El juicio a David Sánchez por su contratación en Badajoz queda visto para sentencia: "Nos han condenado socialmente"

• Gallardo ha defendido su inocencia y la del resto de acusados y ha denunciado el "juicio mediático paralelo"
• La Fiscalía y las defensas piden la absolución mientras las acusaciones hablan de "farsa" en su contratación

El juicio a David Sánchez por su contratación en Badajoz queda visto para sentencia

El juicio a David Sánchez por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en su contratación en la Diputación de Badajoz en 2017 ha terminado y ha quedado visto para sentencia este martes tras haber otorgado el tribunal a los acusados el derecho a la última palabra que el hermano del presidente del Gobierno no ha utilizado. Sí lo ha hecho en cambio otro de los acusados, el expresidente de la Diputación Provincial, Miguel Ángel Gallardo, que ha defendido su inocencia y ha denunciado que ya les han "condenado socialmente".

Gallardo ha asegurado que "la única culpabilidad" que tienen es "no tener las mismas ideas que la acusación popular" —que ejercen Manos Limpias, Hazte Oír, Vox, el PP, Abogados Cristianos, Iustitia Europea y Liberum— a los que ha acusado de hacer un "juicio mediático paralelo", que él y otros acusados han sufrido durante más de dos años: "Ya han ganado el juicio social, independientemente de lo que salga en esta sala".

Los acusados denuncian el "escrutinio" y "calvario" que han pasado

También han hecho uso de su turno de palabra otros cuatro acusados: el alcalde de Castuera y diputado delegado de Cultura y Deportes Francisco Martos, el director del Área de Cultura, Deportes y Juventud Manuel Candalija, el jefe del Servicio de Apoyo Jurídico e Inspección Félix González y el diputado delegado del Área de Cultura, Deporte, Juventud, Políticas Sociales y Cooperación Internacional, Ricardo Cabezas.

Martos, el primero en hacer uso de su última palabra después de Gallardo, ha explicado ante el tribunal que su profesión "habitual" es la de profesor de Educación Física, y a la que se ha dedicado "mucho tiempo" hasta que le ofrecieron la oportunidad de presentarse a concejal de Cultura y Deporte de su municipio, Castuera, casi lleva 24 años como alcalde y desde 2019 como diputado de la misma área en la institución provincial. "Llevo siete u ocho días sometido a un escrutinio que no acabo de entender, pero jamás he ido a una comisión sin saber a qué iba", ha dicho Martos. En su defensa, ha explicado que creyó que el proyecto Ópera, contactar con un centro de FP de Badajoz para que hicieran el "diseño" de los trajes, "colmaba su labor como diputado".

Manuel Candalija por su parte ha dicho que ha visto una acusación "sin datos objetivos" y ha alabado el papel de la defensa. También ha denunciado un "acoso mediático" más "intensificado" estos últimos días y ha negado que, como ha dicho algún abogado de las acusaciones, haya visto los informes de las personas a las que fue a valorar en el proceso de selección: "He tenido que soportar como ayer cuando llegaba a mi casa mi madre me llamaba y me decía cómo había dicho ciertas cosas que no había dicho".

El jefe del Servicio de Apoyo Jurídico e Inspección Félix González, quien ha hablado en su condición como funcionario de carrera, ha asegurado haber ejercido su labor lo mejor que ha sabido y guardando respeto a la ley. En estos dos últimos años asegura haber pasado "un calvario" que cree que no se merece.

Por último, Ricardo Cabezas ha expresado su agradecimiento por la labor del tribunal y de los funcionarios de los juzgados y al igual que los otros acusados ha defendido el trabajo de la Diputación sin el cual "muchos de los pueblos de la provincia tendrían que cerrarse" y que ha sido reconocido en los últimos meses.

La Fiscalía se ha sumado a la petición de absolución de las defensas que no ven ninguna prueba de cargo contra ellos en el proceso de creación del puesto de coordinador de conservatorios y ven las acusaciones fundadas en rumores sobre el proceso de selección que después pasaría a denominarse jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

Las defensas de Carrero y Cabezas ve un "castillo de naipes" y un "libreto de ficción"

Los dos últimos letrados en presentar sus informes finales ante el tribunal han sido Raúl Montaño, que representa al diputado del PSOE Ricardo Cabezas y el abogado de Luis María Carrero, el amigo de David Sánchez, que fue contratado como coordinador de actividades transfronterizas.

