Ábalos encara este miércoles su cuarta declaración en el Tribunal Supremo, clave para su libertad
- El juez puede mantener las medidas cautelares o acordar su ingreso en prisión preventiva
- El último informe de la UCO detectó gastos de más de 95.000 euros que provendrían de "ingresos no declarados"
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El exministro de Transportes José Luis Ábalos afronta este miércoles una complicada jornada en el Tribunal Supremo. Está citado a declarar por cuarta vez por su papel en la trama Koldo en un interrogatorio que podría ser determinante para su libertad, ya que se abren ante él dos posibles escenarios en el proceso que queda hasta su procesamiento: que el juez mantenga las medidas cautelares que ya tiene o que, por el contrario, le haga seguir los pasos de su antiguo compañero de partido, Santos Cerdán, e ingrese en la cárcel.
Aunque desde las defensas consideran que las circunstancias de la causa no han cambiado tanto como para decretar su prisión preventiva, lo cierto es que a medida que las diligencias han ido creciendo, también lo han hecho los indicios contra él y, con ellos, la posibilidad de que la Fiscalía pida su ingreso.
La decisión la tomará el magistrado tras el interrogatorio, pero todo apunta a que las cartas no juegan a su favor. Con los antecedentes de Cerdán, que sigue en el Soto del Real (Madrid) por el riesgo de destrucción de pruebas, el estado de la investigación y el aparente rechazo de Ábalos a alcanzar un pacto con la Fiscalía, no se descarta que la vistilla con Puente culmine con su detención. De perder la libertad, quedarían además suspendidos sus derechos parlamentarios y sus retribuciones como diputado del Grupo Mixto.
Su imputación como pieza clave de la trama: las declaraciones de Ábalos
Desde 2024, cuando estalló el caso Koldo, Ábalos ha pasado de no estar salpicado directamente en una supuesta compraventa irregular de mascarillas a su imputación por tener un "papel relevante" en una enrevesada trama de mordidas, adjudicaciones irregulares y contratos fraudulentos que se ha ido extendiendo hasta el punto de que el Supremo ha tenido que dividir la causa en dos piezas separadas. Estas constantes ampliaciones le han llevado a declarar hasta cuatro veces, contando con la de este miércoles.
A lo largo de sus declaraciones, se ha mostrado dispuesto a colaborar, aunque ha respondido solo a las preguntas de su defensa y del juez. La primera vez que compareció, de hecho, fue de manera voluntaria el 12 de diciembre de 2024, estando ya imputado por presuntos delitos de cohecho, malversación, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.
La cita entonces estuvo centrada en sus vínculos con Koldo García, al que dijo haber contratado como chófer por recomendación del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en 2016, y en otros detalles de su trayectoria al frente del Ministerio de Transportes. En ese contexto, reveló que fue el presidente Pedro Sánchez quien le comunicó personalmente su cese en julio de 2021, aunque sin especificar los motivos para ello.
Aunque la causa aún era incipiente, días antes salieron a la luz informaciones que dejarían al extitular de Transportes en una posición aún más delicada: el presunto conseguidor de los contratos de material sanitario, el empresario Víctor de Aldama, presentó un escrito en el que afirmaba que pactó con él un piso de 1,9 millones en el Paseo de la Castellana a cambio de contratos "preadjudicados" a constructoras. Un pequeño anticipo de la organización subrepticia que acabaría siendo desvelada meses después.
Por otro lado, Ábalos denunció por primera vez la filtración de diligencias relativas a su persona, aludiendo a un "juicio paralelo" mediático. En concreto, pidió que se investigara la publicación del vídeo de su declaración. A raíz de esto, se comenzó a compartir con las partes trascripciones de las declaraciones, en vez de grabaciones.
Aproximadamente dos meses más tarde, fue llamado de nuevo a declarar sobre las comisiones que le habría pagado Aldama a cambio de las adjudicaciones y acerca de un chalet valorado en varios millones de euros en Perú que estaría a su nombre. Ábalos, que negó todas las acusaciones y aseguró que su patrimonio estaba limpio de irregularidades, siguió en libertad, si bien el Tribunal Supremo acordó entonces retirarle el pasaporte y la obligación de comparecer cada 15 días en un juzgado.
La tercera y última declaración llegó en pleno terremoto político con la imputación de Cerdán y tras el registro del domicilio del exministro en Valencia. La causa ya se había convertido en un extenso entramado de mordidas a cambio de adjudicaciones de obras públicas que habrían comenzado en Navarra, pero que se habrían extendido a puntos de todo el país durante el periodo de Ábalos al frente de Transportes, entre 2018 y 2021.
Los dispositivos incautados de Koldo García sacaron a la luz conversaciones sobre presuntos contratos millonarios a dedo, aparentes contrataciones irregulares de las parejas de Ábalos en empresas públicas; y constantes viajes y alquileres vacacionales a modo de "contraprestación económica", que el exasesor y Víctor de Aldama se encargaban de gestionar.
