El Gobierno crea 700 nuevas plazas judiciales: "La mayor ampliación de la Democracia"

• El ejecutivo pondrá en marcha 500 nuevas plazas de juez y 200 de fiscal durante los próximos meses
• Su acceso a la magistratura será gradual, tal como ha pedido el Consejo General del Poder Judicial

El Gobierno crea 700 nuevas plazas judiciales Getty Images

El Ejecutivo avanza en la modernización de la administración de Justicia y su adaptación a las necesidades del siglo XXI con la ampliación de 700 nuevas plazas entre jueces y fiscales, una ampliación que el ministro Félix Bolaños ha calificado de "extraordinaria", ya que es "la mayor ampliación en la historia de la democracia".

Según ha explicado el titular de Justicia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, esta ampliación del 8,5% de la planta judicial supera en número de plazas creadas para jueces y magistrados de toda la última década.

En concreto se crearán 500 nuevas plazas de jueces y 200 de fiscales. De esas 500 nuevas plazas, 368 son para tribunales de instancia y 96 irán a órganos colegiados. Por ejemplo, siete serán para magistrados del Tribunal Supremo: tres irán a la Sala primera de lo Civil, dos a la sala segunda de lo Penal y dos más a la sala cuarta de los Social. Además 76 plazas irán a Audiencias Provinciales, 9 a Tribunales Superiores de Justicia y 4 a la Audiencia Nacional.

Otras 34 plazas son de adscripción territorial, destinadas a un territorio pero movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo, y las dos últimas son para el Tribunal Central de Instancia.

Por territorios, las comunidades más beneficiadas son las que presentan mayores necesidades de refuerzos: Andalucía (95), Cataluña (91), Madrid (69) y Comunitat Valenciana (58). Porcentualmente, destacan Murcia y Canarias, con una ampliación del 11 %. Por órdenes jurisdiccionales, el más reforzado es el civil seguido del social.

Tal como ha detallado Bolaños, el Consejo General del Poder Judicial pidió al Ejecutivo que la entrada de esos nuevos jueces y magistrados sea gradual. Por ello, los primeros en entrar en sus destinos, el próximo 31 de diciembre, serán los que vayan a órganos colegiados. El 1 de junio entrarán los destinados a Tribunales de Instancia en Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales, y un tercer bloque de plazas tomará posesión el 1 de noviembre de 2027.

Superar el modelo "arcaico y caro" y racionalizar la justicia

Con esta medida, Bolaños destaca que superamos el "modelo arcaico y caro" y se avanza en la modernización de la justicia "gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia" que elimina los antiguos juzgados formados por un único juez y su equipo y los sustituye por tribunales de instancia, a los que se adscriben diversos jueces y tienen una única Oficina Judicial de apoyo técnico

Estos cambios "permiten llevar a cabo estas ampliaciones de plantilla" con un coste más ajustado: "Crear un juzgado unipersonal costaba entre 500.000 y 600.000 euros", para pagar al juez y los funcionarios adscritos, mientras que "con los tribunales de instancia crear una unidad judicial unos 100.000 euros".

La medida que hoy se ha aprobado cuesta, según el ministro, 55 millones de euros. Con juzgados tradicionales serían más de 260 millones.

Además el Ejecutivo profundiza en la racionalización, una de las reivindicaciones de la carrera judicial. Para ello se llevará a cabo una "comarcalización de los juzgados de violencia sobre la mujer", para facilitar la "proximidad y una respuesta especializada". Esto quiere decir que las secciones de vigilancia existentes podrán extender su vigencia sobre localidades y territorios cercanos.

200 nuevas plazas de fiscal fiscales

El Gobierno ha aprobado además la creación de 200 nuevas plazas de fiscales, un incremento de más del siete por ciento. Según Bolaños, "nunca, ningún Gobierno de la democracia, había dotado con tantos medios y recursos a la Administración de Justicia".

Esos 200 nuevos fiscales se distribuyen entre todas las comunidades autónomas y órganos centrales y refuerzan áreas especialmente relevantes y que afrontan nuevos desafíos.

Es el caso de las Fiscalías de Sala contra los Delitos de Odio y Discriminación, de Trata de Personas y Extranjería y de Violencia sobre la Mujer. También se refuerzan ámbitos como la Inspección Fiscal, la Cooperación Penal Internacional o la Criminalidad Informática y se crea una plaza de Fiscal de Sala responsable de la Unidad de Protección de Datos.

Por territorios, los más beneficiados son Andalucía, con 38 nuevas plazas (7,4 %), Cataluña con 35 (8 %) y Madrid con 32 (9,3 %). Porcentualmente, la comunidad que más verá crecer su plantilla es Murcia, con siete nuevos fiscales (9,7 %).

La distribución de las nuevas plazas de jueces y fiscales se ha realizado atendiendo a criterios objetivos (carga de trabajo, litigiosidad y población) y teniendo en cuenta las necesidades trasladadas por el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, las comunidades autónomas con la competencia transferida y los tribunales superiores de Justicia.

CGPJ exige reforzar los juzgados de clausulas suelo o se suspenderán 12.500 casos

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha pedido al Ministerio de Justicia que reconsidere su negativa a reforzar los juzgados especializados en cláusulas suelo, ya que de lo contrario cerca de 12.500 expedientes quedarán suspendidos en el segundo semestre del año. Así lo ha desvelado el órgano de gobierno de los Jueces, que pide además la convocatoria urgente de la Comisión Mixta para abordar la decisión de denegar la autorización económica previa de medidas de refuerzo en órganos judiciales.

En su reunión de este martes, la Comisión Permanente del Consejo, que el pasado 1 de julio ya aprobó por unanimidad solicitar al Ministerio que reconsidere esa decisión, ha acordado "reiterar esa solicitud de reconsideración", indica la nota. El objetivo es reforzar los órganos judiciales especializados en asuntos relativos a condiciones generales de la contratación incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física (cláusulas abusivas).

No hacerlo así, prosigue el documento, supondrá la suspensión y no resolución de, al menos, 12.470 asuntos a lo largo del segundo semestre del año, según constata un informe del Servicio de Inspección.

El territorio más afectado será la Comunidad Valenciana, donde el servicio de Inspección calcula que serán entre 5.420 y 5.520 los asuntos suspendidos o no resueltos; a continuación figuran la Comunidad de Madrid, con 4.650 asuntos, y Cataluña, con 2.400 asuntos sólo en la provincia de Barcelona.

Todo ello preocupa al CGPJ, que entiende que este estado de cosas obligará a paralizar y suspender actuaciones jurisdiccionales que se consideran "necesarias e imprescindibles" para garantizar los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas de ciudadanos y consumidores.

También la asociación de consumidores Asufin ha denunciado en un comunicado las primeras paralizaciones de los procesos abiertos en los 62 juzgados especializados en cláusulas suelo tras la decisión de poner fin a la dotación económica extra para estos órganos judiciales.