La jueza abre juicio oral contra la pareja de Ayuso, González Amador, por presunto fraude fiscal y organización criminal
- Además se le juzgará por un delito continuado contable junto a otros cuatro empresarios
- La magistrada rechazó este lunes el intento del novio de Ayuso de aplazar el juicio por presunto fraude fiscal
La jueza que investiga al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acordado abrirle juicio oral por delitos contra la Hacienda pública, falsedad en documento mercantil, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal.
En un auto fechado este lunes y al que ha tenido acceso RTVE, el Juzgado de Instrucción 19 de Madrid acuerda la apertura de juicio contra el empresario por defraudar presuntamente a Hacienda 350.951 euros y servirse de una trama de facturas falsas cuando ejerció junto a otros empresarios como comisionista en la compra de mascarillas durante la pandemia de coronavirus.
La jueza Carmen Rodríguez Medel, sustituta del Juzgado de Instrucción, no ha acordado medidas cautelares en este procedimiento, pero ha incluido dos delitos más de los que determinó la anterior titular del Juzgado, María Inmaculada Iglesias, que fue quien procesó a González Amador el pasado mes de agosto.
Estos nuevos cargos —delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal— fueron solicitados por las acusaciones populares, ejercidas por Más Madrid y el PSOE.
Además, la magistrada ha decidido sentar en el banquillo a otros cuatro empresarios acusados de los mismos delitos que González Amador, ya que le habrían acompañado en el entramado: Maximiliano Niederer González, David Herrera Lobato, Agustín Carrillo Saborido y José Miguel Carrilo Saborido.
La jueza, en su argumentación, recuerda que "el auto que acuerda la apertura del juicio oral sólo sirve para permitir que el procedimiento siga adelante", basándose en "los hechos recogidos en los tres escritos de acusación presentados", y "su finalidad es valorar la consistencia de la acusación con el fin de impedir imputaciones infundadas y con ello la llamada 'pena de banquillo'".
Según consta en el auto, la Fiscalía y la Abogacía del Estado han solicitado piden tres años y nueve meses de cárcel para González Amador, junto a multas de 624.402 euros y 488.927 euros, para González Amador como autor, mientras que han considerado al resto de investigados como cooperadores necesarios por delitos contra la Hacienda pública.
En cambio, las acusaciones populares han solicitado condenarles también por el delito continuado contable y por pertenencia a grupo criminal, lo que supondrían cinco años de prisión y una multa de 27.000 euros.
La denuncia de la Fiscalía y el informe de la Agencia Tributaria
Las diligencias de la causa principal se abrieron a raíz de una denuncia formulada por el Ministerio Fiscal, que recibió en 2022 un informe de la Agencia Tributaria sobre posibles irregularidades por parte de la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente.
La denuncia de la Fiscalía señalaba que la Agencia Tributaria detectó "unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades". "Gastos que no se corresponden con servicios realmente prestados y todo ello con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2020 y 2021", recoge la denuncia del fiscal.
Por ello, la investigación se centra en los indicios delictivos sobre hechos relativos al Impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios de los años 2020 y 2021, que ascenderían a una cuantía superior a 120.000 euros. También se le procesa por la presunta comisión de un delito de falsedad documental al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportados con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer.
Rechazado el intento de González Amador de aplazar el juicio
El pasado 24 de febrero, el novio de la presidenta regional se negó a declarar ante la magistrada. Se acogió a su derecho a no declarar por consejo de sus letrados hasta que se resolviera el recurso que estaba entonces pendiente sobre la apertura de otra pieza separada, que investiga los ingresos obtenidos de Quirón Prevención.
Sus letrados recurrieron ante la Audiencia Provincial de Madrid el procesamiento con el argumento de que la jueza de instrucción no ha permitido practicar ni una sola diligencia solicitada en tiempo y forma, lo que constituiría "la eliminación definitiva de sus derechos fundamentales".
Sin embargo, este mismo lunes la jueza ha rechazado suspender la causa. Así consta en otro auto al que también ha tenido acceso RTVE y en el que la magistrada se pronuncia sobre la petición al no apreciar "causa para ello", subrayando que los recursos interpuestos no son suspensivos "con carácter general" en este procedimiento.
No obstante, González Amador podría evitar el banquillo si la Audiencia Provincial estima finalmente su recurso.
