Haití declara el estado de emergencia en el centro del país en medio de una nueva explosión de violencia
- La inseguridad ha alcanzado tal magnitud que las pandillas controlan infraestructuras clave y zonas rurales
- Más de 239.000 haitianos se han visto forzados a abandonar sus hogares
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El Gobierno de transición de Haití ha declarado este sábado el estado de emergencia en los departamentos del Oeste, Artibonito y Centro, ante un preocupante repunte de la violencia criminal que ha dejado al menos 1.500 muertos y 600 heridos solo durante el segundo trimestre de 2025.
En el comunicado oficial, se ha destacado que, dadas las "consecuencias negativas de la violencia para la vida de los ciudadanos y para los diversos sectores de actividad del país" y la "magnitud de esta crisis, es imperativo decretar una importante movilización de recursos estatales y medios institucionales para abordarla". Por ello, se ha decretado esta situación excepcional con el objetivo de "continuar la lucha contra la inseguridad y responder a la crisis agrícola y alimentaria", otorgando "a las autoridades competentes el tiempo y los medios necesarios para restablecer la seguridad y la paz".
Esta escalada de violencia ha provocado también un desplazamiento masivo de personas, con más de 239.000 haitianos forzados a abandonar sus hogares, cruzando incluso el río Artibonito en busca de refugio en zonas menos afectadas. Aunque las operaciones de seguridad han logrado reducir la violencia en la capital, Puerto Príncipe, las pandillas han intensificado su actividad en la región centro, especialmente en Artibonito, el departamento más grande y conocido como el "granero" nacional.
Como parte de las medidas para hacer frente a esta crisis, el Ejecutivo ha designado a André Jonas Vladimir Paraison como nuevo director general interino de la Policía Nacional, en sustitución de Normil Rameau, a quien se cuestionó por la gestión ante el aumento de la violencia. Paraison, quien fue jefe de seguridad del Palacio Nacional durante el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, tendrá la misión de intentar frenar la actividad de las bandas armadas que controlan gran parte del territorio. Además, Haití ha solicitado apoyo internacional para reforzar sus fuerzas de seguridad.
Haití vive inmersa en una crisis política
La crisis política sigue siendo un factor clave. A principios de 2024, la oleada de violencia llevó al entonces primer ministro Ariel Henry a presentar su dimisión. Henry había asumido el cargo en 2021 tras el asesinato del presidente Moïse en su residencia oficial. Desde entonces, se ha establecido un Consejo Presidencial de Transición con la misión de pacificar el país y crear un Consejo Electoral Provisional para organizar las primeras elecciones en una década. Sin embargo, la presencia del contingente internacional liderado por Kenia “ha resultado, hasta la fecha, ineficaz para frenar la actividad de las pandillas”, según diversas fuentes oficiales.
La inseguridad ha alcanzado tal magnitud que las pandillas controlan infraestructuras clave y zonas rurales, dificultando la labor de las fuerzas de seguridad y afectando el acceso a servicios básicos. Esta situación ha provocado que organizaciones humanitarias como Médicos Sin Fronteras y la Cruz Roja suspendan actividades en varias regiones, mientras la crisis agrícola se agrava en Artibonito, donde la violencia ha reducido drásticamente la producción de alimentos, incrementando el riesgo de hambruna.
El Gobierno haitiano ha señalado que el estado de emergencia busca no solo restablecer la seguridad, sino también responder a la crisis alimentaria que afecta directamente a la población más vulnerable. En palabras oficiales, se trata de "una movilización urgente de recursos estatales y medios institucionales para enfrentar esta crisis multidimensional".
La comunidad internacional ha expresado su preocupación, pero sin un papel real
La comunidad internacional, a través de Naciones Unidas y países aliados, ha expresado su preocupación y su compromiso para apoyar la estabilización del país. Sin embargo, hasta ahora, su presencia no ha logrado frenar la expansión de las pandillas, que continúan amenazando la seguridad regional y complicando la reconstrucción nacional.
En junio, la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución para fortalecer la misión multinacional de seguridad en Haití, liderada por Kenia, con apoyo de la ONU y financiamiento de Estados Unidos.
El texto, ratificado por consenso en la 55ª Asamblea General en Antigua y Barbuda, instó a los países a colaborar para reforzar la Policía Nacional haitiana y atender la crisis humanitaria, además de crear condiciones para elecciones “libres y justas”.
Sin embargo, el éxito de estas iniciativas dependerá de la capacidad de coordinación entre los actores internacionales y las autoridades locales, así como de la voluntad política para implementar reformas profundas que permitan restablecer la seguridad, promover la estabilidad y garantizar elecciones libres y transparentes en el país.
