¿Hoteles de lujo para menores migrantes? Así funciona el sistema de acogida en España
- Viven en centros de acogida de las CCAA, los hoteles sólo se utilizan en momentos puntuales de emergencia migratoria
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En España viven más de 16.000 menores migrantes no acompañados. Las administraciones públicas se encargan de su tutela hasta que cumplen los 18 años, al igual que ocurre con los menores de edad nacidos en España que necesitan protección. La emergencia migratoria y la gestión de estos centros forman parte en los últimos años del debate político: el reparto de menores migrantes entre comunidades provocó la ruptura de los gobiernos regionales entre PP y Vox y, más recientemente, el Gobierno ha modificado la Ley de Extranjería ante la situación que se vive en las Islas Canarias.
En redes sociales, se difunden continuamente narrativas desinformativas sobre la acogida de niños y adolescentes en España: detectamos mensajes que cuestionan el sistema de acogida y hablan de privilegios para los recién llegados a nuestro país. "Los españoles que lo han perdido todo por los incendios están durmiendo en gimnasios a 40º mientras que los MENAS y demás inmigrantes ilegales son realojados de inmediato en hoteles de 4 y 5 estrellas", asegura un mensaje de X del 12 de agosto, en plena oleada de incendios. El 26 de agosto, en esta red social otro perfil manifestaba que "8 MENAS llegados en patera a las Baleares son reubicados en un chalet de lujo con piscina en Ibiza".
El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) detectó en 2023 que más de la mitad de los discursos de odio en redes se dirigen a los menores migrantes. A raíz de esta tendencia, en VerificaRTVE recurrimos a los datos oficiales, al Ministerio de Infancia y Juventud y a varias asociaciones especializadas para aclarar cómo funciona el sistema de los niños migrantes no acompañados.
La tutela, en manos de los Gobiernos autonómicos
Según los últimos datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado, correspondientes a diciembre de 2024, en España viven 16.041 menores no acompañados (13.438 niños y 2.603 niñas). Un año antes, eran menos de 13.000. Su acogida está en manos de las Comunidades Autónomas porque la Constitución les atribuye las competencias de asistencia social. La gestión puede variar en función de cada comunidad, aunque la mayoría de menores migrantes "se encuentran en centros específicos para ello, que son los licitados por las CCAA y recaen en la entidad que gana la licitación", según nos indica a VerificaRTVE el Ministerio de Juventud e Infancia. Estas concesiones se pueden consultar en el portal de licitaciones del Estado.
El Tribunal Supremo ha obligado al Gobierno de España a encargarse de los casi mil menores solicitantes de asilo en Canarias e integrarlos en el sistema de protección internacional. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones asegura a VerificaRTVE que están "asumiendo la guarda en coordinación y colaboración con el Gobierno canario". Un Real Decreto aprobado en julio prevé la reubicación de 3.000 migrantes desde Canarias y desde Ceuta y Melilla en el resto del territorio nacional ante la situación de contingencia migratoria. En agosto, se aprobó la capacidad ordinaria de cada Comunidad para acoger menores extranjeros no acompañados: 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes.
Más de mil centros de menores y 236 solo para migrantes no acompañados
En España existen 1.375 centros de menores, teniendo en cuenta que el sistema de acogida es el mismo para quienes llegan a España sin acompañamiento familiar y para quienes necesitan de la tutela de las administraciones, aunque hayan nacido en España. Por ejemplo, ante la situación de que se les haya retirado la custodia a sus padres.
Según un estudio sobre los centros de acogimiento residencial, con datos de 2024, 236 centros se dedican exclusivamente a migrantes no acompañados (página 38 del documento), que disponen de 3.768 plazas. Son más que en 2021, aunque algunas Comunidades han recortado las plazas de los centros de extranjeros para integrarlos en centros no específicos, y otras como Galicia, La Rioja y Murcia no disponen de lugares de acogida dedicados solo para menores migrantes.
Desde el Centro de Primera Acogida hasta el fin de la tutela a los 18 años
Cuando un extranjero no acompañado llega a España, "el punto de entrada es un Centro de Primera Acogida (CPA)", como explica Paloma García de Viedma, la Coordinadora del Programa Jurídico de Fundación Raíces. "La estancia en un Centro de Primera Acogida no debería ser superior al mes", según esta experta, porque los CPA no cuentan con el equipamiento ni con los servicios necesarios, "aunque en algunos casos se demora". La ley no fija un tiempo máximo de estancia en un CPA, pero a cada menor no acompañado "se le somete a un procedimiento para determinar su edad", una fase que "puede tardar más de 9 o 10 meses".
