Estados Unidos cumple 250 años de independencia bajo las nuevas reglas de Trump
Noticia
- A punto de celebrarse las elecciones de medio mandato, expertos acusan al presidente de querer perpetuarse en el poder
- 'En Portada' estrena 'EE.UU.: Democracia under pressure' el 25 de junio a las 23:20 horas en La 2 y en RTVE Play
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“Sabemos que no eres una persona trabajadora. Si no estás de acuerdo con lo que esta administración quiere hacer y prefieres ir a pasar tiempo a la playa, simplemente renuncia.” 300.000 empleados federales se vieron forzados a renunciar a sus puestos. Mimi Tsankov fue una de las jueces de inmigración que recibió este correo electrónico al inicio del segundo mandato de Trump. Lo había enviado DOGE, el Departamento de Eficiencia Gubernamental, dirigido por Elon Musk.
Un 20% de los jueces se acogió a este despido voluntario, pero muchos de los que se quedaron, fueron despedidos más tarde. Mimi, que durante años fue presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, se acogió a la prejubilación. Ella sabía que su cargo estaba estrechamente ligado al poder ejecutivo. Tenía razón, el puesto fue renombrado y pasó a ser el de “juez de deportación”. Era el inicio de la aplicación de las nuevas políticas.
ICE para todos
Unas políticas que se reforzaron con la inyección de 28.000 millones a ICE. Llegaron redadas en las calles, pero también contratos con empresas para obtener, procesar y ordenar datos personales de la población. Muchos se han preguntado por qué. “Está diseñado para asustar a la población y frenar su actividad, animar a la gente a quedarse en casa”, apunta el abogado de ACLU, Steve Loney.
“Se están tomando medidas para mantener el control por vías que no son democráticas”, dice el abogado constitucionalista Rafael Peñalver. “Se está estableciendo un ejército, como si fuera un ejército privado, que se justifica a base de decir que ICE está tratando de sacar del país a los indocumentados. Pero la verdadera razón es mantener a Trump en el poder”, apostilla este experto.
Yaima y Jose, dos ciudadanos afectados por las nuevas políticas de deportación de Trump RTVE
El control de la inmigración
Donald Trump prometió una y otra vez en su campaña electoral que iba a deportar a 11 millones de indocumentados, sobre todo, a los criminales. Pero los informes de American Inmigration Council y TRAC Reports dicen que el 70% de los detenidos no tiene antecedentes penales, entre un 20 y un 25% tiene cargos por delitos leves, y solo entre un 5 y un 10% está condenado por delitos graves o violentos.
Yaima, una mujer americana de unos 60 años, se comunica con su marido por llamadas de teléfono, primero desde el centro de detención del Sur de Florida, más conocido como Alligator Alcatraz, y ahora desde un centro en Texas. Desde hace más de 6 meses, Jose, su marido de origen cubano está detenido. Llegó a Miami en 1981. Tenía 18 años. Trabajó de mecánico de barcos y en uno de ellos encontraron un alijo de marihuana. Estuvo 2 años en la cárcel y, cuando surgió un motín, defendió a un guardia. Le dieron la carta del perdón para que pudiera regularizar su situación, pero no le dio importancia y nunca arregló los papeles. Mientras, tuvo 4 hijos y 13 nietos, todos ciudadanos americanos, fieles votantes de Trump. Hacía visitas anuales a ICE donde le sellaban los permisos temporales para seguir residiendo en el país. Hasta que llegó el segundo mandato de Trump y, cuando fue a una cita programada, acabó en un centro de deportación. Como él, miles de personas que llevan años residiendo en el país, pagando impuestos y haciendo vida familiar, se han visto en los centros de deportación.
Intento de cambio de leyes
A punto de cumplirse los 250 años de la democracia más antigua del mundo moderno, Donald Trump ha decidido cambiar las normas recogidas en la Constitución. Ha asegurado que EE.UU. es “el hazmerreir” del mundo entero por mantener el derecho a la ciudadanía por nacimiento, algo que se refleja en la Decimocuarta Enmienda. Acudió, además, a la Corte Suprema el día que se debatió el tema. Un gesto que muchos expertos han interpretado como una medida de presión.
A punto de celebrarse las elecciones de medio mandato, Trump está promoviendo la Ley SAVE America para dificultar el derecho a voto de los ciudadanos, exigiéndoles más pruebas documentales de la ciudadanía, además de una identificación con foto. Otra de las grandes apuestas es impedir el voto por correo, salvo excepciones.
La senadora republicana Ana María Rodríguez RTVE
Pero hay quienes se alzan contra Trump. El Ayuntamiento de Filadelfia, cuna de la democracia y lugar donde se reunieron los padres fundadores de Estados Unidos, acaba de aprobar un paquete de leyes ICE Out. Una legislación pionera que impide a los agentes de ICE llevar mascarillas, circular en coches camuflados o utilizar espacios de la ciudad, bibliotecas o centros de salud. Pero, sobre todo, cierra las puertas a posibles intercambios de datos personales del Ayuntamiento y las agencias federales.
La concejal demócrata, Ru Landau, impulsora de la iniciativa, ha definido a Donald Trump como “un tirano y un maníaco”. Con la vista puesta en las elecciones de medio mandato, denuncia que Trump se está saltando todas las normas básicas. La republicana Ana María Rodríguez, senadora por el distrito 40 de Florida, defiende la gestión del presidente y asegura que “ha conseguido parar el flujo de los criminales y eso le da mucha paz a la población”.
El problema, apostilla el investigador del Brennan Center, Samuel Breidbart, es que “el último año y medio, la presidencia se ha transformado en una especie de monarquía, un gobierno ejercido por una persona que, como mínimo, se considera a sí misma por encima de la ley”.
