La Junta de Extremadura pide a la Fiscalía realizar pruebas de edad a los menores extranjeros no acompañados
- Solicita hacerlas en los casos donde no haya un documento con “garantía fehaciente”
- Una medida para luchar contra "el fraude y no tensionar" más el sistema de acogida, según el consejero de Desregulación
La dirección de esta página ha sido copiada en su portapapeles
“Actuamos para cumplir la ley y en contra de la inmigración ilegal” ha precisado el vicepresidente y consejero de Desregulación, Óscar Fernández Calle, sobre la petición que ha trasladado a la Fiscalía de Menores para poder realizar pruebas médicas a aquellos menores migrantes sobre los que existen dudas sobre su edad real.
Fernández Calle, consejero de Vox en el ejecutivo extremeño, ha indicado que con ellas se pretende “saber realmente quiénes de los menores que están en nuestro sistema de acogimiento es menor de edad, para que tengan la cobertura que la ley exige en cada caso”. Y añade que el sistema está “al límite” con 104 menores extranjeros en el sistema de acogida de nuestra comunidad autónoma.
¿A quiénes se harán las pruebas?
“No se pretende que se hagan de forma indiscriminada”, ha aclarado el vicepresidente de la Junta. Serán reconocimientos médicos y pruebas biométricas en los casos en los que no haya garantías de que es un menor de edad, ya sea por falta de documentación o porque existan dudas sobre la veracidad de la misma.
Las pruebas también se realizarán, ha indicado Fernández Calle, a aquellos que estaban en centros para adultos y se han declarado menores. En lo que va de año, según sus datos, se han dado ocho casos de este tipo, y más de una treintena en los dos años anteriores.
A partir del momento en el que la Fiscalía de Menores autorice el permiso será la Junta de Extremadura, a través del Servicio Extremeño de Salud, la encargada de realizar los exámenes médicos correspondientes.
Vía judicial para nuevos repartos
El anuncio, realizado hoy en rueda de prensa, ha venido acompañado de otro. El vicepresidente y consejero de Desregulación también ha explicado que la Junta da un paso más y acudirá a la vía judicial para intentar evitar que el reparto de nuevos menores extranjeros no acompañados llegue a nuestros centros de acogida, desde otras partes de España.
Fernández Calle ha indicado que, al margen de la vía administrativa, se recurrirá a los tribunales para que no haya más traslados de “teóricos menores” a un sistema extremeño que a su juicio está “colapsado”. Y siempre, ha añadido, se actuará “conforme a la ley”.
Con todo ello lo que se pretende es , según el consejero, “defender los intereses de los extremeños ”, actuando dice “de manera frontal contra la inmigración ilegal, masiva y descontrolada que ampara el gobierno socialista de Pedro Sánchez”.
Según palabras pronunciadas por el propio Fernández Calle "los extremeños no tienen por qué pagar la inmigración ilegal que ampara el ejecutivo nacional". Un coste al que esta semana ponía cifras durante su comparecencia en el parlamento regional. Estima que cada plaza supone 7.100 euros al mes.
La asignación de plazas para personas migrantes está regulada por un real decreto que entró en vigor en julio de 2005, una norma que determina el traslado a otros territorios en los casos en los que una comunidad se declare en situación de contingencia migratoria extraordinaria.
Las medidas anunciadas, recordemos, se enmarcan dentro del pacto de gobierno, entre Partido Popular y Vox , que ha permitido que María Guardiola sea la presidenta de la Junta de Extremadura.
