Los últimos jefes de las FARC son sancionados ocho años por su política de secuestros
- Tendrán que realizar distintas labores como construcción de carreteras o búsqueda de desaparecidos
- Son las primeras sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz, creada en el acuerdo de paz de 2016
La dirección de esta página ha sido copiada en su portapapeles
Siete integrantes del último mando de las FARC, incluido su máximo jefe, Rodrigo Londoño, han sido sancionados este martes por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) — tribunal especial creado en virtud del acuerdo de paz de 2016— con penas de ocho años de "restricción efectiva de sus derechos" por su política de secuestros. Según los jueces, en ese periodo llevarán a cabo distintas labores que van desde la construcción de carreteras y la plantación de árboles hasta la ayuda en la retirada de minas terrestres y la búsqueda de personas desaparecidas.
El tribunal reconoce su papel como "máximos responsables de la política criminal de secuestro" llevada a cabo por esa guerrilla durante el conflicto armado colombiano. Las sanciones impuestas, que son las máximas previstas por la justicia restaurativa para quienes reconozcan su responsabilidad en los hechos investigados y aporten a la verdad, no conllevan penas de cárcel.
Son las primeras sanciones individuales impuestas por la JEP, que juzga a líderes tanto de la guerrilla como del ejército por crímenes de guerra y contra la humanidad. Los condenados son el antiguo líder máximo de las FARC, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, y otros miembros del secretariado: Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda.
"Esta decisión implica que los siete integrantes del último secretariado de las FARC (...) sean declarados penalmente responsables en calidad de autores por la comisión de crímenes de guerra consistentes en tomas de rehenes y homicidio, así como crímenes de lesa humanidad consistentes en privaciones de la libertad, asesinatos y desapariciones forzadas", señala la sentencia leída por el magistrado Camilo Suárez.
"Un acto de reconocimiento"
"Esta sentencia no borra el sufrimiento. Pero es un acto de reconocimiento, es la voz que reconoce ante la sociedad colombiana y el mundo que lo que ocurrió fue injustificable e inhumano", ha asegurado el magistrado Camilo Suárez, que ha leído un resumen de la sentencia de 663 páginas, flanqueado por otros cuatro jueces. Además, ha reconocido la labor de las más de 4.000 víctimas de secuestro que han participado en el caso.
Según ha explicado el tribunal, los acusados deberán participar en trabajos que incluyen la búsqueda de personas desaparecidas, una acción integral contra minas, la recuperación del medio ambiente y la reparación simbólica a las víctimas. "Durante más de cinco décadas, el pasado gobernó nuestro presente. Hoy rompemos ese ciclo", ha declarado a los periodistas el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, antes de que se leyera la decisión.
El tribunal ha documentado "tres patrones principales" en la manera de actuar de los dirigentes de la guerrilla. El primero, "privar de la libertad a civiles para obtener recursos económicos mediante el pago de rescates"; el segundo, "retener a miembros de la fuerza pública y a líderes políticos con el propósito de forzar canjes de prisioneros y buscar un reconocimiento político"; y el tercero "utilizar el secuestro como instrumento de control social y territorial en diferentes regiones del país".
"Estos patrones fueron ejecutados bajo la dirección del secretariado (mando) de las FARC con amplia autonomía, con mandos regionales, lo que generó un impacto masivo y prolongado en la población civil, es decir, un fenómeno de macrovictimización", ha afirmado Suárez.
Tratos crueles, degradantes e inhumanos
La JEP ha especificado que durante las investigaciones se comprobó que "las personas cautivas fueron sometidas a tratos crueles, degradantes, inhumanos, tales como encadenamientos permanentes, marchas forzadas, agresiones físicas, psicológicas, privaciones de salud, alimentación y condiciones indignas, así como casos de violencia sexual".
Estas primeras sentencias forman parte del macrocaso 001, con el que la JEP ha investigado durante siete años los secuestros cometidos por las FARC entre 1993 y 2016, un trabajo en el que ha registrado una cifra provisional de 21.396 víctimas, de las cuales 4.325 se han acreditado como tales ante el tribunal.
"Respetadas víctimas, esta sentencia no les devolverá todo lo que perdieron. No podrá cambiar un pasado doloroso ni recuperar el tiempo perdido ni sanar por completo sus profundas heridas. Ninguna sentencia en el mundo podría hacerlo. Pero sí busca aliviar su dolor y el de sus familias", ha asegurado Ramelli, que ha defendido que Colombia es "un país que eligió tratar sus heridas con la verdad y con promesas vitalicias de restauración".
