Trump ordena que ICE se mantenga al margen de las protestas en “ciudades demócratas", salvo petición expresa
- El Gobierno federal sí protegerá con firmeza los edificios e instalaciones bajo su jurisdicción para evitar incidentes
- Una jueza federal rechaza emitir orden de emergencia para detener el despliegue de agentes de inmigración en Mineápolis
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que los agentes federales no intervendrán en protestas o disturbios en ciudades gobernadas por demócratas a menos que las autoridades locales soliciten ayuda formalmente. No obstante, aseguró que el Gobierno federal seguirá protegiendo con firmeza los edificios e instalaciones bajo su jurisdicción.
En un mensaje publicado en la red social Truth Social, Trump explicó que había ordenado a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que el Departamento de Seguridad Nacional se mantuviera al margen de las protestas en “ciudades demócratas", a las que calificó de "mal gestionadas”, salvo que exista una petición expresa de apoyo o que la propiedad federal esté en riesgo. “Guardaremos, y con mucha fuerza, cualquier edificio federal que esté siendo atacado”, escribió.
Trump hizo esta declaración tras conocer el dictamen de una jueza federal que rechazó emitir una orden de emergencia para detener la operación federal 'Metro Surge'.
La resolución de la jueza federal Menendez y las primeras reacciones
La resolución de la jueza federal Kate Menendez, del distrito de Minnesota, se convirtió en un nuevo punto de fricción entre la administración Trump y las autoridades estatales. Menendez, nombrada por el presidente Joe Biden, rechazó emitir una orden de emergencia que habría paralizado de inmediato la operación federal “Metro Surge”, un despliegue masivo de agentes de inmigración en el área de Mineápolis–Saint Paul.
En su dictamen, la jueza subrayó que el Tribunal de Apelaciones ya había suspendido recientemente una orden más limitada que restringía las tácticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minnesota. A partir de ese precedente, Menendez concluyó que detener por completo la operación federal sería una medida “aún más extrema” y difícil de justificar en esta fase inicial del litigio. Su razonamiento dejó entrever que, aunque el caso seguirá su curso, el listón legal para frenar una operación federal en marcha es especialmente alto.
La demanda presentada por el estado de Minnesota acusaba a los agentes federales de realizar perfiles raciales, detener ilegalmente durante horas a residentes con status legal y generar miedo mediante tácticas excesivamente agresivas.
La decisión provocó reacciones inmediatas. El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, uno de los impulsores de la demanda, expresó su decepción pero aseguró que la batalla legal continuará. “Estamos obviamente decepcionados con la decisión del tribunal, pero este caso acaba de empezar y queda mucho camino por recorrer. Vamos a seguir luchando”, afirmó en un comunicado.
En el ámbito político, la resolución alimentó el debate sobre el alcance de la autoridad federal en materia de inmigración. Funcionarios estatales y locales reiteraron su preocupación por lo que consideran un uso excesivo de la fuerza y tácticas intimidatorias por parte de los agentes federales. Algunos líderes comunitarios denunciaron que la presencia masiva de agentes ha generado un clima de miedo entre residentes, incluidos ciudadanos estadounidenses y personas con estatus legal.
Desde la Casa Blanca, la administración Trump defendió la decisión judicial como una validación de su estrategia. Portavoces federales insistieron en que la operación responde a la necesidad de “hacer cumplir la ley” y que continuará mientras sea necesario. Algunos funcionarios llegaron a sugerir que el despliegue podría reducirse si Minnesota acepta ciertas condiciones, como limitar protecciones legales para inmigrantes sin autorización.
En paralelo, organizaciones de derechos civiles y grupos comunitarios criticaron duramente el fallo, argumentando que deja a miles de residentes expuestos a prácticas que consideran abusivas. Varios colectivos anunciaron que intensificarán la documentación de incidentes y que seguirán presionando para que se investiguen las muertes de Renee Good y Alex Pretti, que han actuado como catalizadores del malestar social.
La decisión de Menendez, lejos de cerrar el debate, parece haberlo intensificado. El caso seguirá avanzando en los tribunales mientras las tensiones continúan en las calles de Mineápolis.
