La Fiscalía pide nueve años de cárcel para el capitán y los armadores del pesquero Villa de Pitanxo
- Les atribuye 21 delitos de homicidio imprudente
- La fiscal sostiene que los acusados permitieron que la actividad se desarrollara en condiciones inseguras
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La Fiscalía ha pedido nueve años de prisión para el capitán y los dos directivos de la armadora del Villa de Pitanxo, el pesquero gallego que se hundió en 2022 frente a las costas de Terranova, en Canadá, provocando la muerte de 21 marineros. Del total de la tripulación, solo hay tres supervivientes.
El escrito de acusación del Ministerio Público culpa a Juan Enrique Padín, capitán del buque; José Antonio Nores Rodríguez, administrador de la armadora, y al hijo de este, José Antonio Nores Ortega, director de flota. Se les atribuye 21 delitos de homicidio imprudente, un delito de lesiones imprudentes y, a su vez, un delito contra los derechos de los trabajadores.
La Fiscalía ha pedido para cada uno de ellos nueve años de prisión y, en el caso del capitán, la inhabilitación por un periodo de 13 años para la profesión de patrón de buque, mismo periodo al que se enfrentan Nores Rodríguez y Nores Ortega, en su caso, para la administración o dirección de sociedades dedicadas a la pesquería marítima.
Los tres acusados deben responder solidaria y conjuntamente por la responsabilidad civil del naufragio del Villa de Pitanxo, así como la aseguradora como responsable civil directa y, subsidiariamente, Pesquerías Nores.
El Ministerio Fiscal propone una extensa batería de pruebas para la vista oral, como la declaración de los supervivientes (Samuel Koufie y Eduardo Rial), familiares de las víctimas y tripulantes de los barcos de rescate (Playa Menduiña Dos, Río Caxil).
También solicita periciales para la ratificación de los informes judiciales, el de la CIAIM (Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos) y el de la Inspección de Trabajo, además de atestados de la Guardia Civil, certificados de navegabilidad, planos de salvamento, libros de estabilidad, discos duros del operativo de búsqueda del pecio e informes médicos.
Sobrecarga en el buque y falta de medidas preventivas
La fiscal sostiene que los investigados permitieron que la actividad se desarrollara en condiciones inseguras, con inobservancia de medidas preventivas y con un “grosero desprecio por la vida e integridad física de los tripulantes”, lo que, según su relato, desembocó en el naufragio.
Entre los elementos que la Fiscalía reprocha se encuentran la sobrecarga del buque, en parte por tanques de combustible instalados sin autorización legal; la falta de medidas preventivas adecuadas; y deficiencias en las condiciones de abandono y salvamento.
Respecto al capitán, la Fiscalía le atribuye no haber tomado medidas precautorias ante una virada en condiciones meteorológicas muy adversas, como asegurar el cierre de aberturas del casco y puertas estancas. También le reprocha no haber valorado adecuadamente la situación del barco en la fase final de la maniobra y haber dado la orden de abandono demasiado tarde.
En cuanto a los armadores, el Ministerio Público les responsabiliza de no haber cumplido con exigencias de seguridad como la existencia de una escalera de estribor, no haber facilitado instrucciones concretas sobre qué debía hacer cada tripulante en una emergencia y haber dispuesto los trajes de inmersión y chalecos en los camarotes, dificultando su recogida.
El buque, apunta la Fiscalía, operaba en una zona de intensa formación de hielo, algo expresamente prohibido en su Libro de Estabilidad por no contar con los cálculos y protecciones reglamentarias.