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Transcripción completa
Cuando entra la niebla sobre la zona fronteriza
que separa las aguas de Marruecos y la ciudad de Ceuta,
aquí todo el mundo sabe que será un día agitado.
Hay movimiento constante en el espigón del Tarajal,
Pese a la falta de visibilidad, en esas condiciones peligrosos,
numerosos nadadores intentan llegar hasta el arenal ceutí.
Son marroquíes y argelinos.
Desde la costa, la niebla apenas permite observar
las embarcaciones de la Guardia Civil
que intentan interceptar a los nadadores.
A veces aparecen,
otras vuelven a ocultarse bajo la bruma.
Las patrullas navegan despacio recogiendo salvavidas solitarios;
esperando sobre todo que no aparezca ningún cadáver.
Es un flujo que no cesa en días con condiciones climatológicas
que reducen de alguna manera esa visibilidad
y les posibilita acceder sin ser detectados.
Pero eso no quita que estos accesos en muchas ocasiones
son muy arriesgados, son muy peligrosos
y en muchas ocasiones son trayectos de muchas horas en el agua
y que en ocasiones acaba con la vida de personas
que tratan de llegar hasta la ciudad
La frontera entre España y Marruecos en Ceuta y Melilla
se ha convertido en el epicentro
de una crisis migratoria y humanitaria.
Las llegadas se han multiplicado por seis respecto a 2023,
Ceuta acoge a cinco menores por cada mil habitantes,
una proporción que contrasta con la media nacional,
que no alcanza el 0,001%, en estos momentos,
aseguran las autoridades.
La ciudad ha agotado el presupuesto de todo el año
para la atención de menores ante el incremento de llegadas
en el último mes.
Sí, el número de menores sigue entrando.
Las capacidades son las que son.
No podemos ampliarla más de lo que ya se ha ampliado.
Por tanto, la única solución es la derivación,
el traslado hacia la Península.
Por tanto, de ahí es lo que solicitamos
al Gobierno de la Nación:
los mecanismos adecuados para que esa salida sea más ágil, más rápida
y en mayor número de la que estaba establecida.
Como ministerio, hacer todo lo que esté en nuestras manos,
no solo para conseguir más financiación
y que efectivamente podamos tener pues un reparto equitativo.
Sabemos de la dificultad de la creación de plazas,
sabemos la dificultad que tiene hoy en día
para los sistemas de protección abrir un centro de menores.
Sabemos lo que existe de alarmismo social
y de discurso de odio,
pero vamos a explicarle a la ciudadanía
que estamos trabajando por el futuro de este país
a la vez, o cuando también trabajamos
en el futuro de la infancia y de la juventud migrante.
"Estaba habiendo una entrada masiva en la playa ahí de nadadores.
Pero lo habéis visto, ¿no?
Nosotras estábamos en otro lado, salían por el otro lado
es por eso que nos han desalojado, que me parece bien,
que están haciendo su trabajo.
Pero se han puesto agresivos y eso no lo entiendo yo"
Las imágenes son del último domingo de agosto.
la playa del Tarajal estaba repleta:
familias enteras disfrutando del fin de semana.
Cuando la niebla se hizo aún más densa,
numerosos migrantes se mezclaron con los bañistas.
Algunos consiguieron llegar al arenal
y salieron corriendo aprovechando la confusión.
Las fuerzas de seguridad del Estado desalojaron la playa
y en medio del caos
un agente de la Policía Nacional ha recibido el impacto de una piedra.
Ese día mas de 1500 migrantes
intentaron llegar a nado a la costa ceutí
Para esta situación no, uno no está preparado.
Estamos, estamos viendo cómo aparecen en nuestras costas
cadáveres un día sí y otro también, ¿eh?
Viendo con esa niebla tan densa,
esas criaturas que se lanzan al mar a dos millas de la costa,
muchos de ellos no consiguen, desgraciadamente, su objetivo.
Y son los guardias civiles los que se enfrentan a esas situaciones.
