Entra en vigor el último decreto para la reubicación de menores migrantes que define el protocolo de actuación
- El mecanismo aprobado por el Gobierno prevé cómo actuar si una comunidad se niega a acoger a los menores migrantes
- Ceuta, primera autonomía del PP que solicita la declaración de contingencia extraordinaria para reducir la presión migratoria
El Gobierno ha activado este jueves el mecanismo de traslado de menores migrantes no acompañados desde las zonas más tensionadas —Canarias, Ceuta y Melilla— hacia las demás comunidades autónomas, que están obligadas a asumir parte de la acogida. El objetivo es aliviar a los territorios fronterizos, donde la saturación de los centros de protección ha alcanzado niveles críticos.
El plan se apoya en un Real Decreto aprobado el lunes y fija que, en el plazo de un año, se derivarán unos 3.000 niños y adolescentes todavía tutelados en Canarias, Ceuta y Melilla. Además, todos los menores que lleguen a partir de septiembre deberán ser reubicados en un máximo de 15 días.
El primer paso: la declaración de contingencia
Para que el proceso arranque, el Gobierno debe declarar la llamada "contingencia migratoria extraordinaria" en aquellas autonomías que tripliquen su capacidad de acogida. Es el caso de Canarias, Ceuta y Melilla, que ya tramitan la solicitud. Baleares estudia también sumarse, no para derivar menores, sino para no hacerse cargo de los que sean reubicados en su territorio, aunque los datos oficiales no le dan la posibilidad de hacerlo.
La declaración de zonas de contingencia corresponde al Ministerio de Juventud e Infancia, que coordinará el procedimiento junto con Política Territorial, del que dependen las Delegaciones del Gobierno, en una reunión interministerial el próximo martes.
Una vez declarada la contingencia, las subdelegaciones de Gobierno en los territorios de origen inscribirán al niño o adolescente en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados y decidirán a qué comunidad se le asigna la tutela. Antes, se entrevistará al menor y se elaborará un informe en tres días sobre su situación personal.
Acogida en la comunidad de destino
La comunidad que reciba al joven tendrá derecho a presentar alegaciones, igual que la Fiscalía a petición del propio menor, si no está de acuerdo con el traslado. La resolución final llegará en un plazo de 10 días y podrá ser recurrida en los tribunales por la vía contencioso-administrativa.
El reparto se hará con criterios objetivos, como la población de cada comunidad —que valdrá el 50%—, la renta per cápita, el paro, el esfuerzo previo de acogida, el dimensionamiento estructural del sistema, la dispersión de la población y otros factores, como la insularidad o ser frontera.
Una vez tomada la decisión, será la comunidad de origen la que organice el viaje, acompañada de profesionales y emitirá una notificación en la que conste la fecha, hora y lugar de llegada, remitida con al menos 48 horas de antelación al territorio de destino, su Delegación de Gobierno, la Jefatura Superior de Policía que corresponda y el propio menor. El traslado se realizará en un máximo de cinco días desde este aviso. El Estado se hará cargo de los costes del proceso, a través de un fondo de 100 millones de euros. A su llegada, los recibirán los servicios autonómicos de protección de la infancia de destino para intercambiar información con los de origen. Si un Gobierno regional se negara, el protocolo prevé que las Fuerzas de Seguridad garanticen la entrega del menor.
Ceuta, primer Gobierno del PP en pedir la contingencia
Este jueves, Ceuta se ha convertido en el primer Gobierno autonómico del PP en solicitar formalmente la contingencia migratoria. Con solo 27 plazas reconocidas por el decreto, la ciudad autónoma tutela actualmente a más de 510 menores, lo que supone un exceso de más del 600%.
El Ejecutivo local habla de una situación "insostenible" y reclama que la solidaridad entre comunidades se traduzca en hechos. Ha subrayado que la solicitud elevada a la Conferencia Sectorial es la única manera de recibir apoyo real y efectivo. Confía en que la aplicación del nuevo sistema permita que Ceuta deje de asumir en solitario una carga que desborda sus recursos y compromete la atención adecuada de los niños.
Por su parte, el Gobierno de Melilla ha presentado formalmente también la solicitud para declarar la contingencia migratoria en la ciudad autónoma, con el objetivo de que todo menor migrante no acompañado que acceda a la ciudad autónoma de manera irregular tenga que ser trasladado a la península o Baleares en un plazo máximo de 15 días.
Así lo ha comunicado en rueda de prensa el vicepresidente primero del Ejecutivo melillense, Miguel Marín, que, además, ha asegurado que la cuantía económica que va a destinar el Gobierno de España a Melilla para atender a los menores migrantes no acompañados, 900.000 euros, “sigue siendo insuficiente”.
“Vamos a seguir pagando dinero del conjunto de los ciudadanos de Melilla para atender a estos menores migrantes no acompañados”, ha lamentado, y ha considerado “un despropósito” la política migratoria del Ejecutivo central, que "no se ha ocupado ni preocupado de este gran problema que lleva padeciendo el país en general y determinadas zonas en particular”.
