El expresidente peruano Pedro Castillo, condenado a 11 años de prisión por intentar un golpe de Estado en 2022
- También han sido condenados los exprimeros ministros Betssy Chávez y Aníbal Torres
- Actualmente hay cuatro ex jefes de Estado de Perú en prisión, la mayoría por corrupción
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El expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022) ha sido condenado este jueves a 11 años, cinco meses y 15 días de cárcel por el delito de conspiración para una rebelión, a raíz del fallido intento de golpe de Estado que protagonizó el 7 de diciembre de 2022. Por el mismo caso ha recibido igual sentencia la exprimera ministra Betssy Chávez, asilada en la residencia de la embajada de México en Lima.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema ha considerado que el exmandatario izquierdista, que ya lleva tres años detenido, no consumó el delito de rebelión al no concretarse sus intenciones golpistas, motivo por el que la Fiscalía varió durante el juicio la solicitud de pena contra el ex jefe de Estado desde 34 años de cárcel a la finalmente dictada por el tribunal.
El expresidente de Perú Pedro Castillo asiste al veredicto este jueves en la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, en Lima EFE/ Renato Pajuelo
El exgobernante ha sido absuelto de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación del orden público, pero le han impuesto una inhabilitación para ejercer cargos públicos por dos años, además del pago de una indemnización de 12 millones de soles (3,5 millones de dólares) en forma solidaria con sus coacusados.
Respecto a Chávez, se ha emitido una nueva orden de búsqueda y captura contra ella, que permanece en la sede diplomática de México sin que el Gobierno de transición de Perú, con el presidente interino derechista José Jerí al mando, le haya concedido un salvoconducto para que pueda viajar a México.
El expresidente de Perú Pedro Castillo asiste al veredicto en su juicio en Lima el 27 de noviembre de 2025 AFP/ ERNESTO BENAVIDES
La audiencia se ha celebrado en una sala de Barbadillo, la cárcel para expresidentes de Perú, donde Castillo está recluido desde 2022 por este caso, y donde también están los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y desde ayer Martín Vizcarra (2018-2020), quien fue condenado el miércoles a 14 años de prisión por haber recibido sobornos cuando fue gobernador de la región de Moquegua.
Varios seguidores de Castillo han llegado hasta las puertas del cuartel policial donde está la prisión de Barbadillo para reclamar la libertad del exmandatario y protestar contra un juicio que consideran político.
Un simpatizante del expresidente Pedro Castillo se manifiesta a las puertas del lugar donde ha sido condenado por intentar un golpe de Estado en 2022 AP /Guadalupe Pardo
El caso
El 7 de diciembre de 2022, Castillo ordenó cerrar el Congreso, intervenir la Judicatura y gobernar temporalmente por decretos, ante el temor de una nueva e inminente moción del Congreso, dominado por la oposición, para destituirlo tras salir a la luz indicios de presunta corrupción en su administración que lo salpicaban directamente a él.
Tras no surtir efecto sus órdenes, Castillo dejó el Palacio de Gobierno de Lima para dirigirse aparentemente a la Embajada de México, pero antes de llegar fue detenido todavía en funciones y seguidamente el Congreso lo destituyó de manera exprés, sin los votos suficientes para ejecutar la destitución en el mismo día.
Su esposa e hijos fueron asilados por México, país con el que Perú ha roto las relaciones diplomáticas tras el asilo a Chávez, y permanecen en ese país desde entonces.
El juicio
El juicio comenzó en marzo de este año. Castillo acudió sin abogado ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema.
Willy Huerta Olivas, exministro del Interior, ha recibido la misma pena que Castillo y Chávez, pero quedará suspendida hasta la segunda instancia en caso de que apele y siga una serie de normas de comportamiento. Aníbal Torres, también ex primer ministro y jefe de asesores de Castillo en el momento de los hechos, ha sido condenado a seis años y ocho meses de cárcel que el tribunal ha dejado sin aplicar por razones humanitarias debido su edad, 82 años.
Por su parte, los exjefes policiales Manuel Lozada y Justo Venero han sido absueltos de los cargos.
A los pocos días de comenzar la vista oral, Castillo anunció que comenzaba una huelga de hambre mediante una misiva publicada en su cuenta de la red social X, que firmó como "presidente en cautiverio". El exmandatario afirmó que está "recluido injustamente" por actos "que nunca cometió" y denunció que el tribunal que lo procesa, "con una jueza que ha adelantado opinión", ha forzado el delito de rebelión para acusarlo y condenarlo.
"He decidido acatar (comenzar), a partir de la fecha, una huelga de hambre, acto que me lleva a tomar por las injusticias que se vienen cometiendo conmigo", escribió en la carta firmada por él y por el abogado Walter Ayala, quien criticó que Castillo fuera procesado por rebelión porque, según agregó, el intento de golpe de Estado no se concretó y no hubo un alzamiento de armas, pues no contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