Nosotros, como bien decía antes, llevamos reivindicando y denunciando
que en la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta
son necesarios unos 200 efectivos,
principalmente para que presten servicios
en la zona de costa y frontera y en el perímetro fronterizo.
Con cerca de 550 menores migrantes no acompañados acogidos
en los centros ,
una sobreocupación de más del 480 por ciento
y más de 300 ingresos en Agosto, Ceuta no puede más.
EL Gobierno local de la Ciudad Autónoma
ha lanzado un mensaje de socorro.
Pide al Gobierno nacional y a las comunidades autónomas
respuesta inmediata ante lo que califican
de situación insostenible y de emergencia humanitaria.
Nosotros lo que no queremos es que esto sea una cárcel de menores.
Lo que queremos es que por parte del Estado se habilite los medios
para que la salida de menores sea lo más rápido posible
y que Ceuta tenga un número de menores adecuado
con sus capacidades.
Piden sobre todo financiación.
Ante la falta de un plan B, según ellos,
para redistribuir menores de forma más ágil,
después de que el Partido Popular Junts y Vox tumbaran en julio
el intento de reforma de la Ley de extranjería
que pretende establecer un reparto obligatorio,
el gobierno de Ceuta estudia nuevas vías.
Hemos abierto también la posibilidad con Comunidad Autónoma,
la Junta de Andalucía y la Junta de Extremadura,
en contacto también
con el Ministerio de Juventud y de Infancia,
de la posibilidad de trasladar menores,
manteniendo la ciudad de Ceuta la tutela de esos menores
y dando la guarda a entidades del Tercer sector.
Nosotros propusimos en el mes de abril
y fue rechazado por las comunidades autónomas.
Eso es una evidencia.
Están las hemerotecas y lo que nos gustaría también
es que sea repensada esa posición
y que volvamos a recuperar el diálogo a través del mecanismo
que en este caso está habilitado de diálogo,
que es la Conferencia sectorial y volveremos a llevar la propuesta.
Volveremos a llevar financiación.
A pesar de que se han acondicionado varios recursos
como una nave en el polígono del Tarajal
y otros centros adicionales,
además del centro de realojo La Esperanza,
la masificación en estos recursos
no permite en ocasiones relaciones de cuidado.
Nos encontramos con centros de menores
cada dos por tres desbordados,
con chicos que no pueden acceder ni siquiera a educación
u oportunidades educativas en la ciudad;
chicos que no ven su interés superior cubierto de alguna manera.
Nadie quiere quedarse en la ciudad de Ceuta
y nadie pretende estar aquí por el resto de su vida.
¿A dónde quieres ir?
¿A Bilbao?
Y tú, ¿dónde quieres ir?
A Barcelona
¿Y qué queréis?
¿Trabajar?
¿Estudiar?
¿Qué queréis?
Quieres estudiar tecnología eléctrica.
¿Mecánico?
Y tú, ¿qué quieres hacer?
Cocinero.
¿Y cómo vinisteis a nado aquí?
¿A nado?
Mucho miedo.
¿Y frío?
¿Por qué te atreviste a salir nadando y venir aquí?
Venir a estudiar y a trabajar.
Trabajo bueno y papeles.
En los alrededores de los supermercados de la zona del puerto,
la playa o en cualquier calle,
es habitual encontrar a estos menores
antes de la hora límite para entrar en sus centros de acogida.
Nos acercamos a hablar con otros chavales.
Uno llegó hace 20 días.
El otro esta a punto de dejar el centro.
No, yo me faltan 20 dias para marchar España.
¿Qué te gustaría conseguir aquí en España?
Quiero papeles, quiero trabajar.
Trabajar.
Nada problemas.
Quiero papeles, quiero trabajar.
Quiero marchar a España.
En la semana que se recuerda
la llegada del primer cayuco a las islas Canarias hace 30 años,
duele más ver imágenes como las de las últimas embarcaciones
que han arribado a las Islas Canarias
desde Senegal o Mauritania,
la ruta migratoria más mortífera hacia Europa.
En lo que va de año lo han conseguido más de 22 000 personas,
el doble que en 2023 y las previsiones hablan
de que la cifra podría dispararse hasta los 50,000.
Muchos son menores no acompañados.
Actualmente el gobierno canario acoge casi 6000 menores
en sus centros.
