¿Por qué quiere EE.UU. desmantelar la Corte Penal Internacional?
- EE.UU. pretende reducir la capacidad de funcionamiento del tribunal y aislarlo diplomáticamente
- Su jurisdicción se extiende al genocidio, los crímenes de lesa humanidad o los crímenes de guerra
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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha anunciado esta semana una campaña de todo el Gobierno para "desmantelar" la amenaza que, según Washington, representa la Corte Penal Internacional y neutralizar su capacidad para investigar o procesar a militares, funcionarios y dirigentes estadounidenses.
Estados Unidos firmó en el año 2000 el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la Corte, pero nunca lo ratificó y no forma parte del tribunal. Rubio sostiene que la CPI representa una “amenaza intolerable” para la soberanía del país porque se atribuye la facultad de juzgar a ciudadanos de Estados que no han aceptado formalmente su jurisdicción.
La estrategia contempla nuevas sanciones contra la Corte y las organizaciones vinculadas a ella, prohibiciones de viaje y revocaciones de visados para su personal, así como una campaña diplomática para convencer a otros países que dependan de la ayuda o del paraguas de seguridad de Estados Unidos para que la abandonen o rechacen expresamente su autoridad sobre los ciudadanos estadounidenses.
EE.UU., por tanto, ya no se limita a negar la jurisdicción de la Corte ni a sancionar a determinados fiscales y jueces. Ahora pretende reducir su capacidad de funcionamiento, aislarla diplomáticamente y elevar el coste de colaborar con ella.
¿Qué hay detrás de la ofensiva?
La primera motivación es proteger preventivamente a militares, agentes de inteligencia, fiscales y responsables políticos estadounidenses frente a posibles investigaciones por actuaciones realizadas fuera de sus fronteras. Rubio ha advertido de que miembros de la Patrulla Fronteriza, marines o dirigentes electos podrían acabar ante "jueces extranjeros" por decisiones adoptadas en defensa del interés nacional. También ha citado los llamamientos de algunos activistas para examinar las deportaciones promovidas por la Administración Trump o los ataques contra embarcaciones que Washington acusa de transportar narcóticos.
Sin embargo, la CPI no ha abierto investigaciones formales sobre esas actuaciones. La última investigación que afectó directamente a personal estadounidense fue la abierta en 2020 sobre Afganistán, que incluía posibles crímenes cometidos por militares y agentes de la CIA. Desde 2021, la Fiscalía ha restado prioridad a esa línea y ha concentrado sus recursos en los presuntos abusos de los talibanes y de las antiguas fuerzas afganas.
La segunda clave es Israel. La oposición estadounidense a la CPI es muy anterior a la guerra de Gaza, pero la confrontación se intensificó después de que el tribunal emitiera, en noviembre de 2024, órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Washington considera que la CPI tampoco puede actuar contra ciudadanos israelíes porque Israel no ha ratificado el Estatuto de Roma. La Corte sostiene, en cambio, que tiene competencia sobre los presuntos crímenes cometidos en territorio palestino porque Palestina sí aceptó su jurisdicción.
Desde entonces, la Administración Trump ha sancionado a fiscales y jueces relacionados con los procedimientos sobre Afganistán y Palestina. Las medidas ya han tenido efectos personales y financieros: restricciones de entrada en Estados Unidos, congelación de activos y dificultades para acceder a servicios bancarios. Tres jueces de la Corte han llevado además las sanciones ante los tribunales estadounidenses, al considerar que pretenden castigarlos e influir en sus decisiones.
Asimismo, existe también una motivación ideológica en la ofensiva anunciada esta semana por Marco Rubio. Encaja con una visión de la política exterior de Trump que antepone la soberanía nacional a las instituciones multilaterales y rechaza que organismos internacionales no controlados por Washington puedan limitar la actuación de sus dirigentes, militares o aliados de los EE.UU. "La CPI y quienes la respaldan están librando una guerra contra Estados Unidos, no con balas ni misiles, sino con estatutos, pactos y la fuerza del llamado derecho internacional”, ha llegado a declarar Rubio.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una rueda de prensa en la Casa Blanca DPA vía Europa Press Michael Brochstein/ZUMA Press Wire/dpa Michael Brochstein/ZUMA Press Wi / DPA
Qué consecuencias puede tener
El primer impacto recaerá sobre el funcionamiento cotidiano de la Corte. Las sanciones no afectan únicamente a los fiscales incluidos formalmente en las listas estadounidenses. También pueden alejar a bancos, compañías tecnológicas, aseguradoras, proveedores, universidades, abogados y organizaciones de derechos humanos que colaboran con sus investigaciones.
