La Abogacía del Estado rechaza que el Supremo eleve a la Justicia europea la regularización de inmigrantes
- Defiende que "conceder autorizaciones de residencia por motivos humanitarios es una competencia nacional"
- La Comunidad Valenciana y Aragón interpusieron recursos contra el decreto del Gobierno
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La Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, se opone a que el Tribunal Supremo eleve una cuestión prejudicial sobre la regularización extraordinaria de migrantes a la Justicia europea como planteaba esta misma semana.
En un escrito, la Abogacía desgrana varios argumentos. El principal es, según dice, que conceder autorizaciones de residencia por motivos humanitarios o de otro tipo "es una competencia nacional". En este sentido, cita el derecho comunitario, incluido el recientemente aprobado Plan Europeo de Migración y Asilo.
Descarta también que se produzcan "perjuicios irreparables" si el proceso continúa adelante, pero sí defiende que los habría para los beneficiados en caso de que se suspendiera.
Por último, la Abogacía cuestiona el momento procesal, ya que considera que no se ha abordado la cuestión de fondo. Un paso —sostiene— "imprescindible" para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) siquiera admita a trámite la causa.
Recursos de Aragón y Comunidad Valenciana
El posicionamiento de la Abogacía del Estado llega después de que el Gobierno de Aragón y la Comunidad Valenciana presentaran alegaciones al Supremo para que presentara ante el TJUE la posible contradicción del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes con el derecho comunitario. Instó, asimismo, a la suspensión cautelar del procedimiento y la reversibilidad absoluta de las resoluciones favorables.
La Abogacía del Estado considera que esta petición debería presentarse dentro de la pieza principal y siempre facilitando contexto y no en el marco de una solicitud de medidas cautelares. También insiste en que no se puede hablar de regularización masiva o sin condiciones, como recoge el escrito del Gobierno aragonés, cuando hay una evaluación individual.
Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ya han indicado que presentará alegaciones al recurso ha recordado que el texto del proceso de regularización cuenta con el respaldo del Consejo de Estado y cumple con el ordenamiento jurídico español y europeo, ya que solo se otorga permiso de residencia y trabajo válido "exclusivamente en territorio español".
Ha mandado también un mensaje de tranquilidad a los solicitantes, cerca de 1,2 millones de personas, y han recordado que el Tribunal Supremo ya desestimó en mayo adoptar las medidas cautelares solicitadas para paralizar el procedimiento, que ha seguido desarrollándose con total normalidad.