Están absolutamente desbordados, Canarias tiene capacidad para 2000
Llevamos 30 años con este fenómeno lamentando fallecimientos,
situaciones absolutamente dramáticas
con adultos, con menores, con mujeres con niños con niñas
y 30 años después, ni España ni Europa dan una respuesta.
30 años después, Canarias esta igual de sola.
Y lo que es peor, 30 años después siguen miles de personas
intentando llegar a un futuro mejor
y desde luego arriesgando de ellos y de sus hijos
y con dramas y testimonios como de niños
que ven cómo son sus padres tirados por la borda
porque fallecen en la travesía.
Los 50 millones prometidos por Sanchez en su visita a las islas
no son suficientes para el ejecutivo canario
que presiona al Gobierno para que logre los apoyos necesarios
para la modificación legislativa
del artículo 35 de la ley de extranjería.
Algo que implicaría el reparto obligatorio de menores migrantes
entre comunidades:
una medida que también para el Gobierno de la nación
es la única solución posible.
Era absolutamente necesario arbitrar un mecanismo
para que no fueran solo Canarias, Ceuta y Melilla,
las comunidades donde estos flujos migratorios se producen,
las que acogieran en su sistema de protección
a estos menores,
que hubiera un reparto solidario, vinculante
y que era necesario abordarlo a través de una reforma
de la Ley de Extranjería.
Pero el partido de Núñez Feijóo
sigue resistiéndose a apoyar la reforma de la ley de extranjería.
Los populares ya la rechazaron en el Congreso junto a Junts y Vox
el pasado 23 de julio
porque, según ellos, el Gobierno ignoraba sus propuestas.
Unas propuestas definidas en una proposición no de ley
registrada recientemente en la que reclaman financiación,
más controles, una conferencia de presidentes
y que se declare la emergencia migratoria.
Si eso es lo único que quiere hacer el Gobierno de España,
el hecho de reparto sin ocuparse absolutamente de nada más,
sin asumir ninguna otra responsabilidad,
sin asumir que tiene que comprometer
financiación suficiente no solo para el primer año de acogida,
sino hasta que son emancipados,
nos da igual que el reparto sea obligatorio;
o sea, si no va acompañado con todo lo demás,
seguirá siendo un fracaso.
Y lo único que conseguiremos es abocar a estos menores,
de la misma forma que puede ocurrir con los adultos,
a la vulnerabilidad y a vivir en España en exclusión.
La financiación figuraba formaba parte del debate.
Y además había un compromiso por parte del Gobierno
expresado por el presidente del Gobierno
de habilitar una Conferencia de Presidentes
y un debate sobre financiación autonómica.
Siempre ha sido así.
Los incrementos en materia de financiación
a las comunidades autónomas para ejercer sus competencias
y dentro de ellas,
las competencias en materia de protección de menores
ya se están dando.
Desde que existe esta transferencia de competencias,
desde que las competencias forman parte de los Estatutos de Autonomía.
El Estado siempre ha estado financiando y ayudando
a que las comunidades puedan ejercer su trabajo.
Y en medio de todo este pulso político
de enfrentamiento entre oposición y gobierno,
la gira africana de Pedro Sánchez
por Mauritania, Gambia y Senegal, países de los que proceden
la mayoría de cayucos que llegan a Canarias
ha avivado aún mas el enfrentamiento a raíz de estas palabras.
La migración no es un problema
es una necesidad que implica ciertos problemas.
Unas palabras que han encendido a la oposición
que acusa a Sánchez de alentar el efecto llamada
y promocionar España como destino para la migración irregular
España se ha convertido en la puerta de entrada
a la inmigración irregular hacia Europa.
¿Por qué?
Porque otros países están haciendo otras cosas distintas
y están frenando precisamente esos flujos migratorios irregulares.
Y por eso pedíamos ese plan migratorio
que tenía que llevar aparejado también
que España pidiera ayuda a Europa.
Somos frontera europea y como tal
no puede Europa mirar hacia otro lado.
Al final esto lo quieren convertir en una batalla política.
Esto es un drama humanitario.
Esto ni es un problema político ni es un problema territorial.
Y mientras no seamos conscientes
de que la respuesta que tenemos que dar al continente africano
es una respuesta de país, es una repuesta de Europa;
seguiremos con este tipo de declaraciones que no ayuda,
ni las de uno ni las de otro.
Las entradas irregulares en nuestro país
han aumentado un 66 por ciento.