Montaño ha pedido la absolución de su cliente apoyado en la falta de una "prueba de cargo" que quiebre el principio de presunción de inocencia. "Estamos ante un castillo de naipes que se ha ido construyendo en la instrucción, en la fase intermedia pero en el juicio y el plenario las acusaciones populares se ha ido cayendo, en juicio las acusaciones populares se han quedado sin fuelle", ha advertido el letrado.

“Si sale condenado, ¿alguien va a querer ser diputado?“

"No ha intervenido en ninguna comisión de valoración, reunión previa a la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) ha sido exclusivamente una firma preceptiva, si sale condenado ¿Alguien va a querer ser diputado?", se ha preguntado el letrado en la presentación del informe final. El letrado ha advertido que no existe "elemento objetivo alguno y subjetivo mucho menos, no se ha logrado probar por el teniente coronel ningún tipo de participación de correo, llamada o intervención de este señor con otros intervinientes", ha dicho sobre el atestado de la UCO.

El letrado de Luis María Carrero —amigo personal de David Sánchez al que le fue adjudicada la plaza de jefe de actividades transfronterizas— también ha considerado que no existe prueba de cargo contra él y en la misma línea que el letrado de Montaño, ha hablado de "libreto de ficción", un edificio "construido sobre palillos". La actuación de la acusación popular ha sido "temeraria", ha llegado a decir el letrado de Carrero, que ha señalado el hecho de que el PP tenía "pleno conocimiento de la creación de este puesto" porque se aprobó en el pleno de la Diputación.

Después, el tribunal, presidido por José Antonio Patrocinio, ha otorgado a los acusados el derecho a la última palabra, poniendo fin así a un juicio que ha durado siete días. David Sánchez aseguró en su declaración, en la que sólo respondió a preguntas de su abogado en relación con la contratación de Carrero, que no tenía "capacidad de nada ni información administrativa".

Más de 40 testigos en una semana

A lo largo de estas jornadas han declarados los once acusados y más de 40 testigos, a lo que se suman las intervenciones de las siete acusaciones populares y de los letrados de los procesados, así como del Ministerio Fiscal.

Entre los testimonios clave de este procedimiento han estado los exdirectores del Conservatorio Superior y el Conservatorio Profesional de Badajoz, Evaristo Valentí y Yolanda Sánchez, el del teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil Antonio Balas y el de los aspirantes al proceso de selección del puesto que ocupó David Sánchez.

La mayoría de las personas citadas a declarar como testigos ante el tribunal han asegurado que no sabían que el puesto iba a ser para el hermano de Pedro Sánchez, que entonces había dimitido como secretario general del PSOE —que no lideraría hasta junio de 2017— y que no llegaría a la Presidencia del Gobierno hasta un año después.

Una de los aspirantes al puesto de coordinador Cristina de Frutos ha declarado ante el juez que el director del Conservatorio de Plasencia le advirtió que el puesto iba a ser para el hermano de Pedro Sánchez y que en un principio decidió no presentarse pero finalmente hizo las pruebas después de que le llamaran desde la Diputación y le instaran a hacerlas.

En las sesiones de este juicio las acusaciones populares han elevado sus peticiones hasta seis años de prisión para David Sánchez, cuatro años para Gallardo y dos para Carrero, como principales acusados, mientras que las defensas han pedido la libre absolución para los once acusados.

El Gobierno espera que "la justicia haga justicia"

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha puesto en valor los testimonios "muy contundentes" que valarían que no hubo irregularidades en la contratación de David Sánchez.

Saiz ha recordado que la Fiscalía ha pedido la absolución del hermano del Presidente y que PP, Vox y "algunas asociaciones de ultraderecha" son las que mantienen la acusación. "Dicho esto, como siempre les digo, confianza en que la justicia haga justicia", ha zanjado.

Desde el PP la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, también ha expresado su respeto a los procedimientos judiciales y ha dicho que van a ver si sus conductas "han sido delictivas o no lo han sido". Pero ha insistio que "en cualquier caso, han estado fuera de toda ética. Yo creo que también es importante que, más allá de las responsabilidades penales, los que ejercemos cargos públicos también tenemos responsabilidades éticas, que son previas a la responsabilidad penal", ha finalizado.