'Puertas giratorias' y 'lobbies': así se regula la actividad de los exgobernantes en Europa
- Los altos cargos del Estado y las 'puertas giratorias': ¿qué dice la ley?
- Envíanos consultas al 659 800 555 o a verificartve@rtve.es
La dirección de esta página ha sido copiada en su portapapeles
La actividad de los políticos tras dejar sus cargos vuelve a generar dudas tras la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Los principales países europeos y las instituciones de la UE han aprobado normas contra las llamadas 'puertas giratorias', con períodos de espera en los que los exgobernantes no pueden pasar a trabajar en el sector privado sin autorización, ni formar parte de grupos de presión (lobbies). Analizamos qué diferencias hay entre España y los países de nuestro entorno.
En España tanto el expresidente del Gobierno como los más de 800 altos cargos tienen que pedir permiso a la Oficina de Conflicto de Intereses durante los dos años siguientes tras dejar su cargo público para pasarse al ámbito privado, como ya te explicamos en este artículo de VerificaRTVE. Felipe González aprobó un Estatuto sobre los expresidentes que les concede una pensión vitalicia y les aporta una serie de servicios (automóvil, seguridad, gastos de oficina...). Sin embargo, esta norma no limita sus actividades posteriores.
Tres años en Francia, dos en Reino Unido y uno en Italia
En los grandes países de Europa hay normas similares para los jefes de gobierno. Saltar al sector privado desde un cargo político se conoce en España como 'puerta giratoria', calcado del inglés 'revolving doors', pero en Francia se conoce popularmente como "pantouflage" (derivado de la palabra pantufla). El Código Penal francés prohíbe que cualquier funcionario pueda trabajar o asesorar a una empresa privada antes de que pasen tres años desde que abandonó su cargo público, si sus decisiones han influido sobre esa compañía. Incumplirlo supone dos años de cárcel y una multa de 30.000 euros. La Alta Autoridad para la Transparencia en la Vida Pública investiga los conflictos de intereses y los casos de 'puertas giratorias'.
En Alemania, el excanciller Gerhard Schröder, que lideró el Gobierno durante siete años, acordó la construcción del gasoducto Nord Stream con Rusia. Unos meses después de perder las elecciones en 2005 entró en el Consejo de Administración de la empresa encargada del gasoducto, hasta que renunció a sus cargos en 2022 por la invasión de Ucrania. La Cámara Baja del Parlamento alemán (Bundestag) aprobó en 2015 una ley "para prevenir conflictos de intereses" de los miembros del Gobierno federal. Desde entonces, tienen que esperar 18 meses antes de poder trabajar en el sector privado.
Lo mismo ocurre en Italia, donde se prohíbe desde 2004 que los primeros ministros y los ministros trabajen en empresas privadas que se han visto afectadas por sus decisiones gubernamentales. Esta prohibición dura un año tras abandonar el Gobierno, aunque a veces, como demostró Silvio Berlusconi, la política y los negocios se entremezclan incluso cuando están en el cargo. Como explicó Alejandra Martínez en el informativo de RNE el 22 de mayo (minuto 04:25), en Reino Unido "son dos años de incompatibilidad y, aunque hay órganos de control, solo emiten recomendaciones", mientras que "si salimos de Europa, la más ejemplar es Canadá, donde hay incompatibilidad durante 5 años" para ejercer presión política.
En España, la normativa sobre puertas giratorias afecta a los altos cargos de la Administración General del Estado, pero no a los diputados y senadores. Según un informe del Parlamento Europeo en 2024 (página 5), solo 7 de los 27 países de la UE obligan a sus parlamentarios a tener que esperar o pedir permiso para trabajar en la empresa privada tras abandonar sus escaños.
Las 'puertas giratorias' en la Unión Europea
En la Unión Europea, los comisarios se rigen por un Código de Conducta que les obliga, cuando dejan el cargo y durante los dos años siguientes, a notificar a la Comisión Europea "su intención de ejercer una actividad profesional" y deben recabar su autorización. También tienen prohibido ejercer labores de "presión" tras el cese de sus funciones. Ese período se amplía a tres años para los expresidentes de la Comisión Europea. La norma, aprobada en 2018, aún no estaba en vigor cuando José Manuel Durao Barroso fichó como asesor por el banco de inversiones Goldman Sachs tras dejar de presidir el Ejecutivo comunitario en 2016.
El presidente del Consejo Europeo también tiene prohibido durante 18 meses cualquier actividad de 'lobby'. Y, si quiere trabajar para una compañía privada, debe pedir permiso a la propia institución europea.
Sin embargo, los eurodiputados solo tienen que esperar seis meses. La Eurocámara impuso a los parlamentarios ese período sin actividad privada tras el estallido del caso 'Catargate' en 2022. La vicepresidenta del Parlamento y eurodiputada griega Eva Kaili fue detenida por recibir sobornos a cambio de influir a favor de Catar en la institución europea. Transparencia Internacional considera "simbólico" este período de tiempo porque en los primeros seis meses de cada legislatura la "actividad legislativa es mínima".
Los 'lobbies': regulados en la UE, pero aún no en España
Un lobby es un grupo de presión cuyo objetivo es influir en la toma de decisiones en el ámbito público a favor de determinados intereses o en la elaboración de normas. En España, el Gobierno aprobó en enero de 2025 un anteproyecto de ley para regularlos. El texto superó superó la enmienda presentada por Vox, pero más de un año después continúa tramitándose en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
En cambio, otros países de nuestro entorno sí cuentan con leyes que regulan la actividad de los grupos de interés. Según un informe de Transparencia Internacional, en 2024 había 15 estados miembro de la UE que contaban con un registro público de lobistas (página 6), aunque solo Francia, Alemania y Finlandia se adecuan a sus estándares. Portugal ha sido uno de los últimos países en aprobarlo, en enero de 2026.
La Unión Europea también regula la actividad de los lobbies a través de un registro "en el que figuran los grupos y organizaciones que intentan influir" en las políticas europeas. Forman parte de él Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea. "Está concebido para mostrar qué intereses están representados a escala de la Unión y en nombre de quién, así como los recursos financieros y humanos dedicados a estas actividades", dice la Eurocámara. Actualmente forman parte de ese registro 17.495 organizaciones.
