Ordenan el cierre de un centro de menores migrantes no acompañados en Gran Canaria por delitos de odio y lesiones
- La Policía canaria ha registrado por orden judicial el centro Emena La Fortaleza I, en las afueras de Las Palmas
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El Juzgado piloto de violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria ha acordado el cierre y precinto judicial del centro para menores Emena la Fortaleza I, en esta isla, por la supuesta comisión en su interior de delitos de odio y lesiones, entre otros.
Así lo ha comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en una nota en la que explica que esta decisión se ha adoptado "ante las numerosas evidencias y testimonios recibidos sobre la presunta comisión en el interior de este centro de los delitos de lesiones, odio, omisión del deber de impedir delitos o promover su persecución, contra la integridad moral y amenazas".
Detenidos nueve empleados del centro
La Policía Canaria ha detenido a nueve empleados del centro como posibles responsables de lesiones, delito de odio, amenazas y contra la integridad moral, han informado a EFE fuentes de la investigación.
El cuerpo autonómico se encuentra en ese centro del municipio Santa Brígida, conocido como La Fortaleza I, desde primera hora en calidad de Policía Judicial, para registrarlo en busca de pruebas relacionadas con una investigación abierta por el Juzgado de la Violencia Sobre la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria, el único de España especializado en este tipo de delitos.
Tras cumplir las órdenes del juez de clausurar y precintar la instalación, los agentes han decidido arrestar a nueve empleados y responsables del centro, que se utilizaba como recurso para niños y adolescentes migrantes solos sujetos a medidas de reforma.
Registro policial del centro
La Policía canaria ha registrado durante la mañana de este lunes, por orden judicial, este centro de menores, gestionado por la entidad Quorum 77 en las afueras de Las Palmas de Gran Canaria, en la carretera de Bandama, en el marco de una investigación por supuestos delitos de lesiones, odio, contra la integridad moral y amenazas.
La entrada y registro ha sido ordenada por el Juzgado de Violencia sobre la Infancia y Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria, el único que existe en España especializado en esta materia. Las diligencias, que han sido declaradas secretas, también tratan de esclarecer posibles delitos de omisión del deber de impedir delitos o de promover su persecución.
El Juzgado ha librado oficio a la Consejería competente informándole del cierre, con el fin de que "procure las medidas precisas para asegurar el bienestar y protección de las personas que allí residían".
