Baleares solicita al Supremo suspender cautelarmente los traslados de menores migrantes no acompañados
- El Govern asegura que la situación del sistema de acogida es "extremadamente crítica" por la sobresaturación
- Avanza que en caso de ser rechazada su solicitud, presentará una nueva alegación
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El Govern ha presentado este lunes ante el Tribunal Supremo la primera solicitud de medida cautelarísima para suspender el decreto que fija la capacidad para la acogida de los menores de edad migrantes no acompañados y, por tanto, los traslados hacia el archipiélago.
Según ha señalado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en un comunicado, el decreto presenta una "nulidad manifiesta de pleno derecho", ya que fue aprobado "sin el dictamen preceptivo del Consejo de Estado, obligatorio en las normas reglamentarias que crean derechos y obligaciones ex novo".
Esto, para el Ejecutivo balear, constituye una "infracción clara" del marco legal vigente y "vulnera" el principio de legalidad establecido por la Constitución.
Asegura que el sistema está en situación "extremadamente crítica"
Además, han argumentado que la situación del sistema de acogida de menores no acompañados en el archipiélago es "extremadamente crítica". Según la Conselleria, Baleares cuenta con 76 plazas ordinarias y actualmente acoge a más de 700 menores, de modo que "representa una sobresaturación del 1.000 por ciento". Cabe recordar que el decreto asigna a Baleares una capacidad ordinaria de 406 menores no acompañados.
Por ello, avanza que esta es la primera solicitud de suspensión cautelar y que, en caso de ser rechazada por el Tribunal Supremo, presentará una nueva alegación.
Desde el Govern han insistido en que la no suspensión inmediata de los traslados provocaría "un perjuicio irreversible y haría ineficaz cualquier resolución futura del contencioso-administrativo", ya que los menores serían trasladados a un sistema "ya saturado, degradando la calidad de la atención y vulnerando el derecho al interés superior del menor", previsto tanto en la normativa balear como en convenios internacionales.
"Esta medida busca asegurar que los servicios sociales, educativos y sanitarios puedan continuar ofreciendo atención integral a los menores ya acogidos", agrega en el comunicado.
La presidenta de Baleares, Marga Prohens, ya anunció en septiembre que solicitaría la declaración de contingencia migratoria. "Estoy frontalmente en contra de que la política de migración del Gobierno se resuma en repartir menores", subrayó en una entrevista en IB3 Ràdio. A su juicio, Baleares vive una situación límite y el sistema estatal de reparto no ofrece soluciones realistas, por lo que cuestionó "que pasará cuando las demás comunidades tengan la misma situación de saturación".
El plan aprobado por el Gobierno fija que, en el plazo de un año, se derivarán unos 3.000 niños y adolescentes todavía tutelados en Canarias, Ceuta y Melilla. Además, todos los menores que lleguen a partir de septiembre deberán ser reubicados en un máximo de 15 días.
Para que el proceso arranque, el Gobierno debe declarar la llamada "contingencia migratoria extraordinaria" en aquellas autonomías que tripliquen su capacidad de acogida.
