Libertad con medidas cautelares para Leire Díez, el expresidente de la SEPI y el socio de Santos Cerdán
- Los tres fueron detenidos el miércoles por presuntas irregularidades en contratos públicos
- Están acusados de delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal
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El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña dejará previsiblemente en libertad con medidas cautelares, tras tomarles declaración, a la ex militante socialista, Leire Díez, al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y a Antxon Alonso, considerado por los investigadores socio del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en la empresa Servinabar, ambos investigados en el caso Koldo.
La Fiscalía Anticorrupción, única parte en el caso, ha pedido la libertad para los acusados con medidas que consisten en la retirada del pasaporte y comparecencias periódicas en el juzgado para los tres.
Los arrestados han declarado durante hora y media después de haber sido previamente puestos a disposición de la Audiencia Nacional tras agotar el plazo máximo de tres días de detención, durante los que han permanecido en calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos, Madrid.
Leire Díez y el socio de Cerdán se han acogido a su derecho a no declarar, mientras que sí lo ha hecho el expresidente de la SEPI, según ha podido saber RTVE. Mientras, se prevé que se practiquen más diligencias.
Los tres fueron detenidos el pasado miércoles por presuntas irregularidades en contratos públicos por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en una operación dirigida por el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, del que Piña es el titular, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción. Los delitos por los que se les investiga en el marco de esta causa, que se encuentra bajo secreto, son prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.
Entradas y registros en organismos públicos, empresas y domicilios
En paralelo a las detenciones, la UCO ha estado practicando desde el miércoles una veintena de entradas y registros y requerimientos de documentación en organismos, empresas y domicilios que estarían relacionados con los contratos bajo sospecha en varias provincias, entre ellas Madrid, Zaragoza, Sevilla o Navarra.
Así, los agentes han acudido a pedir información a la SEPI o a Correos, y han registrado la sede de Enusa, empresa de titularidad pública dependiente de la primera y en la que Leire Díez estuvo contratada como responsable de comunicación coincidiendo con la etapa en la que Vicente Fernández presidió la SEPI (2018-2019). En Correos, donde llegó a ser directora de Filatelia, tuvo varios cargos hasta 2023.
Este viernes, un día antes de que sean puestos a disposición judicial, la UCO acudió a organismos dependientes de los Ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, fundamentalmente direcciones generales, en busca de documentación sobre contratos y subvenciones bajo la lupa de los investigadores. En concreto, los agentes han requerido información a la Dirección General de Patrimonio del Estado o el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (de Hacienda) o la Dirección General de Política Energética y Minas (Transición Ecológica).
También se personaron este viernes en Cofivacasa, perteneciente a la SEPI. El jueves, la UCO acudió a recabar documentación a las empresas públicas Sepides y Mercasa y acudieron también a las instalaciones de Forestalia en Zaragoza y Madrid; a la asesoría fiscal Conaudire, en la capital maña, o a la empresa Cemsal.
También registraron un bar de Sevilla gestionado por la sociedad La Bola Innovación, creada en 2014 por la pareja del expresidente de la SEPI, quien fue administradora hasta junio de 2023, cuando tomó el relevo el propio Vicente Fernández. La UCO se incautó de la contabilidad y dispositivos del local para determinar si pudo usarse para blanquear dinero presuntamente ilícito de la trama investigada.
Se da la circunstancia de que Leire Díez ya estaba imputada en otra causa por cohecho y tráfico de influencias a raíz de unos audios conocidos el pasado mes de mayo respecto a supuestas maniobras contra la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que investigaba los casos de corrupción que afectan al PSOE y también los del entorno personal del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sin embargo, no fue detenida entonces por aquello.