Las causas:
el recrudecimiento de la crisis de refugiados procedentes de Mali,
un país en guerra desde 2012,
y el desplazamiento de los flujos migratorios a Europa
surgido tras el acuerdo alcanzado por la UE con Túnez,
que blindó el paso a Italia por esta vía.
Lo paradójico es que pese a la crispación y el enfrentamiento,
el Partido Popular y el Gobierno
no discrepan tanto en las medidas que propugnan.
Una de las cuestiones claves
es que nosotros hemos planteado que hay que buscar
y hay que fortalecer los mecanismos de la inmigración regular,
que es la que en España necesitamos.
Miles de puestos de trabajo se quedan sin cubrir.
Pedro Sanchez en su gira africana ha insistido
en que deben desarrollarse rutas migratorias seguras,
ordenadas y reguladas
como las que aporta la fórmula de migración circular.
Algo que no es incompatible
con la necesidad de que los países de origen acepten la repatriación
de quienes llegan irregularmente a España.
Para combatir estas amenazas es imprescindible el retorno
de quienes han llegado a España irregularmente,
principalmente porque este retorno
traslada un mensaje desincentivador, nítido,
claro y contundente a las mafias y a quienes se ponen en sus manos.
El constante estado de emergencia en el que viven
las Islas Canarias, Ceuta y el resto de ciudades fronterizas
frente al fenómeno migratorio esta casi cronificado.
En esa aparente normalidad la vida y la muerte
pasa ante los ojos de sus ciudadanos.
Desde su puesto de trabajo en el primer bar del espigón del Tarajal
Meryem es testigo de excepción.
Es penoso ver tanto niño vulnerable.
Tristeza, sobre todo porque vienen buscando una vida mejor
y algunos ni llegan.
A los cuatro o cinco días amanecen cadáveres en el mar, ¿sabe?
Y es muy penoso.
Es muy penoso.
A mí me parte el alma.
Yo no puedo verlo.
Es muy triste.
En las dos orillas, en medio de la calma del vivir de cada dia,
vigilada de cerca por patrullas costeras y terrestres
siempre habrá quienes se atrevan a cruzar la frontera
sin importar el peligro.
Posteriormente, los menores pasan a ser tutelados "en centros más pequeños, de unas 15 plazas, o en pisos, que normalmente tienen entre 5 y 10 plazas", señala la coordinadora jurídica de Fundación Raíces. La responsabilidad continúa en manos autonómicas, pero la Ley de Extranjería permite "establecer convenios con organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades dedicadas a la protección de menores, con el fin de atribuirles la tutela ordinaria". El Ministerio de Juventud e Infancia tiene constancia de que existen centros en los que "la administración local, las entidades sociales e incluso las educativas, culturales o deportivas son parte del trabajo de inclusión e integración" de los menores. Pero también apuntan que "hay otros casos en los que la propia entidad es la que se encarga de todo sin contar con otro tipo de apoyos".
El Ministerio de Juventud e Infancia subraya que cada Comunidad "es competente de regular su propio sistema de protección, incluyendo menores nacionales y extranjeros y que "no debe haber diferencias puesto que se trata de un sistema universal". Desde 2015, la legislación permite al Gobierno a coordinar con las Comunidades unos criterios comunes, desde el número de trabajadores hasta la atención a los extutelados. Pero en la práctica "hay una enorme disparidad", según señala a VerificaRTVE la experta en infancia migrante y refugiada de Save The Children, Jennifer Zuppiroli.
Por ello, el Ministerio de Juventud e Infancia trabaja en un Real Decreto para estandarizar el sistema de acogida, que salió a consulta pública en noviembre de 2024. El objetivo, según fuentes ministeriales, es implantar unos "estándares de calidad necesarios en los centros residenciales para velar por el cuidado y bienestar de los menores de edad". La intención del Gobierno es que esta nueva norma se base en la Estrategia Estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad y "garantizar el interés superior de las personas menores de edad que residen" en los centros. El departamento que dirige la ministra Sira Rego asegura que la normativa se está estudiando con "otros ministerios involucrados" y esperan que salga a exposición pública "en las próximas semanas". Para el Ministerio "es imprescindible" que la nueva regulación garantice "el interés superior de las personas menores de edad y las condiciones de las personas que cuidan y trabajan con ellos".