"Si empresas estadounidenses como Microsoft, Google o Adobe no pueden suministrarle programas y servicios, la CPI puede verse obligada a trabajar en unas condiciones casi primitivas", afirma en conversación con RTVE Noticias el catedrático de Derecho Javier González Vega.
El segundo frente son los aliados de EE.UU. Washington quiere que los países que albergan tropas estadounidenses, cooperan con sus fuerzas de seguridad o se benefician de su protección rechacen la jurisdicción de la CPI sobre ciudadanos norteamericanos.
Eso coloca a numerosos socios europeos ante un dilema. Por un lado, mantienen una fuerte dependencia estratégica de Estados Unidos, especialmente dentro de la OTAN. Por otro lado, al ratificar el Estatuto de Roma asumieron obligaciones de cooperación con la Corte, incluida la ejecución de sus órdenes de arresto cuando corresponda.
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, posan al margen de una reunión de ministros de Defensa de la OTAN en la sede de la organización, en Bruselas AFP
A medio plazo, el riesgo es que se consolide una justicia internacional selectiva: eficaz contra dirigentes de países débiles o adversarios geopolíticos, pero incapaz de actuar cuando sus decisiones afectan a las grandes potencias o a sus aliados.
Un ejemplo: Estados Unidos sí respaldó la actuación de la CPI contra el presidente ruso, Vladímir Putin, y cooperó en otras ocasiones cuando sus investigaciones coincidían con los intereses de Washington. Ahora, en cambio, rechaza esa misma autoridad cuando las actuaciones afectan a Israel o podrían afectar a personal estadounidense.
Una doble vara de medir que podría ser utilizada por Rusia, China u otros Estados para justificar su propia negativa a cooperar con tribunales internacionales. Para González Vega, la lógica es clara: "si hay inmunidad para EE.UU., por qué no pueden tenerla otros países que quieran proteger a sus dirigentes y militares?", añade.
Por otro lado, la ofensiva llega en un momento de especial debilidad interna para la CPI. Su fiscal jefe, Karim Khan, ha sido suspendido mientras los Estados miembros deciden su futuro tras las acusaciones de conductas sexuales no consentidas formuladas por una colaboradora, y que él niega.
Si bien no existe evidencia de que Washington haya elegido este momento por las decisiones adoptadas por Khan sobre Palestina, lo cierto es que la medida anunciada por Rubio ahonda aún más en la crisis que ya sufre la CPI, diana de la mayor campaña diplomática dirigida contra ella desde su fundación.
Karim Khan, exfiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI)
¿Puede realmente Estados Unidos desmantelar la Corte?
Según el catedrático Javier González Vega, "no puede hacerlo jurídicamente". Washington no tiene capacidad para abolir unilateralmente la CPI, modificar el Estatuto de Roma, anular una investigación ni revocar una orden de arresto.
La institución pertenece a sus 125 Estados parte y seguirá existiendo mientras estos mantengan el tratado, financien sus estructuras y respalden su funcionamiento. Sin embargo, Estados Unidos sí puede debilitarla porque la CPI carece de una fuerza policial propia y depende de la cooperación de los Estados para detener a sospechosos, obtener pruebas, proteger testigos y ejecutar sus resoluciones. Si suficientes Estados dejan de colaborar con ella, los investigados podrán desplazarse con un riesgo menor de ser arrestados, aunque los procedimientos judiciales sigan abiertos.
Washington puede condicionar su ayuda económica, sus relaciones de defensa o su cooperación policial con ellos para disuadirles de cooperar con La Haya.
Por otro lado, el peso internacional del dólar amplifica estas medidas coercitivas: bancos y proveedores de terceros países pueden dejar de trabajar con la Corte o con quienes la apoyen en materia de pagos, protección de testigos o contratación de expertos.
"Estados Unidos no puede cerrar físicamente el tribunal ni borrar sus causas, pero sí puede hacerlo más lento, más caro, más aislado y menos capaz de convertir sus decisiones en resultados concretos", sostiene González Vega.
Reacciones: Europa cierra filas con el tribunal
La Unión Europea ha calificado de "inaceptables" los ataques o amenazas contra los cargos electos de la Corte, sus trabajadores y quienes cooperan con ella. Bruselas ha reiterado su compromiso con la justicia penal internacional y ha anunciado que estudia medidas diplomáticas, jurídicas y financieras para garantizar la continuidad de las operaciones de la CPI.
Países Bajos, Estado anfitrión de la CPI, pero también de la Corte Internacional de Justicia —dependiente de la ONU—, ha defendido expresamente a la institución. "Los tribunales internacionales deben poder cumplir su mandato sin interferencias", declaraba esta semana su ministro de Exteriores, Tom Berendsen.
