La izquierda se afianza como rival de Keiko Fujimori para la segunda vuelta de Perú el 7 de junio
- El izquierdista Roberto Sánchez adelanta en más de 23.000 votos a Rafael López Aliaga
- La primera vuelta se celebró el 12 y 13 de abril por fallos que dificultaron la participación
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Hace casi un mes de las elecciones de Perú, celebradas en dos jornadas —12 y 13 de abril— por fallos que dificultaron la participación, y cobra fuerza una segunda vuelta el próximo 7 de junio entre un rival de izquierdas y Keiko Fujimori, eterna aspirante a la Presidencia.
Con un 98,2% escrutado, Roberto Sánchez, alfil del expresidente condenado por un intento de golpe de Estado Pedro Castillo —al que asevera que indultará si llega al poder—, mantiene una ventaja de más de 23.709 votos sobre Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima y de posiciones muy conservadoras.
Keiko Fujimori, líder de la formación de derechas Fuerza Popular e hija del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) cuenta con el 17,13% de apoyos, 2.824.688 votos; seguida por Sánchez con el 12,03%, un total de 1.984.313 sufragios; y López Aliaga con el 11,89% y 1.960.604 votos.
Se acerca así el término de un dilatado proceso electoral que ha quedado empañado por irregularidades. El propio López Aliaga llegó a decir que no reconocerá ningún resultado al insistir en sus denuncias de fraude sin pruebas, y llamó a sus seguidores a la "insurgencia civil" y a "incendiar la pradera".
Las anomalías tienen que ver con retrasos en la distribución de material electoral, deficiencias en el traslado de votos o intermitencias en la plataforma digital para que los miembros de la mesa electoral subiesen directamente a la base de datos los resultados del acta, sin necesidad de elaborarla a mano.
El órgano electoral minimiza su impacto
Según ha detallado la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), encargado de organizar y ejecutar los procesos electorales en Perú, se han contabilizado 91.113 actas de votación y solo queda pendiente que las oficinas del jurado electoral revisen 1.653 actas electorales.
Este órgano transmite prudencia ante una lectura tremendista de los déficits registrados en la jornada electoral. El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, ha reafirmado ante una comisión del Congreso que durante las elecciones generales hubo retrasos en la distribución del material electoral, sobre todo en Lima, pero remarcó que la participación fue similar a otros comicios.
Ha dicho que los retrasos afectaron al 1,34% de las mesas de votación en Lima, pero a nivel nacional solo llegaron al 0,4% del total.
Sin embargo, la Asociación Civil Transparencia ha instado a dimensionar "las graves incidencias" ocurridas en la jornada electoral y, aunque ha sostenido que solo llegaron al 0,65% del total de locales en el país, ha asegurado que "afectaron claramente la votación en locales focalizados en Lima".
"No existió fraude"
El organismo ha remarcado que, pese a ello, "no existen evidencias" de que estos problemas "hayan sido sistemáticos e intencionales", por lo que considera que "no existe un escenario de fraude o distorsión de la voluntad popular".
Desde el inicio de la jornada electoral, López Aliaga ha denunciado, sin presentar pruebas contundentes, un fraude en su contra al considerar que se afectó la votación en Lima, donde tiene su gran bastión electoral.
El partido de Sánchez, Juntos por el Perú, ha señalado que se está judicializando el proceso electoral con el objetivo de obstruir su desarrollo, ya que, según señala, se han interpuesto cuatro procesos de amparo que buscan paralizar la culminación del conteo.
Por su parte, Fujimori ha comenzado un recorrido por el país con miras a la segunda vuelta. Le ha llevado a visitar la región sureña de Ica, la andina de Ayacucho y la amazónica de Ucayali, uno de los departamentos donde la heredera política de Alberto Fujimori fue la más votada en primera vuelta.
Irregularidades
Numerosos colegios en Lima abrieron el día de los comicios con varias horas de retraso por falta de material electoral, debido a problemas logísticos con la compañía de distribución, lo que generó grandes filas y malestar en los electores que esperaban votar desde primera hora de la mañana.
El traslado de los votos hasta sus respectivos almacenes también estuvo lleno de deficiencias. En Lima se hizo en taxis comunes repletos de cajas sin la debida custodia, lo que causó el extravío de cuatro cajas con 1.200 votos ya computados que aparecieron posteriormente en un canal de televisión, que dijo haberlas encontrado supuestamente en la basura.
Para estas elecciones, la ONPE estrenaba el STAE (Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio), una plataforma digital para facilitar la subida a la base de datos de los resultados del acta. Sin embargo, las intermitencias y dificultades de conexión al sistema llevaron a que las mesas terminasen haciendo las actas a mano, y los fallos técnicos motivaron que miembros de estas, cansados tras casi 24 horas de trabajo entre la votación y el conteo de votos desistiesen, como ocurrió en una mesa del Callao, donde rompieron el material producto de la frustración.
El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, ha presentado este martes su dimisión al asumir su responsabilidad sobre los problemas logísticos registrados en los comicios, presionado por las investigaciones abiertas en su contra y la solicitud de López Aliaga de su detención y sea enviado a la cárcel de manera inmediata.
Nueve mandatarios en diez años
Perú, tras nueve mandatarios en una década, tendrá así un nuevo presidente después de este proceso electoral polémico y una segunda vuelta a un mes vista. La candidata que ha recibido más apoyo en las elecciones de abril fue Keiko Fujimori, ya a las puertas de la Presidencia en 2011, 2016 y 2021.
En estas últimas elecciones Fujimori perdió contra Pedro Castillo, condenado a 11 años de prisión por intentar un golpe de Estado en 2022. No ha sido el único de esta decena de mandatarios que han llegado a ingresar en prisión. Alejandro Toledo, (2001-2006), fue condenado por colusión y lavado de activos; Ollanta Humala (2011-2016), por haber recibido aportaciones ilícitas de Hugo Chávez para financiar sus campañas electorales, y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), en arresto domiciliario entre 2019 y 2022 por sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht.
A pesar de la evidente inestabilidad política y de una percepción generalizada de la corrupción —según el Barómetro de las Américas, ocho de cada diez peruanos consideran que todos o la mayoría de los políticos son corruptos—, presenta una situación macroeconómica positiva, con un crecimiento anual al 3% en los últimos dos años y una inflación del 2%, por debajo del techo marcado.
