la Sala de Apelaciones concluyeron que la investigación iniciada en 2021, tras una solicitud de la Autoridad Palestina en 2018, ya abarca los presuntos crímenes cometidos antes y después del 7 de octubre y de la posterior ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza.
"Estados Unidos e Israel no son parte del Estatuto de Roma y, por lo tanto, rechazan la jurisdicción de la CPI", recuerda el comunicado publicado este jueves desde Washington, tras asegurar que continuarán respondiendo con consecuencias significativas y tangibles a las acciones legales "abusivas y a las extralimitaciones" de la CPI.
Esta decisión llega en un momento especialmente sensible, con la Corte manteniendo vigentes las órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Galant. La CPI también emitió órdenes contra los líderes de Hamás, Ismail Haniyeh, Yahya Sinwar y Mohamed Deif, por los ataques del 7 de octubre en Israel, pero todos ellos han sido asesinados por tropas israelíes.
Las sanciones anteriores impuestas por el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, que afectaron a tres fiscales y a seis jueces, por la investigación de la CPI sobre Israel por sus presuntos crímenes en Palestina, ya demostraron tener un fuerte impacto en la vida de los funcionarios afectados.
Países Bajos condena las sanciones a los jueces
David van Weel, ministro de Asuntos Exteriores de Países Bajos, sede de la Corte Penal Internacional —que juzga a individuos— y de la Corte Internacional de Justicia —que dirime controversias entre Estados—, ha declarado este jueves que "los tribunales y cortes internacionales deben poder ejercer sus mandatos sin trabas", ha dicho en la red social X, añadiendo que Países Bajos sigue apoyando a la corte y a su personal.
Además de albergar la sede de la Corte Penal Internacional (CPI), Países Bajos también es la casa de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) —principal órgano judicial de la ONU— por una combinación de tradición histórica, estabilidad política y vocación internacional.
Desde finales del siglo XIX, La Haya se consolidó como capital mundial del derecho internacional tras acoger las Conferencias de Paz de 1899 y 1907, lo que sentó las bases para la resolución pacífica de conflictos entre Estados. A ello se suma la imagen de neutralidad del país, su Estado de derecho y su capacidad logística y diplomática para garantizar el funcionamiento independiente de tribunales internacionales, factores clave para que la comunidad internacional eligiera a Países Bajos como sede permanente de estas instituciones.