Desde el ámbito de los derechos humanos, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, calificó la iniciativa de “ataque reprobable” contra la justicia internacional y pidió a los Estados que adopten medidas legislativas y financieras para mitigar el impacto de las sanciones. Callamard, además, advierte de que, si otros países ceden a la presión, contribuirán a "una nueva era de ilegalidad, impunidad e injusticia desenfrenada".
La relatora especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos, Francesca Albanese, describió el anuncio como "completamente estremecedor, aunque no sorprendente" y resumió su lectura del desafío con una frase: "Es el Estado de derecho o la barbarie".
Kenneth Roth, exdirector de Human Rights Watch, va más allá y afirma que las medidas anunciadas por Marco Rubio son, en la práctica, la exigencia de inmunidad para los posibles crímenes cometidos por estadounidenses en el extranjero, disfrazada de una falsa "defensa de la soberanía".
La CPI: los secretos y presiones del tribunal internacional rtve - 16865301
Por qué nació la Corte y dónde está el conflicto jurídico
La Corte Penal Internacional nació del Estatuto de Roma, aprobado en 1998 y en vigor desde julio de 2002, como el primer tribunal penal internacional permanente. Su creación respondió a las lecciones dejadas por las atrocidades del siglo XX: los responsables de genocidios, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra no debían depender únicamente de tribunales temporales creados después de cada conflicto ni de la voluntad política del Estado al que pertenecieran.
Así, la CPI juzga a individuos, no a países, y funciona como un tribunal de último recurso. En virtud del principio de complementariedad, solo debe intervenir cuando los sistemas judiciales nacionales no pueden o no quieren desarrollar investigaciones genuinas. Su competencia se extiende al genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y, bajo determinadas condiciones, el crimen de agresión.
Aunque Bill Clinton firmó el Estatuto en 2000, George W. Bush comunicó dos años después que Estados Unidos no tenía intención de quedar vinculado por él y el Congreso aprobó medidas para limitar la cooperación con la Corte. Las administraciones posteriores mantuvieron la objeción, aunque Obama y Biden cooperaron selectivamente cuando sus investigaciones coincidían con los intereses de Washington.
El primer ministro israelí durante una de sus visitas a la Casa Blanca en tiempos de Joe Biden Andrew Harnik Andrew Harnik
El núcleo jurídico del enfrentamiento sigue siendo el mismo. Washington sostiene que un tratado que no ha ratificado no puede otorgar a una institución internacional autoridad para juzgar a sus ciudadanos. La CPI responde que no reclama una jurisdicción universal e ilimitada. Puede actuar cuando los presuntos crímenes se cometen en el territorio de uno de sus Estados parte, aunque el sospechoso sea ciudadano de un país que no haya ratificado el Estatuto; cuando un Estado no miembro acepta expresamente su competencia; o cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas le remite una situación.
Bajo esa lógica, Afganistán o Palestina podían transferir a la CPI la jurisdicción que sus propios tribunales tendrían sobre los delitos cometidos en su territorio. La nacionalidad del investigado no elimina, según la Corte, la competencia territorial del Estado donde se produjeron los hechos.
González Vega subraya que este es también el fundamento de las actuaciones relativas a Israel y Rusia. "La Corte no reclama competencia porque Netanyahu sea israelí o Putin ruso, sino porque los presuntos crímenes se habrían cometido respectivamente en Palestina y Ucrania, territorios que han aceptado su jurisdicción", explica.
La CPI arrastra importantes deficiencias: lentitud, dependencia de la cooperación estatal, escasos resultados y una percepción persistente de justicia desigual. La crisis de Karim Khan agrava además sus problemas de credibilidad. Sin embargo, esas debilidades plantean la necesidad de reformar y controlar la institución, aunque no resuelvan la pregunta de fondo abierta por la ofensiva de Rubio.
Pese a esas limitaciones, González Vega recuerda que actualmente no existe una institución equivalente: “Hoy por hoy, es la única justicia internacional en materia penal. No hay sustitutivo posible”. Los tribunales creados para la antigua Yugoslavia, Ruanda o Sierra Leona fueron mecanismos específicos y temporales, no una jurisdicción permanente y global como la CPI.
Así, la financiación y la independencia de la Corte dependerán no solo de la capacidad de EE.UU. para debilitarlas, sino también de la voluntad de sus 125 Estados parte de sostener la institución que crearon hace más de dos décadas con la aspiración de avanzar hacia una justicia verdaderamente universal.