En esta ocasión, Ábalos volvió a afirmar que era ajeno al proceso de las comisiones y manifestó que no entendía cómo podía ser que Koldo García o Santos Cerdán influyesen en las adjudicaciones cuando no tenían ningún tipo de competencia. Al mismo tiempo, dijo no reconocerse a sí mismo en los audios de Koldo, restándole veracidad a unas conversaciones que él "nunca tendría".
El último informe de la UCO y la nueva citación
El dato clave por el que tendrá que declarar ahora es el desvelado por la Unidad Central Operativa (UCO): ha detectado gastos de más de 95.000 euros que provendrían de "ingresos no declarados", una especie de reserva de dinero en efectivo que Koldo gestionaría para el exdirigente socialista, y de pagos del PSOE que no coinciden con la documentación remitida a Leopoldo Puente.
De nuevo, los agentes han indagado en los audios y mensajes de texto del exasesor ministerial y han hallado pruebas de una "contabilidad paralela", entregas de dinero en metálico, ingresos a personas del entorno cercano de Ábalos o el uso de un lenguaje propio que podría haber sido utilizado para ocultar pagos no declarados.
Es en este contexto en el que el instructor ha deslizado la posibilidad de revisar la situación personal del exministro y de quien fuera su asesor, ya que ve en el informe policial un "consistente indicio" de que Ábalos podría "haberse beneficiado de alguna fuente irregular de ingresos" y que su patrimonio podría estar conectado con el de Koldo García. Por tanto, lo determinante será las explicaciones que dé para justificar que esos ingresos de origen desconocido sean creíbles, según fuentes del caso.
Por lo pronto, el exministro cuestiona las conclusiones de la Guardia Civil, ya que cree que trabaja con una "intencionalidad tendenciosa" que, a su juicio, queda patente en sus informes y en la "filtración" de los mismos a la prensa. "Es precipitado catalogar de 'procedencia desconocida' la cantidad de 95.000 euros sin haberlo investigado previamente. ¿Acaso la UCO no han hecho debidamente las indagaciones y diligencias oportunas de comprobación antes de sacar sus conclusiones?", cuestionó la semana pasada, después de que el informe se hiciera público.
Según Ábalos, el objetivo de la UCO es "reforzar la presunción de culpabilidad". "Saben que al final la justicia, a la hora de elaborar sus autos de procesamiento, va a quedar en lo que ellos dicen", aseguró en sus redes sociales.
Cambios en la defensa 'in extremis'
Pero al margen de las pruebas que podrían situarle en el centro de la trama, en el camino de Ábalos surge otro escollo que podría perjudicarle en la decisión final sobre su libertad. Y es que a dos días de su cita en el Supremo, el exministro anunció que cortaba vínculos con su abogado por "diferencias irreconducibles" a raíz de las estrategias de defensas y pedía uno de oficio.
Su letrado, José Aníbal Álvarez, le había puesto sobre la mesa varias posibilidades para continuar el proceso, como renunciar a su acta de diputado del Congreso para dejar de ser aforado y enviar la causa a la Audiencia Nacional o plantear un pacto de conformidad con la Fiscalía. Sin aceptar ninguna de estas dos cartas, la puntilla de esta relación profesional habría llegado con las reuniones que el exdirigente del PSOE mantuvo a espaldas de Álvarez con otros abogados, entre ellos la representante legal de Koldo García.
Aunque lo habitual en este escenario hubiera sido que designara un nuevo abogado, ya sea elegido o de oficio, y pedir un aplazamiento de su declaración, la maniobra de Ábalos ha sufrido un revés por parte del propio juez Puente, quien ha rechazado su petición al considerar que su único propósito es "provocar de forma indebida la suspensión de vistas o comparecencias oportunamente señaladas". Por ello, le insta a acudir con el letrado que tenía hasta ahora, del que ha destacado además que "ha desarrollado su labor de forma objetivamente irreprochable".
Además, el magistrado ha aprovechado la resolución para dejar claro que, tras la comparecencia, revisará las medidas cautelares vigentes. Por su parte, se espera que las acusaciones populares también pidan el ingreso en prisión provisional del exdirigente socialista, como ya han hecho en anteriores vistillas sin éxito.
El Gobierno espera que Ábalos "cuente la verdad"
Mientras tanto, el Gobierno mantiene la calma ante la cita de este miércoles. Fuentes del Ejecutivo a RTVE han indicado que esperan que el exministro de Transportes "cuente la verdad" en su declaración y rechazan que exista 'lawfare' en esta causa. De este modo, insisten en su "máximo respeto a las actuaciones judiciales" asegurando que también los acusados tienen el derecho a ejercer su defensa, al mismo tiempo que se desvinculan de la causa.
"Nosotros hicimos lo que nos tocaba, está expulsado y en el Grupo Mixto. Ahora le toca a la Justicia tomar las decisiones que crea convenientes", agregan las fuentes consultadas, que defienden que actuaron con "rapidez" en su ámbito.
Por su parte, desde el PP dicen que no van a "elucubrar con decisiones judiciales", pero creen que el hecho de que el Supremo haya dicho que el cambio de abogado era "un fraude de ley demuestra que todo en este PSOE presente y pasado es turbio y tiene como vocación obstruir a la Justicia".
