Colombia condena a 12 exmilitares a penas restaurativas por el asesinato de 135 personas en el conflicto armado
- Los asesinatos forman parte de los conocidos como "falsos positivos", que ascienden a más de 6.000 casos
- El tribunal también ha condenado a siete miembros de las FARC por sus políticas de secuestros para pedir rescate
La dirección de esta página ha sido copiada en su portapapeles
Colombia ha condenado este jueves a 12 excomandantes militares a penas restaurativas de entre cinco y ocho años por crímenes de lesa humanidad y de guerra como máximos responsables de 135 asesinatos cometidos en el norte del país entre 2002 y 2005, en el marco del conflicto armado en el país.
"Con esta sentencia impuesta a militares, reconocemos e insistimos en una verdad que durante años fue negada, ocultada y silenciada", ha declarado el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un tribunal especial creado en virtud del acuerdo de paz con las FARC de 2016, Alejandro Ramelli. El fiscal ha agradecido antes de leer el fallo a las víctimas que participaron en el caso: "Quienes serán sentenciados hoy han tenido que enfrentar la justicia, y las víctimas del país han enfrentado el error que cometieron". "En muchos casos, revelaron verdades que sus propias familias desconocían", ha señalado Ramelli.
Estas sentencias, que no conllevan penas de cárcel, sino trabajos restaurativos en beneficio de las víctimas, han sido las primeras impuestas a exmilitares por la JEP, que juzga tanto a líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como del Ejército colombiano por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
A principios de esta semana, el mismo tribunal condenó a siete exlíderes de las FARC a penas restaurativas de un máximo de ocho años de "restricción efectiva de sus derechos" como "máximos responsables de la política criminal de secuestro" para pedir rescate, incluido su máximo jefe, Rodrigo Londoño.
Más de 6.000 personas asesinadas en los llamados "falsos positivos"
La sentencia del JEP ha concluido que los exmilitares, que reconocieron haber participado en asesinatos y desapariciones forzadas en el norte del país, tuvieron "un papel esencial en un plan criminal que presentó asesinatos y desapariciones forzadas como falsas bajas en combate en esta región del país".
Estos crímenes, conocidos como "falsos positivos", consistían en reclutar mediante engaños a civiles, algunos con discapacidad intelectual, para luego asesinarlos y entregarlos como guerrilleros muertos en combate. Así, los soldados implicados presentaban resultados por los que obtenían condecoraciones, permisos, o ascensos. Entre el 2002 y el 2008, al menos 6.402 personas fueron asesinadas como "falsos positivos", según la JEP, aunque las organizaciones de víctimas afirman que la cifra es mayor.
Los hechos investigados ocurrieron entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005, periodo durante el cual los exmilitares (que integraban el Batallón de Artillería La Popa, con jurisdicción en el norte del departamento del Cesar y el sur de La Guajira) fueron responsables de 135 asesinatos en 77 hechos delictivos, los cuales causaron otras 192 víctimas indirectas.
Entre las víctimas se encontraban miembros de las comunidades indígenas Wiwa y Kankuamo, cuyo territorio ancestral se convirtió en un centro de actividades de narcotráfico tanto para paramilitares de derecha como para guerrillas de izquierda a partir de la década de 1990.
Esta investigación, llamada Subcaso Costa Caribe, forma parte del macrocaso 03 de la JEP sobre "asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado", uno de los 11 casos abiertos por este tribunal para investigar los crímenes del conflicto armado colombiano.
"Connivencia con grupos paramilitares" y "personas en situación de vulnerabilidad"
Según la JEP, sin la participación de estos doce exmilitares, "los crímenes no se habrían podido cometer ni mantener en el tiempo" en la costa atlántica del país. La investigación encontró dos patrones de conducta en estos casos: "Asesinatos ocurridos en el marco de una relación de connivencia entre los miembros de la fuerza pública y los grupos paramilitares que operaban en la zona" y "de personas en situación de vulnerabilidad".
Por esa razón, los comparecientes han sido sancionado con penas restaurativas por crímenes de lesa humanidad (desaparición forzada, asesinato, tortura y persecución) y de guerra (homicidio de persona protegida). Las sanciones implican restricción de la libertad pero no penas de cárcel. Tienen una duración de entre dos y ocho años, dependiendo del grado de responsabilidad, para quienes reconozcan oportunamente su participación en los crímenes.
Los comparecientes que no reconozcan su responsabilidad en los crímenes que se les imputan, aunque la JEP tenga pruebas en su contra, enfrentarán juicios adversariales en los que pueden ser condenados a penas de 15 a 20 años de cárcel.
Los implicados, miembros del Ejército ya retirados del servicio activo, son los mayores Guillermo Gutiérrez Riveros y Heber Hernán Gómez, y los subtenientes Carlos Andrés Lora, Eduart Álvarez Mejía y Elkin Burgos Suárez. Completan la lista los sargentos Efraín Andrade Perea, Manuel Padilla Espitia, José de Jesús Rueda; el cabo Elkin Rojas; y los soldados Yeris Andrés Gómez, Alex José Mercado y Juan Carlos Soto.
