El Congreso rechaza, con los votos de PP, Vox y Junts, crear una oficina de prevención de la corrupción
- La iniciativa era una propuesta de Sumar, aunque no seguirá adelante al decaer su tramitación
- Es el segundo varapalo que sufre Sumar en el nuevo curso parlamentario
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El Pleno del Congreso ha rechazado este martes con los votos en contra de PP, Vox y Junts la toma en consideración de una proposición de ley de Sumar para crear una Oficina de Prevención de la Corrupción, lo que significa que la iniciativa decae al no seguir adelante su tramitación parlamentaria.
Se trata de un nuevo revés para el Ejecutivo tras el que sufrió la semana pasada cuando las tres formaciones conservadoras frenaron la tramitación de la ley para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas impulsada por el departamento que dirige la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.
PP y Vox critican a Sumar por tratar de "blanquear" su imagen
"Las derechas han votado en contra de la Oficina de Prevención de la Corrupción, lo cual es una muestra más de lo poco que les importa realmente afrontar la corrupción en España", ha declarado a los medios al finalizar la sesión la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero.
Enrique Santiago, portavoz adjunto de Sumar y defensor de la iniciativa, había solicitado este martes el apoyo de todos los grupos parlamentarios para iniciar la tramitación parlamentaria, comprometiéndose a dialogar con ellos para mejorar el texto. “Nos hemos alegrado mucho de que la primera medida recogida por el Gobierno sea esta propuesta que formulamos y registramos en el año 2024”, ha señalado a los medios.
Sin embargo, la propuesta finalmente no ha convencido a la mayoría del hemiciclo. PP y Vox han dicho durante el debate que están a favor de acabar con la corrupción pero no a través de esta proposición de ley que, en su opinión, es un intento de Sumar de "blanquear" su imagen dentro del Gobierno de coalición con el PSOE tras el caso Koldo.
El diputado de Junts Josep Pagès ha pronunciado un discurso muy crítico con Sumar tras los reproches que le dedicó la semana pasada la vicepresidenta segunda tras el fracaso de la reducción de la jornada laboral. Pagès ha tildado la iniciativa de "una ocurrencia de última hora partidista" y ha puesto en duda "la voluntad" de Sumar de acabar la corrupción.
Entre los diputados que han votado a favor, Mikel Legarda, del PNV, ha adelantado que no apoyaría su aprobación definitiva si antes no se concretan una serie de "términos formales" que garanticen una "profunda transformación" del texto para, entre otras cosas, garantizar la independencia de la nueva institución.
Por su parte, los parlamentarios Francesc-Marc Alvaro y Oskar Matute, de ERC y Bildu, han considerado que eranecesario introducir las herramientas necesarias para prevenir "una invasión" de las competencias autonómicas y ampliar su alcance a la Casa Real.
Así, el diputado socialista Pepe Mercadel ha indicado que su partido presentaría enmiendas para "mejorar y encajarla" con la Agencia de Integridad Pública que ultima el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque finalmente no tendrá la oportunidad de hacerlo.
Ente independiente de carácter sancionador
La proposición de ley registrada en marzo de 2024, fue relanzada el pasado mes de junio, tras ser imputado en el caso Koldo el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, cuando Sumar planteó esta medida como un requisito para que continúe la legislatura.
La propuesta iniciativa recogía entre sus principales medidas la creación de una oficina con amplias funciones en la prevención, detección, investigación, erradicación y sanción de la corrupción.
El nuevo ente tendría autonomía como autoridad independiente, con un director no afiliado a partidos políticos y un cuerpo de inspección seleccionado mediante oposición.
Sus funciones incluirían la investigación de irregularidades en el uso de fondos públicos y la imposición de sanciones severas que podrían ascender a 1 millón de euros a empresas en los casos más graves, así como la posibilidad de impedirles contratar con la administración pública durante tres años. Para las personas físicas, la sanción más alta prevista es de 400.000 euros.
Además, la oficina podría investigar el uso irregular de fondos públicos, requerir documentación a instituciones y bancos, e imponer sanciones como la prohibición de recibir subvenciones o beneficios fiscales durante un máximo de cuatro años.