Los hoteles solo se utilizan en momentos puntuales de emergencia migratoria
El portavoz de Accem, Pedro de Santiago, explica a VerificaRTVE que, en contra de lo que apuntan determinados mensajes de redes sociales, acoger a personas migrantes en hoteles "no es la dinámica habitual". Solo se produce "de forma puntual", con frecuencia en temporada baja de turistas o cuando el establecimiento está vacío, y siempre que el propietario manifieste su consentimiento. En todo caso, cree que no son los lugares más propicios para alojar a menores, sino que se prefiere un entorno más familiar que permita un "seguimiento individualizado".
En la misma línea, Jennifer Zuppiroli declara que esta circunstancia solo se ha dado en situaciones de necesidad por repuntes migratorio: "En momentos puntuales, en Canarias se han usado hoteles para alojar a menores migrantes, pero siempre cuando los propietarios hoteleros lo han ofrecido y, además, se les pagaba por el uso".
La portavoz de Save The Children sostiene que es muy habitual que los migrantes vivan "en centros de gran capacidad, centros muy grandes que, a menudo, están masificados". "Las imágenes que vemos son de enormes salas con tropecientas literas", explica Zuppiroli. "Hay lugares donde prácticamente no hay sitio, viven en barracones con cien plazas", coincide la experta de la Fundación Raíces.
Aunque el entorno cercano y familiar es preferible, a menudo las Comunidades no tienen otra opción que abrir estos ‘macrocentros’ ante una llegada masiva de migrantes. Es lo que ha sucedido en las Islas Canarias o, en su momento, en Andalucía, y estos centros "son más grandes y sirven para acoger a más niños, pero no cumplen con los mismos estándares de calidad", manifiesta la experta de Save The Children. Precisamente en el archipiélago canario, la justicia ha obligado a cerrar dos centros, pertenecientes a la asociación Quorum 77, mientras investiga la comisión de delitos de odio y lesiones. Extrabajadores de esta ONG denunciaron maltratos y agresiones a los menores migrantes.
La escolarización y las "pagas" a los menores migrantes
Otra narrativa recurrente se refiere al dinero que se les da a los menores para vivir, las "pagas" que menciona Zuppiroli. "Normalmente son cantidades muy pequeñas, aunque varía en función de lo que decide cada centro. Pueden ser unos 5 euros a la semana". En otras ocasiones, el lugar de acogida decide no darle el dinero en efectivo directamente "sino ahorrarlo para cuando cumplan 18 años y que tengan un sustento para cuando salgan del sistema de protección".
Paralelamente, los migrantes entran en el sistema de enseñanza y acuden a los centros escolares como cualquier otro menor de edad. "Cuando son menores de 16 años tienen derecho a la enseñanza", explica desde la Fundación Raíces Paloma García de Viedma. A los mayores de esa edad, si no siguen estudiando, se les ofrecen formaciones que les abran la puerta al mercado laboral, aunque muchos centros de primera acogida no disponen de las aulas necesarias. "Se les intenta dar refuerzo escolar, clases de castellano... Pero cuando se trabaja en centros grandes es más difícil", señala al respecto la experta de Save The Children.
Por ello, Accem funciona con "hogares" que no tienen "más de 20 plazas", donde prestan acompañamiento y buscan un "seguimiento individualizado" para que estos menores se adapten y tengan un futuro laboral. En su regreso al hogar reciben "ayuda" con sus estudios y deberes, explica Pedro de Santiago.
Esta entidad está presente en siete Comunidades, en las cuales tratan de replicar un mismo procedimiento, a pesar de los diferentes modelos autonómicos: "Intentamos que nuestras condiciones sean iguales en todas las Comunidades donde trabajamos, en cuanto al ratio de trabajadores, el tipo de personal, la gestión de los centros, etcétera", asegura De Santiago. Desde Save The Children aseguran que en algunas Comunidades "la escolarización comienza en cuanto el menor entra en el sistema de protección y en otros casos es más lento, tardan meses en pisar una escuela".
En este proceso, organizaciones como la Fundación Raíces prestan su colaboración en función de las necesidades de los migrantes: "Nosotros les ofrecemos asistencia jurídica. Otros vienen a pedir ayuda porque están en situación de calle y nuestra obligación es llamar a la Policía para que les integren en el sistema. Como entidad independiente, también nos coordinamos con la administración", explica su portavoz.
