El juez Peinado vuelve a proponer que un jurado popular juzgue a Begoña Gómez por malversación en abril
- Cita como investigados a Begoña Gómez, a su asesora Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés
- Peinado hace de nuevo la propuesta porque la Audiencia de Madrid la anuló en febrero por falta de motivación
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El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a transformar las diligencias judiciales contra Begoña Gómez en un procedimiento a través de la Ley del Jurado para proponer de nuevo que un jurado popular sea el que juzgue a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la causa por un presunto delito de malversación.
Peinado hace de nuevo la propuesta porque la Audiencia de Madrid la anuló el pasado 23 de febrero por falta de motivación. De acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 25 de la ley del Jurado, el juez cita como investigados el 1 de abril a Begoña Gómez, a su asesora en Moncloa Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés para comunicarles que si el procedimiento sigue adelante con la apertura de juicio oral, será un jurado popular el que lleve la causa.
Cuando fueron citados en la primera ocasión, acudieron las defensas de Gómez, Álvarez y Barrabés, ya que se trata de un paso de carácter meramente informativo para poner en su conocimiento este trámite.
De nuevo, en esta ocasión el juez acuerda la acumulación del delito de malversación en la misma causa con el resto de delitos por los que se investiga a Gómez: tráfico de influencias, corrupción en los negocios e intrusismo profesional.
Peinado no "duda" de que se sirvió de su condición de esposa del presidente
Ahora, en un auto de 46 páginas, el juez insiste en que el objeto del auto "no es anticipar un hipotético auto de apertura de juicio oral, o de sobreseimiento, sino en el de verificar la verosimilitud de los hechos" referidos a los delitos de malversación de caudales públicos y de tráfico de influencias, que son competencia del tribunal de jurado.
El juez considera que "no ofrece duda alguna" que Begoña Gómez "desde su prevalente posición de esposa del presidente del Gobierno" contactó en actividades de carácter "totalmente privado" con el empresario Juan Carlos Barrabés —investigado en la causa—, que hizo lo mismo con el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache y que se sirvió de "esa prevalencia", en este caso, "moral", de su condición de esposa del presidente del Gobierno.
Desde esa condición que "per se" que, según el juez, influye en la conducta de cualquier ciudadano, por el "poder que su esposo tiene" para "beneficiar a un empresario", en este caso, a Barrabés, se reunió con ellos, en las dependencias de la Moncloa.
Y el juez considera además que se pudo valer de esa condición de esposa del jefe del Ejecutivo Begoña Gómez para escribir cartas sugiriendo, "directa o indirectamente, la adjudicación de concursos públicos, de contratos de prestación de servicios", para crear, para su dirección, una cátedra extraordinaria en la UCM y contrató "a su amiga e investigada, María Cristina Álvarez Rodríguez", no solo para cuestiones protocolarias o institucionales, sino "para sus actividades privadas".
