El Supremo prohíbe salir de España a los exdirectivos de Acciona que niegan amaños en obras públicas con Cerdán

• Son el exdirectivo Justo Vicente Pelegrini, y sus subordinados Tomás Olarte y Manuel García Alconchel
• Sus nombres aparecieron en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil

El exdirectivo de Acciona, Justo Vicente Pelegrini, a su llegada al Tribunal Supremo. Fernando Sánchez

El Tribunal Supremo ha ordenado medidas cautelares para los exdirectivos de Acciona que han declarado por participar en los presuntos amaños de obra pública que se investigan en el caso Koldo. En concreto, ha prohibido salir de España y ha decretado comparecencias cada quince días en sede judicial para Justo Vicente Pelegrini, quien fuera director de Acciona Construcción de España, y a Tomás Olarte, exdirector de la zona norte de la compañía.

Así lo ha acordado este miércoles el juez Leopoldo Puente, instructor del caso Koldo en el Supremo, en sendos autos a los que ha tenido acceso RTVE, que ha tomado esta decisión a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Para garantizar el cumplimiento de estas medidas cautelares, el juez también ha retirado el pasaporte a los dos investigados.

En el marco de las vistas, las acusaciones populares, que lidera el PP, se han adherido a la petición del Ministerio Público, mientras que las defensas han mostrado su oposición a que se acuerden las mencionadas medidas cautelares, según las fuentes consultadas.

Presuntas mordidas con Servinabar

Los exdirectivos de Acciona han declarado como imputados ante Puente por presuntas mordidas del 2% en los proyectos con Servinabar, la empresa vinculada al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Los tres cargos de Acciona para los que el Ministerio Público pide medidas cautelares son el exdirectivo Justo Vicente Pelegrini, y sus subordinados Tomás Olarte, y Manuel José García Alconchel, que se encuentran suspendidos en la constructora tras aparecer sus nombres en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Para Pelegrini y Olarte, según fuentes jurídicas, la Fiscalía pide comparecencias periódicas en el juzgado, la retirada de pasaporte y la prohibición de salir de España.

Pelegrini reconoce cenas con Antxon Alonso y Cerdán

Según fuentes presentes en la declaración, Pelegrini ha dicho que todos los pagos realizados a Servinabar se hicieron a cambio de trabajos en materia de prevención de riesgos laborales. Además, ha asegurado que tenían una relación de confianza con el administrador de la empresa, Antxon Alonso, con el que muchas veces salía a cenar, a veces con el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Junto a esto, ha añadido que las reuniones con Cerdán se enmarcaron en el proyecto minero Mina Muga, próximo a Pamplona. Según han detallado las fuentes, ha declarado que esta obra era "muy importante" y que el 2% para Servinabar era, nuevamente, a cambio de trabajos de prevención de riesgos, como la limpieza de camiones para evitar accidentes laborales.

Por su parte, Olarte ha asegurado que no conoce a ninguno de los investigados, únicamente a Alonso.

El juez también ha interrogado a Manuel José García Alconchel, director de la zona sur de Acciona Construcción, suspendido también por Acciona en sus funciones el pasado 18 de noviembre, cuando trascendió otro informe de la UCO centrado en las relaciones entre ambas empresas y con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Pelegrini, que fue director de Construcción de Acciona en España, Portugal y África, ha sido el primero en declarar este miércoles a partir de las 10:00 horas ante el juez Leopoldo Puente, que le investiga en esta pieza separada del denominado caso Koldo. Al término de su declaración, el alto tribunal ha celebrado una vistilla en la que el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha solicitado para él las medidas cautelares.

Estas medidas cautelares —a las que se ha adherido la acusación popular que coordina el PP y se ha opuesto la defensa— son las mismas que pesan ya sobre algún otro empresario investigado en esta causa.

A la espera de la decisión que adopte el juez, después de Pelegrini ha entrado en la sala el segundo investigado citado este miércoles: quien fuese su subordinado, Tomás Olarte, director de zona norte en Acciona Construcción y actualmente suspendido.

Los proyectos con Acciona, "principal fuente de ingresos" de Servinabar

Según la tesis de los investigadores, la "principal fuente de ingresos" de la empresa Servinabar, de la que Cerdán habría adquirido el 45% de las acciones en 2016 mediante un contrato al que él no da validez jurídica, fueron varias obras con Acciona, de las que se quedaba con el 2% de cada adjudicación.

La relación entre ambas empresas, "estaría articulada personalmente" por Cerdán y Alonso, y el exdirectivo de Acciona Vicente Justo Pelegrini, después de que estos dos últimos firmasen un "acuerdo de colaboración" entre ambas empresas en 2015.

Ese acuerdo fue el inicio de la relación entre Acciona y Servinabar, en el foco ahora de los investigadores ante las sospechas de que se habrían concertado para "la ilícita consecución de adjudicaciones de obra pública".

De ello preguntará el juez Puente este miércoles a Pelegrini y a Olarte en el marco de una causa en la que Santos Cerdán estuvo más de cinco meses en prisión preventiva y que discurre en paralelo a la investigación por presuntas comisiones en contratos de mascarillas por la que el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García entró el pasado jueves en la cárcel de Soto del Real de forma preventiva.

Reuniones con Santos Cerdán y Antxón Alonso en Madrid

La UCO ubica a Pelegrini en distintas reuniones con Santos Cerdán en Madrid, así como con Antxón Alonso, y apunta a que tomaban "medidas de seguridad como comunicarse mediante anotaciones manuscritas mostradas en la pantalla mediante videoconferencias".

En su informe, los agentes desvelaron que Ábalos y Cerdán mediaron en 2019 para que el Gobierno de Marruecos adjudicara a Acciona la obra del puerto de Kenitra, para lo que la empresa hizo una oferta por 60 millones de euros, y destacaba que incluso el segundo viajó al país, pese a no ser miembro del Gobierno, junto al entonces ministro.

Acciona, en cuyas oficinas de Madrid, Bilbao y Sevilla se practicaron registros, negó que realizara "pago alguno de cualquier naturaleza en favor de ninguna de las personas señaladas en la causa judicial" y defendió que en sus relaciones comerciales con la empresa Servinabar "todos los pagos se encuentran soportados por facturas debidamente revisadas".

Precisamente, este martes, en la víspera de las declaraciones, el juez solicitó a Acciona que le remita un disco duro con toda la información que la UCO seleccionó en el registro que hizo en su sede de Madrid el pasado 14 de noviembre, toda vez que los investigadores no pueden descargar la documentación.