Plus Ultra expresa su disposición a colaborar y pide evitar "interpretaciones descontextualizadas" sobre su rescate
- El Gobierno niega trato de favor y asegura que la aerolínea obtuvo un aplazamiento de su deuda con la Seguridad Social
- La compañía tiene 700 empleados y opera, entre otras, rutas a Madrid, Buenos Aires, Caracas, Lima y Tenerife
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La aerolínea española Plus Ultra ha pedido este jueves evitar "interpretaciones parciales o descontextualizadas" sobre el procedimiento judicial de la Audiencia Nacional sobre su rescate y la vinculación con el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, después de que el juez haya decidido imputarle en la causa por presunto tráfico de influencias en relación con el uso supuestamente fraudulento de una parte del préstamo otorgado por el Ejecutivo.
En un comunicado, la aerolínea advierte de que el tratamiento informativo de esta información "requiere gran precisión y responsabilidad" y explica que ha tenido conocimiento del levantamiento del secreto del sumario a través del auto emitido por el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que está analizando su contenido con el máximo rigor.
Además, Plus Ultra reitera su total disposición a colaborar en el esclarecimiento de los hechos, trasladando un mensaje de respeto hacia el proceso judicial.
Por último, señala que la causa judicial es independiente de la actividad de la compañía y que todas las rutas se están operando conforme a programación y se continúa ejecutando el plan de negocio establecido y los compromisos adquiridos con clientes, pasajeros y personal.
Plus Ultra, que nació en 2015, tiene 700 empleados y cuenta con personal propio en Europa y América. Con rutas a Madrid, Buenos Aires, Caracas, Lima y Tenerife entre otras. La compañía opera en 16 países de 4 continentes. Es miembro de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA por sus siglas en inglés) y cuenta con las certificaciones IOSA y IEnvA. Su flota de aviones está compuesta por aparatos del modelo Airbus A330.
El Gobierno niega trato de favor a Plus Ultra en sus deudas con la Seguridad Social
Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han señalado que la aerolínea Plus Ultra obtuvo un aplazamiento de su deuda con la Seguridad Social que se ciñó "a la normativa vigente" como ocurrió con otras empresas. Así lo aseguran a través de un comunicado publicado en la red social Telegram.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga el papel del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la concesión de préstamos a Plus Ultra tras el estallido de la pandemia, cuestiona la pertinencia de esa asistencia al entender que se encontraba en causa de disolución y no cumplía los requisitos.
Entre los requisitos exigidos para acceder a los recursos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) habilitado para asistir a las compañías que vieron comprometida su viabilidad a raíz del estallido de la pandemia de covid, gestionado por SEPI, figura la obligación de hallarse al corriente, a 31 de diciembre de 2019, en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).
En su solicitud, Plus Ultra adjuntó dos certificados de estar al corriente en dichas obligaciones, uno de ellos firmado por el subdirector general adjunto de la TGSS, José Luis Encinas Prado, y otro por Belén Fruiters Casado, jefa de Sección en la Subdirección Provincial de Gestión recaudatoria de la Dirección Provincial de la TGSS de Madrid.
Ambos aseguraban que la compañía "no tenía pendiente de ingresos, en agosto de 2020, ninguna reclamación por deudas ya vencidas con la Seguridad Social". Sin embargo, un asesor externo de Deloitte contratado por SEPI para examinar la situación de Plus Ultra constató en febrero de 2021 que la aerolínea le había facilitado documentación relativa a una deuda preexistente con la Seguridad Social cuyo importe era de 451.954,79 euros, según recoge el auto.
Frente a estas consideraciones del juez, fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, cuyo titular era entonces el actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, explican que dentro del ámbito de competencia de la TGSS está la tramitación de los aplazamientos, "que se efectúa siguiendo el máximo rigor y la legalidad vigente, sin ánimo de perjudicar o favorecer a una compañía concreta y de acuerdo con criterios estrictamente técnicos".
El aplazamiento de cuotas es una herramienta habitual que solicitan muchas empresas en momentos puntuales, y que durante la pandemia de la COVID se utilizó de forma más intensiva. Para ello, las empresas tienen que acreditar una dificultad transitoria de liquidez y su viabilidad de pagar los vencimientos del aplazamiento, que se debe justificar con garantías.
En una respuesta por escrito enviada hace unos días al Senado y recogida por Servimedia, el Gobierno asegura que tienen "carácter reservado" los expedientes sobre los rescates que la SEPI concedió en la pandemia de la COVID-19, que fueron tramitados por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee) y que lograron empresas como Plus Ultra y Air Europa.
El Ejecutivo se refiere a esta cuestión en una respuesta por escrito enviada hace unos días al Senado y recogida por Servimedia, donde el parlamentario del PP José Antonio Monago se había interesado sobre los detalles del préstamo de 53 millones concedido a Plus Ultra en marzo de 2021. En concreto, Monago pidió al Gobierno que aclarara "de forma completa qué contactos institucionales o extraoficiales se produjeron con intermediarios, empresarios o ex altos cargos en relación con el rescate de Plus Ultra".
